Argentina: El Estado podrá fabricar a mejores precios ocho de cada diez medicamentos esenciales

Esta semana fue publicada la reglamentación, mediante Decreto del Ejecutivo, de la Ley de Producción Pública de Medicamentos vigente desde el año 2011. Bajo esta normativa se promueven la elaboración de medicamentos y de investigación y el desarrollo de los 39 establecimientos públicos que existen en el país. El artículo primero de la reglamentación, que los especialistas señalan fue el más resistido por el sector farmacéutico, es el que en definitiva define al medicamento como un bien social y de interés nacional, lo que en concreto podría determinar aspectos regulatorios específicos por parte del Estado. De hecho, la normativa establece una prioridad de hasta 5% sobre el precio del mejor oferente privado para los medicamentos producidos por plantas del Estado. Esto podría actuar como una presión a la baja de los precios, en un contexto en que un mes atrás el gobierno obligara, luego de un aumento por parte de los laboratorios privados, a retrotraer los precios a principios de mayo y congelarlos por 60 días. La ley y su reglamentación no contemplan en concreto acciones en este sentido, sino que los especialistas consideran que se trataría antes bien de una declaración de interés, lo que por su parte fue bien recibido por algunos actores que desde hace años vienen promoviendo desde las universidades, entidades públicas y de la salud, la necesidad del avance del rol estatal en tan delicado sector productivo. De aquí que en relación a la producción pública de medicamentos, se contempla que la norma venga a su vez acompañada de la sanción del proyecto de ley de la creación de una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que los nuclee bajo una política sanitaria nacional, y que así tengan la potestad de obtener asignación presupuestaria propia que pueda ser destinada a la investigación y al desarrollo de medicamentos en respuesta a objetivos públicos específicos. POTENCIALIDAD DE LA PRODUCCIÓN PÚBLICA. A diferencia de otros países, el sistema de salud argentino se encuentra muy fragmentado a nivel provincial, donde cada jurisdicción toma decisiones propias sobre cómo asignar los recursos en salud y sobre el origen del financiamiento. Los laboratorios públicos existentes son reflejo de tal fragmentación. Sólo el de las Fuerzas Armadas depende de Nación, mientras que el resto son provinciales, municipales o dependientes de universidades. Se trata por tanto de un grupo no articulado de instituciones con calidades y escalas de producción muy diferentes donde, por ejemplo, el de hemoderivados de Córdoba presenta una alta tecnología e inclusive exporta, mientas que, según los especialistas, la gran mayoría son más bien de baja escala, con productos de tecnología estándar y de baja complejidad. Así y todo, la especialización en determinado productos define la orientación de cada una de estas entidades, y es lo que se espera fomentar a través de una profundización en su coordinación a nivel nacional. A modo de ejemplo, Laboratorios Puntanos marcha hacia la especialización de medicamentos hormonales, Laboratorio de Córdoba en hematológicos y oncológicos, el LIF de Santa Fe se orienta a la especialización de fármacos contra la tuberculosis, Laboratorio del Chaco hacia reactivos y nutrición parenteral, el LEM de Rosario en sueroparenterales, y el Laboratorio de La Plata hacia nuevas vacunas y sueros de distinta categoría. La cuestión es que normalmente su necesidad de ser es más bien acorde a los requerimientos que tiene, por ejemplo una determinada provincia, de obtener en breve una cantidad de medicamentos, evitando así salir a comprar con licitación pública, lo que implica mayores plazos y costos. Así es que por lo general tampoco se ven urgidos de la certificación nacional por parte del ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) que es la que permite el tránsito federal de los medicamentos producidos en una provincia. De esta forma, sólo cinco de estos laboratorios cuentan con tal certificación, siendo su universalización justamente uno de los objetivos de la nueva normativa y de la creación de la Agencia. Asimismo, se estima que los laboratorios públicos tienen capacidad para elaborar el 80% del listado de los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Y es relevante también su ubicación geográfica, porque en tanto que el 93% de los laboratorios farmacéuticos privados se aglutinan en la CABA y Área Metropolitana, los estatales prácticamente están todos en las provincias, generando centros de desarrollo local que generan empleo y articulación con el ámbito científico de las facultades y centros de investigación del interior del país. Según recientes declaraciones a la prensa de la diputada nacional Carolina Gaillard, que impulsa la creación de la Agencia, “los laboratorios de producción pública pasaron de una producción de 90 millones de unidades en 2003 a 620 millones