España: Un farmacéutico indignado

Por FRANCISCO CASTELLVI GRANADOS, farmacéutico

Soy farmacéutico titular de una oficina de farmacia desde el año 2007. Desde entonces, he visto como año tras año, cada 1 de marzo, hemos sufrido una reducción en el precio de los medicamentaos de un 30%. Para que se hagan una idea, el omeprazol, desde la salida de los genéricos, ha pasado de 28,35 euros la caja a los 2,42 euros que vale hoy en día. Pero, no es solo el omeprazol, todos los medicamentos han sufrido estos recortes en la misma proporción. Háganse ustedes la idea, de tener un negocio que sus ingresos se reducen cada año por ley, mientras los alquileres, luz, impuestos y sueldos aumentan año tras año. Vista esta situación, el traspaso de una farmacia ha pasado de valer de 1 a 1,5 veces la facturación anual, a 0,6-0,8 veces la facturación anual. Y aun así, hay un montón en venta (sin hablar de las que han tenido que cerrar o están en concurso de acreedores), cosa, que nunca había ocurrido.

Luego. Se privatizaron los CAPs (Centros de Atención Primaria) y ahí sí que se ahorró. Éstos han dejado de recetar muchos medicamentos caros, no porque no los necesite el paciente, si no porque funcionan mediante la asignación de un presupuesto mensual, y lo que no gastan es beneficio para los propietarios.

Más valdría haberme jugado a la ruleta, el dinero invertido, por lo menos, habría pasado un rato excitante.

Y es ahora, cuando esos sabios del Partido Popular que nos gobiernan, pretenden acabar con la farmacia de una vez por todas. En aras a una falsa competitividad, presentan un anteproyecto de ley de Servicios Profesionales, donde pretenden quitarnos lo poco que nos queda. Si sale adelante, cualquiera podrá montar una farmacia, donde quiera, mientras tenga un director técnico farmacéutico. Es decir, el gran capital (cadenas de farmacias inglesas, por ejemplo, que se rumorea que aportan mucho dinerito al PP) podrá montar farmacias donde se les antoje, poniendo un director farmacéutico y cajeras. Los demás, vamos inevitablemente al cierre.

¿Qué consecuencias tendrá si se aprueba esto?

La primera, es esta, la aparición de cadenas de farmacia estilo inglés, donde habrá juguetes, pilas, comida y medicinas. Se acabó el consejo farmacéutico. Un solo farmacéutico no puede perder su tiempo en aconsejar a los pacientes que ahora acuden a nosotros buscando solución a síntomas leves, o bien para que los redirijamos a una consulta médica. Se saturaran los CAPS y toda la sanidad pública. Al no poder dedicar tiempo a los pacientes, estos tendrán que ir al médico por un simple constipado.

Aumentaran los problemas derivados del uso indebido de medicamentos. Todos aquellos medicamentos llamados publicitarios, estarán a la venta en modo self service, entonces, mucha gente comprara cosas incompatibles con la medicación habitual que toma, y de ahí, al hospital. Ya pasa en países con ese modelo, como el Reino Unido y Estados Unidos, donde tienen los niveles más altos de intoxicación por medicamentos.

Los costes, no bajaran para la sanidad pública. Las consultas que se hacían en la farmacia, pasaran a los centros de atención, y el aumento de las intoxicaciones hará elevar los costes de los hospitales públicos.

¿Ahorro? ¿Competitividad? Cuando estemos todas las farmacias existentes en manos de dos o tres cadenas, ¿qué competitividad habrá? Cuándo se colapse la sanidad pública, ¿qué ahorro tendremos? Porque hay que tocar en aras a la competitividad, un sector que funciona perfectamente, y que es la envidia de muchos países. No estamos tocando solo un sector, si no una concepción de atención sanitaria que funciona perfectamente, o es que en aras de la competitividad, ¿debemos empeorar el sistema sanitario?

En el anteproyecto de ley, se citan recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del la OCDE, pero en el apartado de Farmacia, no se menciona ninguna recomendación de nadie, como si se mencionan en el caso de los ingenieros, arquitectos y otros profesionales, a los que también quieren quitarles competencias. Vamos, que de aquí a unos años, cualquiera podrá hacer un puente.

Fíjense ustedes, que casualidad, hay dos profesiones, que a mi modo de ver sí son susceptibles de tener cambios que quedan blindadas por esta ley, conservando todas sus competencias: notarios y registradores de la propiedad. (Creo que Don Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad). ¿Por qué será?

España, va irremisiblemente hacia el Tercer Mundo, vendida por completo a las multinacionales. Esa, es la verdadera herencia del PP.