Honduras:Mandan al presidio a empleados de Salud
juzgado A Marixa Ramírez, exjefa del Almacén Central de Medicamentos, le imputan 21 delitos
Tegucigalpa. El Juzgado de Letras Penal, de la capital resolvió enviar a prisión a la exjefa del Almacen Central de Medicamentos de la Secretaría de Salud, Marixa Isabel Ramírez Vásquez, acusada por un supuesto acto de corrupción.
Asimismo, se envió a las celdas a Marco Danery Figueroa Vallejo, empleado de una droguería. Ambos fueron puestos ayer a la orden de los tribunales, luego que fueran capturados por la policía, en la tarde del pasado martes.
La Fiscalía contra la Corrupción acusa a Ramírez Vásquez por suponerla responsable de 21 delitos: siete de abuso de autoridad, siete por violación de los deberes de los funcionarios y siete por malversación de caudales públicos, en perjuicio de la administración pública. La suma de la pena por estos delitos asciende a 84 años de reclusión, la mínima; y 168, la máxima.
Por su parte, la Fiscalía acusa a Figueroa Vallejo por presuntamente incurrir en el delito de encubrimiento agravado, sancionado de 4 a 15 años de reclusión.
Ambos comparecieron esposados de pies y manos, a la audiencia de declaración de imputado, celebrada en el despacho del juez No 13. Se les dictó la medida de detención judicial, informó Bárbara Castillo, portavoz del Juzgado Penal.
Audiciencia inicial
La medida cautelar se decretó por el tiempo de ley, mientras se celebra la audiencia inicial.
Ramírez Vásquez fue remitida a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, ubicada en Támara. Entretanto, Figueroa Vallejo fue trasladado a la Penitenciaría Nacional, ubicado en el mismo sector.
La audiencia inicial se celebrará el próximo lunes, a partir de la una del mediodía. En dicha audiencia se definirá si se les sigue el proceso judicial o son dejados en libertad.
Por este hecho también son acusados los empleados del Almacén, Sindy Karina Santamaría, Hernán Gerardo Rodríguez y Héctor Manuel Flores Canales. Asimismo, Leonor Bonilla Landa, empleada de una droguería.
La Fiscalía los acusa por supuestamente falsear documentación para justificar despacho de medicamentos a cuatro hospitales públicos, cuando en realidad fueron a dar a casas particulares.
