Por: Alberto Cornejo / Madrid
viernes, 24 de octubre de 2014 / 17:44
La ‘Operación Pharmakon’ sería solamente la fase “previa” de futuras actuaciones
La ‘Operación Pharmakon’ que sigue abierta en Aragón por la cual se investiga una trama de exportación ilegal de medicamentos a través de oficinas de farmacia (en el marco de la cual ya han sido detenidos los titulares de trece establecimientos regionales) es solo “la previa” de una nueva “macroperación” que se llevará a cabo de forma inminente contra el comercio inverso de medicamentos, y en la que estarán implicadas “muchas más farmacias”. Así ha podido saberlo EG de fuentes internas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
En concreto, desde la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil confirman a EG que la ‘Operación Caduceo’ (llevada a cabo el pasado mes de julio a nivel nacional) y la ‘Operación Pharmakon’ (en Aragón) son solo “las primeras ramificaciones” de una macroperación contra el tráfico ilícito de medicamentos que ya tienen perfilada conjuntamente los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Estas mismas fuentes corroboran la presencia en España de “mafias asentadas” dedicadas a captar a farmacéuticos titulares de boticas para el comercio inverso de medicamentos (consistente en la compra de fármacos a almacenes nacionales a un precio menor para su posterior reventa al extranjero a un coste superior). “Estos grupos criminales han tenido cierta impunidad durante mucho tiempo y los farmacéuticos captados también tienen la creencia de existir cierto limbo legal”, indican al respecto.
Por ejemplo, en la Operación Caduceo desarrollada el pasado julio en colaboración con la Agencia Española del Medicamento, la información oficial aludió a la implicación en ella de 50 farmacias de ocho regiones (Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Cataluña, Madrid y Aragón). Pero, según ha podido saber este periódico, hasta un centenar de boticas más fueron investigadas —y acusadas— por su implicación en la trama. “Solo trascendió públicamente aquellas que cometían fraude sistemático, pero muchas otras participaron en la trama de forma esporádica, en una única ocasión, una vez al mes…”, concretan desde el Grupo de Análisis Criminal de la Benemérita.
Estas boticas suministraban los medicamentos a una empresa declarada como almacén mayorista —vertebrada en otras tres compañías— que se encargaba de enviar los medicamentos a diversos países internacionales. Fruto de la operación policial fueron intervenidas 18 cuentas bancarias que superaban los tres millones de euros.
La ley, uno de los ‘problemas’
En la lucha contra el tráfico ilegal de medicamentos, la ley, tal como está concebida actualmente, no ayuda como debería, debido a la inexistencia en el código penal de una catalogación específica para el delito de exportación paralela ilegal de medicamentos. Desde la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil lo confirman: “cuando descubrimos un fraude de este tipo, tenemos muchos problemas para encajarlo en el código penal y poder imputarles un delito contra la salud pública, por lo que a veces tenemos que actuar por la vía de los delitos económicos (contra la Hacienda pública, blanqueo de dinero, insolvencia punible)”, indica un responsable de su Grupo de Análisis Criminal.
Esta situación puede derivar en la imposición únicamente de sanciones administrativas y que, por tanto, “el beneficio que obtienen con estas prácticas les sea rentable”, corroboran. La solución pasa por la modificación del código penal en el que ya trabaja el Ministerio de Justicia, tras la petición de Sanidad.
‘Operación Pharmakon’
Mientras tanto, la ‘Operación Pharmakon’ sigue abierta en Aragón (también denominada ahora ‘Operación Convector’ tras el avance de las diligencias) y cuenta ya con 25 imputados, entre ellos trece farmacéuticos titulares de otros tantos establecimientos (dos de los cuales siguen privados de libertad, si bien han recurrido ante la Audiencia Provincial de Teruel al auto del juzgado número 3 de Teruel que decreta su prisión provisional).
En este sentido, el Gobierno de Aragón ha confirmado que se personará en el caso (como ya ha hecho el COF de Zaragoza) por los “perjuicios económicos ocasionados al Servicio Aragonés de Salud, aún sin cuantificar”. Mientras, prosiguen las declaraciones en los juzgados de los farmacéuticos imputados. Los abogados de varios de ellos manifestaban la semana pasada que sus representados “no tienen constancia de haber cometido ningún ilícito penal”, así como que “no se conocen entre sí”.