India da el ejemplo

Artículo escrito por Roberto López, coordinador de Acción Internacional de la Salud (AIS) y publicado en el diario La Primera. Los tratados comerciales multilaterales (ADPIC por ejemplo)  y  los bilaterales (TLC Perú-USA) incluyen una sección relacionada con las patentes farmacéuticas que en la práctica  crean “monopolios legales” y resultan en altos precios de los medicamentos protegidos.

La  India es miembro de la OMC y puso en vigencia en 2005 una  ley de patentes en la que ha   incluido  importantes salvaguardas para proteger  el acceso a medicamentos. Por ejemplo no otorga patentes a  medicamentos que no demuestran “altura inventiva”, es decir, que el proceso para hacer el medicamento es obvio para aquellos entrenados en la materia; dicho sea de paso, está restricción  está también en la legislación peruana ya que es un criterio universal para otorgar patentes. Otro criterio en la ley india es que no se otorgan patentes a  medicamentos que no ofrecen un beneficio terapéutico significativo con relación a los medicamentos existentes; un  mecanismo que evita patentar  aquellos productos conocidos como “me too” (“yo también hago lo mismo”).

La India no sólo tiene una ley estricta sino que la aplica.  Recientemente  ha revocado una patente de la compañía Roche para su producto Pegasys (peginterferon alfa-2ª)  usado para la  hepatitis C. El costo de tratamiento con el producto patentado – es decir en monopolio –  alcanza entre los US$ 10 mil y 15 mil.  Con la decisión de la India se allana el camino para producir una o varias versiones de genéricos de este medicamento y  que por cierto serán más baratos, de  los cuales también se podrán beneficiar los sistemas de salud de otros países a condición de que no estén limitados por una patente al producto mencionado. Es tiempo que en el caso de Perú se evalúe cómo y  con qué criterios, el INDECOPI  está otorgando  patentes.

Otro tema que revela este caso es que la innovación en la industria farmacéutica no es frecuente y la gran industria hace esfuerzos por maquillar moléculas ya conocidas y presentarlas como nuevas, con modificaciones triviales y que además no constituyen aportes terapéuticos significativos.

Esto llama la atención a que países como Perú, participantes de la negociación del  Acuerdo Trans-Pacífico (TPP por siglas en inglés), tomen una posición firme para evitar que se impongan nuevos mecanismos de protección de la propiedad intelectual, como la extensión de patentes o las patentes para nuevos usos, nuevas formas de moléculas, etc. que alejan los medicamentos de los bolsillos de la gente y de los sistemas de salud.

Artículo escrito por Roberto López, coordinador de AIS y publicado en el diario La Primera. Es oportuno insistir en los problemas que representan para los usuarios los precios de las medicinas y la atención que merece el mercado farmacéutico en general y algunos segmentos en particular. Es conocido que la población que accede a Seguros privados es un porcentaje reducido, comparado con la población que se atiende en Seguros y servicios públicos, pero cuyos intereses también deben ser cautelados por el Estado. El reportaje de PANORAMA (2.12.12) reiteró las denuncias que hacíamos desde AIS- REDGE en cuanto las farmacias de las clínicas privadas cargaban, para un mismo medicamento, un precio varias veces más alto que el de otras farmacias privadas. Para concretar el problema, encontramos por ejemplo que el Rocephin (marca original de la ceftriaxona iny. 1 gr.) cuesta en una clínica privada hasta s/. 170.00, mientras que en otras farmacias privadas se encuentra hasta por S/. 42.00. La misma marca; no comparamos genéricos con marca original. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Propietarios de clínicas privadas han argumentado que esto ocurre para que los asegurados puedan recibir los otros servicios a un precio bajo, lo que amerita un análisis y monitoreo de lo que están haciendo las aseguradoras y clínicas privadas, en defensa de los intereses de los asegurados.

Esto animó a los directivos de la SUNASA y DIGEMID a visitar clínicas privadas para inspeccionar los hechos denunciados como “sobrevaloración de precios”. A los tres días de esta acción, el jefe de SUNASSA fue destituido (15.12.12); no se sabe si ocurrirá lo mismo con los jefes de la DIGEMID.

Pareciera que existen fuerzas ocultas que siempre están presionando a los gobiernos –cualquiera que sea– para que no se examine con profundidad lo que ocurre en el mercado farmacéutico y particularmente con relación a lo que hemos denominado la “jungla de precios”. Se imponen precios altos sin otra justificación que la de optimizar las utilidades de las empresas farmacéuticas (productores, importadores y minoristas), afectando las posibilidades de acceso de la población que paga de su bolsillo, y no solo de aquellos que tiene un seguro privado, sino de poblaciones en situación de pobreza que no poseen la información o el asesoramiento profesional ético que le permita comprar lo más conveniente para sus economía. El Estado tiene la obligación de proteger a los usuarios, no desde un punto de vista asistencialista o paternalista, sino poniendo reglas claras que eviten los abusos del mercado.

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