España: La lucha ciudadana contra la farmacéutica Grünenthal que fabricó la talidomida que provocó malformaciones en miles de bebés
El 1 de octubre de hace 56 años salía a la venta “el medicamento maravilla”. Valía para el insomnio, los dolores de cabeza, la tos y el resfriado. Sin ninguna contraindicación se recetó a embarazadas. La Talidomida, de la farmacéutica alemana Grünenthal, se convirtió en el remedio antináuseas, pero sólo una única pastilla dejaba una huella imborrable en el feto.
Los pequeños supervivientes de la Talidomida quedaron afectados para siempre por una mutación congénita, la focomelia. Afecta al desarrollo de piernas, brazos y puede provocar sordera, ceguera y malformaciones internas. Pero nadie lo puso sobre el papel.
Supuestamente la empresa que sacó esta fórmula a la venta lo había probado en animales. El tiempo demostró que de forma incorrecta y falseando pruebas. Tanto es así que, después de la catástrofe, muchos países empezaron a promulgar leyes de control de medicamentos, además de ensayos clínicos en personas.
En 1957 sólo Estados Unidos vetó la Talidomida. En otros 46 países se comercializó bajo 80 marcas distintas. En España se comercializaron 7 medicamentos con este principio activo, entre 1957 y 1963, dos años después de que se prohibiera en todo el mundo. Aunque la farmacéutica sigue negando que el medicamento se vendiera más allá de 1961.
Después de declararse insolvente, la farmacéutica sólo pagó 100 millones de marcos a los afectados. El resto corrió a cargo de los estados, como en Japón, Canadá o Suecia. España, con una dictadura empeñada en negar el rastro de la Talidomida, es uno de los países con más afectados vivos sin indemnizar.
La Asociación de Víctimas de la talidomida en España (Avite), ha defendido que durante el juicio celebrado el pasado lunes contra la farmacéutica alemana Grünenthal por la venta de la talidomida, ha quedado demostrado el “gravísimo daño” que hizo la venta del fármaco causando malformaciones en los fetos de las mujeres que lo tomaron, así como que éste siguió vendiéndose en España a pesar de que la empresa conocía sus efectos. Reclaman una indemnización de 204 millones de euros para todos.