en 2010, con un crecimiento del 680 por ciento. La capacidad potencial plena ha sido calculada en 680 millones de unidades anuales, es decir, que se aproximan a su techo productivo”. PRECIOS E HISTORIA. Comparada con el resto de Latinoamérica, la Argentina posee una alta incidencia de producción nacional respecto del total del sector farmacéutico, representando así la mitad del mercado. De todas maneras, muchos advierten que luego del proceso de los ’90 hubo cambios de firmas que en realidad cuestionan, para el caso de algunas entidades, que se trate en su totalidad de capitales argentinos. Pero la cuestión esencial es que a nivel mundial el 90% de la droga base utilizada, llamada Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA), lo produce la India, y está avanzando también en este sentido China. A su vez estos componentes son importados por los laboratorios privados, que le ponen el sello, le suman una ganancia y son así adquiridos por el segmento del sector público que produce medicamentos. Por eso Brasil presentó la hipótesis de que un posible conflicto armado entre Pakistán e India pudiera determinar la carencia mundial de droga base. Así, a través de las fuerzas armadas, los brasileros desarrollaron una producción de droga donde los excedentes se dirigen hacia el sector público. A ello se suma que la India también está avanzando en la conformación de plantas de producto terminado, que los especialistas advierten que en breve deberán ser habilitadas por nuestra autoridad regulatoria porque ya están cumpliendo con todas las Normas GMP (Good Manufacturing Practice). De esta manera, a los mismos laboratorios privados nacionales les será difícil competir, porque la escala de producción del país asiático es mucho mayor, y lo que a un productor local le implica un 7% del precio final, a la producción india le signifique posiblemente entre un 1% o 2 por ciento. La cuestión de la producción del incipiente básico de la droga es un reflejo de la propia historia de la economía argentina. Los laboratorios argentinos durante muchos años, y gracias a la inexistencia de la ley de patentes en el sector farmacéutico desde fines del siglo XIX, destinaron fondos a inversión y desarrollo no sólo para la elaboración de remedios sino también para la producción de las drogas básicas. Pero a partir de 1995, la Organización Mundial de Comercio solicitó a los países que no tenían ley de patentes en esta industria que la incorporaran, bajo la amenaza de represalias comerciales en otras áreas. Así ocurrió con la Argentina, entre otros países, y entró en vigor a partir del año 2003. A este desincentivo se sumó la apreciación del tipo de cambio con la Convertibilidad, lo que llevó a que los laboratorios encuentren conveniente la importación de la droga básica,transformándose en “ensambladoras” de medicamentos. Al salir de la Convertibilidad, los medicamentos aumentaron fuertemente de precio y la industria se encontró con una menor capacidad de producirlos, por lo que surgieron planes como el Remediar, financiado con crédito del BID, que mediante licitación pública logran descuentos de hasta el 70% del precio de farmacia para el abastecimiento de organismos públicos, así como también la Ley de Medicamentos Genéricos, y posteriormente el resurgimiento de la producción publica de medicamentos bajo el programa sancionado en el 2008. La industria farmacéutica es en sí un sector altamente concentrado, lo que claramente se verá profundizado con el desarrollo de la Ley de Patentes. De aproximadamente 300 empresas que producen medicamentos en la Argentina, se estima que un 25% factura entre el 85% y 90% del total. Asimismo desde los años ’70, las firmas líderes avanzaron en la integración horizontal, a través de la adquisición de las cadenas de comercio, como droguerías, mandatarias, distribuidoras. Por su parte, las multinacionales del sector, agrupadas mayormente en CAEME, son las que tienen menor cantidad de volumen en ventas en relación a las locales, pero con niveles de facturación similar porque comercializan productos básicamente importados de mayor valor. Todo ello es argumentación en la necesidad del avance del rol del Estado en la producción de un bien que en muchos casos presenta una demanda muy inelástica. Es decir que por su gran necesidad e inexistente posibilidad de ser sustituido, frente a un aumento en el precio, la demanda cae en una medida menor respecto de otro tipo de mercancías. El hecho de que sea un bien necesario se encuentra también con el problema de los llamados “medicamentos huérfanos”, que son aquellos no redituables y por ende no se ofertan en el mercado o presentan discontinuidad en su producción, como por ejemplo para el Mal de Chagas o para la tuberculosis. « Otras dimensiones pendientes Según el viceministro de Salud, Daniel Gollán, “la Argentina destina un 32% de su gasto total de salud en medicamentos, lo que es muy alto a comparación del resto del mundo, en Europa el