Ante la catarata de críticas recibidas por parte de funcionarios y asociaciones de defensa de los consumidores, la justicia chilena aceptó revisar el acuerdo alcanzado con los ejecutivos acusados de colusionar el precio de más de 200 medicamentos, un escándalo descubierto en 2009 y que estafó a millones de pacientes de ese país. Los acusados, directivos de las tres principales cadenas de farmacias y de laboratorios locales, fueron condenados a multas y trabajos comunitarios, luego de un acuerdo judicial muy criticado. Esta semana, se conocerá el fallo de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Santiago que pretende anular ese acuerdo. Los afectados insisten con penas más duras para los responsables.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte acordó en julio de este año una condena a 10 ejecutivos de las grandes cadenas de farmacias, imputados de coludirse en los precios de los medicamentos. Fueron a lo menos 200 medicamentos entre el 2007 y el 2008, cuyos precios se fijaron en una operación orquestada por 10 ejecutivos de las más grandes cadenas del país: SalcoBrand, Ahumada y Cruz Verde. Luego de un breve proceso, se acordó el pago de poco más de 255 millones de pesos en donaciones a instituciones de caridad y que los ejecutivos se sometieran a cursos de ética empresarial.
El acuerdo fue cuestionado por muchos de los afectados y por funcionarios y dirigentes políticos. El ex diputado Jaime Mulet, quien recurrió contra este acuerdo, calificó de “grave el hecho” que estos imputados no vayan a juicio. Mulet aseguró que “el acuerdo de suspensión condicional del procedimiento es risible, la verdad es que es un acuerdo que los deja en definitiva como “blancas palomas”, ya que pagando algunos dineros, yendo a unas clases de ética quedan liberados, eso nos parece muy grave, por eso es que hemos sostenido estos recursos para revocar eso”.
El fiscal a cargo de la investigación, José Morales, explicó que el acuerdo se logró ante las bajas penas que contempla la legislación para este tipo de ilícito. El funcionario judicial señaló que actúan conforme a las reglas que ha establecido el legislador, quien establece penas bajas para ese tipo de ilícitos. Junto con esto, señaló que si alguien quiere cambiar eso,…
“pueden votar por quienes quieran hacer las modificaciones, o haberlo cambiado cuando fue legislador, como el caso del señor Mulet y no lo hizo”.
Juan Domingo Acosta, abogado defensor de los ejecutivos de Cruz Verde, se manifestó sorprendido ante el cambio de actitud, que según él, han expresado los querellantes, ya que “el señor Multe y sus abogados concurrieron a varias audiencias donde a otros 8 imputados también se les aplicó la suspensión condicional del procedimiento y no dijo nada” afirmó el jurista.
Los 10 ex altos ejecutivos de las farmacias Salco-Brand, Cruz Verde y Ahumada fueron condenados a asistir a 30 horas lectivas de clases de ética empresarial en una universidad, donar 45 millones en pesos o medicamentos en el caso de los gerentes generales, 15 millones en el caso de los gerentes de área y 5 millones en el caso de otras jefaturas, a beneficio de una ONG ligada al tema de la salud; y finalmente que colaboren a que en sus ex empresas se realicen programas de libre competencia.
El abogado Hernán Bosselin, que representa a una de las partes afectadas que apela contra este fallo, recordó que en Estados Unidos “estos delitos se pagan con cárcel y dijo que este caso ha demostrado que en Chile existe un tipo de justicia para ilícitos comunes y otro tipo de justicia para los de cuello blanco”.
“En Chile existen dos tipos de justicia, todos los días vemos en audiencias control de detención por hurto por una presa de pollo, quedan detenidos, privados de libertad por 24 horas, son llevados a la audiencia y son dejados en libertad. Y vemos que en estos casos gravísimos, las personas alteraron precios de medicamentos, sin experimentar estas situaciones que sufren el resto de las personas. Entonces vemos dos tipos de justicia, uno para ricos y otro para pobres”, dijo.
Cabe recordar que en mayo de 2008 comenzó una investigación por una colusión de precios entre las mayores cadenas farmacéuticas chilenas, tras una denuncia del Servicio Nacional de Salud. Más adelante, el 31 de marzo de 2011, se abre la arista penal del caso cuando la Fiscalía Centro Norte formula cargos contra 17 ejecutivos de las cadenas por esta alteración de los precios. Finalmente, sólo 10 serán llevados a juicio.