La medida norteamericana para controlar a la industria farmacéutica global
En EE.UU la farmacéutica británica GSK fue castigada con una multa de 3 mil millones de dólares por fraude en la distribución y desarrollo de medicamentos. GSK no superó la prueba de la transparencia aplicando estrategias con prácticas ilegales y tergiversando la información de los pacientes. Alguno puede pensar que la gravedad de la multa se debe a que GSK es la cuarta farmacéutica mundial y empieza a competir con las otras tres mayores, todas norteamericanas (Pfizer, Roche y Johnson and Johnson). Sin embargo, Pfizer en 2009 pagó una multa de cerca de 2.300 millones de dólares tras reconocer que promocionó ilegalmente 13 medicamentos.
Durante la década de los 90´ – con Clinton en el poder – se abrió el debate de la necesidad de una reforma de la salud integral y en concreto se puso la lupa sobre la influencia de la industria farmacéutica en el alto precio que pagan los ciudadanos por el acceso a la sanidad. Más cercano en el tiempo, la reforma sanitaria de Obama incluyó que las empresas deberán publicar todas las donaciones económicas a profesionales de la medicina. En 2010, sólo 12 empresas, revelaron el pago de 780 millones de dólares a unos 17 mil médicos, indica el diario El País. Esto es motivo de sospechas, porque “las relaciones con los profesionales pueden derivar en conflictos de intereses que afecten la toma de decisiones de los médicos”, decía un informe oficial.
En la búsqueda de proteger a los pacientes no estaría mal atender algunas cuestiones de la legislación norteamericana: el Congreso aprobó que toda farmacéutica que opere dentro de EE.UU. debe publicar cualquier donación ante el inspector general del Departamento de Salud a fin de detectar si hay relación entre las donaciones (de más de mil empresas del sector) y la frecuencia de los medicamentos que recetan los profesionales o el material que emplean en determinadas intervenciones.
De aplicarse esta medida en nuestro país se acabaría un gigantesco negociado, pero el problema no es sólo financiero sino que también se atenta contra la salud de la población en la medida en que se oculta información relevante para los pacientes.
Por ejemplo, Glaxo promocionó entre menores de 18 años un medicamento para luchar contra la depresión que solo está autorizado para el consumo en adultos. Una investigación del Departamento de Justicia también acusaba a la compañía de anunciar el fármaco Wellbutrin para ayudar a perder peso o en tratamientos de disfunción sexual, cuando su consumo en Estados Unidos estaba limitado a pacientes con depresión.
Los fiscales del caso también alegaron que Glaxo llegó a publicar un artículo en una revista médica para promover sus marcas, así como hacer compensaciones a médicos —desde costear viajes a conferencias a pagar sus dietas— a cambio de que recetaran sus medicamentos. La tercera acusación reconocida por la farmacéutica es la de no entregar a la Administración de Alimentación y Medicinas —encargada de supervisar y garantizar la seguridad alimentaria en el país— documentos relacionados con los efectos secundarios del medicamento Avandia contra la diabetes.