promedio se encuentra entre un 10% y un 13%”. Según el funcionario, se debe “a que pagamos los medicamentos hasta dos o tres veces más que en otros países, sobre todo los de altos costos. Pero además estamos entre los países del mundo con mayor consumo per cápita, siendo líderes en Latinoamérica. El nivel de medicalización, especialmente de remedios sin receta, es abrumador en nuestro país.” De esta forma, “la producción pública de medicamentos es una herramienta muy importante de política nacional, pero de por sí no define la situación. Debe ser acompañada de otra serie de medidas, porque aunque conceptualmente consideremos al medicamento como bien social, la realidad es que es una mercancía. Y esta contradicción hay que asumirla y por tanto encararla con mayor participación del Estado a través de medidas que abarquen la producción, pero también cuestiones arancelarias, regulatorias, de fiscalización, de patentes, de prescripción.” Entrevista a Daniel Gollán, viceministro de Salud de la Nación “La óptica privada busca únicamente la rentabilidad” Tiempo Argentino entrevistó a Daniel Gollán, viceministro de Salud de la Nación y titular de la Secretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud, sobre los alcances y perspectivas de la Ley de Producción Pública de Medicamentos y el proyecto de creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. –¿Qué alcances tiene la reciente reglamentación de la Ley de Producción Pública de Medicamentos? –En términos operativos concretos, la normativa no te da instrumentos específicos como para poder motorizar todo lo que plantea el espíritu de la ley, por eso se está planteando como complementariedad necesaria la creación de una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos que tenga financiamiento y le otorgue un mayor impacto operativo. De esta manera se procura armonizar, articular y racionalizar las producciones de los laboratorios públicos. Esto es, que no todos produzcan lo mismo, y que compren de manera centralizada y por ende más barato. Por otro lado se busca así anclarse en la provisión de programas nacionales como el Remediar. El tercer punto es que los laboratorios públicos comiencen a especializarse en líneas con mayor valor agregado. Para esto hicimos un trabajo por el cual el Ministerio de Ciencia y Técnica aportó créditos para que estos laboratorios se especialicen y se vinculen con el sector científico tecnológico. –¿Cuál es la necesidad esencial de promover la creación pública de medicamentos? –Es importante en la Argentina hacer este desarrollo del sector público porque el sector privado farmacéutico en la actualidad hace poco en materia de desarrollo, invierte cerca del 17% en I+D, lo que no es suficiente en relación a lo que el país necesita. Esto hace que la balanza comercial farmacéutica tenga un déficit comercial de más de 900 millones de dólares. Y esto aun teniendo en cuenta que la industria farmacéutica privada exporta más en términos de volumen, pero lo que se importa tiene mayor valor agregado. Se trata básicamente de productos biotecnológicos, medicamentos de última generación. Además estamos gastando mucho en medicamentos de altos costos que ni siquiera han demostrado sean beneficiosos para el paciente. En Inglaterra, por ejemplo, este tipo de medicamentos se pagan con contra-eficacia indicada, es decir no lo pagan hasta no demostrar que el paciente mejoró. Esto es una alternativa interesante porque estamos pagando fortunas por tratamientos que estiran pocos días una mala vida. –¿Qué impacto puede generar en los precios? –Es importante además poder producir a los mejores costos posibles y transformarse así en una referencia para el mercado. Por ejemplo el LIF de Santa Fe realizó un estudio sobre una canasta importante de 25 medicamentos realizados por este laboratorio público y lo comparó con el del mejor oferente privado obteniendo un precio del 28% del que se pagaría si se compra al producido de manera privada. Y si bien la producción pública se destina al consumo de entidades públicas y no al mercado, podría funcionar también como competidor del precio privado en tanto que este vende al sector público y lo tiene como uno de sus principales compradores. Si se lograra pasar del 7-8% del mercado general producido por el público a un 20-25%, además lo que se lograría es obtener una posición de negociación más fuerte con esta industria, que históricamente tomó una posición de amenaza de desabastecimiento. La óptica privada busca únicamente la rentabilidad. El laboratorio público tiene una ganancia que ronda entre el 8% y el 13% lo que les permite reinvertir en desarrollo, pero el problema es que con márgenes de 10 o 15 veces mayores del sector privado, el mercado se distorsiona. Pero esto no implica estar en contra de la industria privada que por su gran magnitud genera mucha demanda de mano de obra. No es una dicotomía, sino que se debe complementar para que el Estado busque su rol y controle abusos.