El Gobierno Vasco seguirá sin aplicar el copago hasta que el Constitucional se pronuncie

Los pensionistas vascos seguirán, de momento, saliendo de las farmacias sin abonar un euro, y los trabajadores activos tampoco tendrán que pagar más por sus fármacos. Los inmigrantes ‘sin papeles’ también pueden respirar tranquilos, porque el Gobierno Vasco no tiene ninguna intención de aplicar los recortes sanitarios aprobados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Así lo reiteró ayer el consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa: Euskadi no variará las prestaciones farmacéuticas ni la cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular que viene ofreciendo hasta que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva el pulso que el Ejecutivo vasco mantiene con el estatal.

Bengoa compareció para explicar las alegaciones que en las próximas jornadas -el plazo expira el día 28- el Gobierno Vasco presentará ante el Constitucional. El litigio arrancó después de que el gabinete de Patxi López aprobara, el 29 de junio, un decreto para neutralizar la aplicación del copago farmacéutico en Euskadi, en vigor desde el 1 de julio en el resto del Estado, y los recortes en la atención a los inmigrantes irregulares, en vigor desde el pasado día 1.

El decreto establece que en Euskadi los pensionistas no tendrán que pagar el 10% del coste de los medicamentos en función de sus ingresos como en el resto del Estado. Respecto al conjunto de la población activa, los vascos seguirán pagando el 40% del coste farmacéutico, como hasta ahora, mientras que en el conjunto del Estado ese porcentaje solo se aplicará a quienes ganen menos de 18.000 euros. En ese decreto también se regula la asistencia a los inmigrantes ‘sin papeles’, en contra de lo establecido por el Ministerio de Sanidad de anular la tarjeta sanitaria a este colectivo.

El Ejecutivo de Rajoy presentó un recurso al decreto vasco, que el 26 de julio fue admitido a trámite por el TC, lo que dejaba en suspenso de forma cautelar la normativa autonómica en tanto los jueces se pronuncien al respecto. Pero el Gobierno Vasco tiene derecho a alegar y ha apurado los plazos, habida cuenta además de que agosto es inhábil a efectos judiciales.

Pese al pulso judicial, en este período no se ha modificado la cobertura sanitaria ni las prestaciones farmacéuticas que se prestan a los ciudadanos vascos, y así seguirá, insistió Bengoa, por lo menos hasta que el TC emita una sentencia firme. El Constitucional tiene de plazo máximo hasta el 20 de enero para dirimir el litigio.

La estrategia jurídica que desplegará el Gobierno Vasco ante el TC defenderá que, en virtud del Estatuto de Gernika, Euskadi tiene las competencias para el «desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior». En sus alegaciones también señala que «nada impide que, con respeto a las condiciones básicas, puedan mejorarse, sin discriminación de nadie», las prestaciones a ciudadanos nacionales o extranjeros.

Además, señala que el decreto vasco, que también incluye la gratuidad de los medicamentos para los parados sin subsidio o los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, «en ningún caso pone en cuestión la sostenibilidad financiera» del sistema sanitario. En el caso de la población inmigrante, subraya que los datos avalan que utiliza los servicios sanitarios de forma «significativamente menor» a la de la población autóctona, y que la denegación del acceso a este colectivo al sistema sanitario «implicaría una mayor frecuentación de los servicios de urgencias, resultando finalmente más costoso, tanto en términos económicos como clínicos».

Bengoa no cree que el Gobierno central emprenda nuevas acciones porque en Euskadi no se cumpla la legislación estatal, ya que otras comunidades han optado también por establecer mecanismos para mantener la asistencia a los ‘sin papeles’.

«Incomprensible abstención». El Partido Socialista de Gipuzkoa preguntó ayer al diputado de Política Social las razones de la abstención del representante de la Diputación Foral en el Consejo Vasco de Sanidad sobre la propuesta del Gobierno Vasco para impedir la aplicación del copago sanitario.