Volviendo a los precios de los medicamentos, desde el inicio y desde las propuestas de los Estados Unidos, quedaba claro que las industrias farmacéutica y agroquímica jugaban un papel estratégico para los ingresos y las exportaciones Norteamericanas. Era desde esa perspectiva que la mesa de propiedad intelectual negociaba las patentes, las marcas, la protección de datos con exclusividad.

La lógica con la cual, los negociadores de los Estados Unidos exigían fortalecimiento de las patentes, era que sus consumidores eran los que más contribuían a financiar el costo de la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos. Dado que los ciudadanos de los países en desarrollo también se beneficiaban de los avances de la ciencia, era apenas justo que también contribuyeran a su financiamiento. El gasto per cápita en medicamentos en USA era de cerca de 600 dólares por año. El de Colombia 70. Y cuales eran las diferencias entre el mercado Colombiano y el Norteamericano? Que Colombia tenía muy pocas patentes y que controlaba los precios.

En contraste, en ese paraíso farmacéutico que son Los Estados Unidos, se puede obtener una patente para cualquier cosa, y no hay controles a los precios. Si alguien tiene la suerte de encontrar (descubrir?) un medicamento eficaz para el cáncer por ejemplo, mediante una patente puede obtener exclusividad y en un ambiente de libertad de precios puede poner el precio que le parezca.

Que antes del TLC teníamos patentes es un hecho cierto. Pero es también cierto que el número de patentes otorgadas por año empieza a crecer en gran medida después de 2004, cuando se inician las negociaciones. Y que en 2006 se otorga por primera vez una patente para una combinación de dos medicamentos, algo que hasta entonces difícilmente podía aceptarse como una invención y más bien caía en la categoría de esquemas de tratamiento.

Las Organizaciones de la sociedad civil que trataron de participar en el proceso de negociación para actuar en defensa de los ciudadanos y su derecho al acceso a los medicamentos, realizaron una serie de estudios que pronosticaron grandes incrementos en el gasto en medicamentos recomendando una postura cautelosa al gobierno. El primero fue el realizado por IFARMA para la Organización Panamericana de la Salud –OPS- a solicitud de la Cámara de Representantes.

Posteriormente se realizaron varios estudios adicionales con diferentes aproximaciones y con refinamientos metodológicos que, siempre, dieron como resultado un incremento en el gasto.

El Ministerio de Comercio, fanático de la confianza inversionista, repostó con sus propios estudios. El primero fue uno realizado por Fedesarrollo y la Fundación santa Fé financiado por la Corporación Andina de Fomento CAF, que llegó a dos conclusiones. La primera que la propiedad intelectual y en particular las patentes, no habían tenido impacto alguno en el incremento en el gasto y que, en consecuencia, no tenía por qué tenerlo en el futuro. Un argumento muy discutible contribuyó a tan peregrina tesis. Una patente no confiere la potestad de fijar cualquier precio, y dado que la mayor parte de los medicamentos se pueden sustituir dentro de la misma clase terapéutica, la competencia tendría la capacidad de ejercer un efecto regulador. De acuerdo con esta postura, si un consumidor (paciente) encuentra que el precio de la estatina que le han prescrito es muy alto, cambiará a otra estatina de similar perfil terapéutico y menor precio. Si el antiretroviral recomendado por el médico es costoso, el paciente cambiará a uno más razonable.

Se argumenta que, en el caso de los medicamentos, quien elige no es el paciente sino el médico, por lo cual, sería el médico el que tomaría la decisión de cambiar su elección inicial por una menos costosa. Sucede que, a diferencia de lo que sucede en otros bienes, el médico que es quien elige, no paga y hasta donde se ha podido observar, no tiene mucha información sobre precios y ciertamente no es sensible a ellos.

La segunda, consecuencia de la primera, es que intervenir en los precios de los medicamentos patentados sería un exceso técnicamente inadecuado y políticamente poco inteligente. Concluye el informe recomendando al gobierno algo que el gobierno no había preguntado; liberar los precios.

El segundo estudio fue ya un paso en la liberación de los precios. Con los mismos argumentos de Fedesarrollo-Fundación Sante Fé, Econometría recomendó al gobierno una nueva política de libertad de precios que se tradujo en la nunca suficientemente lamentada circular 04 de 2006. Y no hay que olvidar que el estudio de econometría fue financiado por la propia industria y acogido por el Gobierno.

Estos fueron los pasos de la “agenda Interna”. Pero el origen de la presión vino de afuera, y no solamente no encontró resistencia en los negociadores (de comercio) sino que los nuestros asumieron como propios los argumentos de sus contrapartes. Mucho se ha dicho que en ninguna parte del TLC firmado, se habla de libertad de precios. Es verdad. No está en el texto. Si apareció en otros mecanismos de presión como la célebre sección 301, y en muchos espacios informales.

Y ciertamente fue el origen de los estudios que abrieron camino a las concesiones en propiedad intelectual y a la liberación de los precios de la circular 04 de 2006.

Dudo que quede alguien que cuestione que los precios subieron estratosféricamente, que subió el gasto y que la causa principal de la fallida emergencia social de 2009 fueron los medicamentos. Y que es una de las causas de la crisis que hoy enfrenta el sistema de salud.

Cuando la comisión de precios decide verificar si los precios de los medicamentos de mayor impacto en el gasto son similares a los de los mismos productos en países vecinos y en países mucho más ricos que el nuestro, descubre varias cosas. La primera, que eso de que los medicamentos podían regularse solos mediante la competencia y que la mayoría de países manejaban esquemas de libertad de precios era un mito. La mayoría de países desarrollados intervienen en el mercado farmacéutico de diferentes maneras, excepto quizás Estados Unidos y Suiza, donde los precios son los más elevados.

La segunda, que aquello de que las empresas multinacionales cobraban en cada país lo que la economía podía sostener, es decir, que aplicaban precios diferenciales según el ingreso, era otro mito. Descubrió la comisión que Colombia paga en la mayoría de productos (con pocas excepciones) mucho más que los demás países. Países con ingresos per cápita muy superiores al nuestro.

Los paperos, los lecheros, los cafeteros, le están pidiendo al gobierno que revise el libre comercio como plataforma económica y que renegocie los TLC. La decisión de la Comisión de precios va sin duda en ese sentido y constituye un fuerte reverso en la política de libre comercio, que con tanta dificultad está teniendo que asumir el Gobierno en muchos frentes.