Alberto Cornejo / Lugo
viernes, 28 de noviembre de 2014 / 15:37
Los cerebros eran proveedores de su material sanitario, lo cual se aprovechaba para ‘camuflar’ exportaciones ilícitas
Antihipertensivos, diuréticos, ansiolíticos, antihistamínicos, antiulcerosos, analgésicos… Son algunos tipos de medicamentos que el Real Decreto 568/2011 de protección de la salud y asistencia médica a los trabajadores del mar obliga a integrar en el botiquín sanitario de los buques de pesca que naveguen sin limitación geográfica. En cambio, nada dice esta norma sobre la inclusión en ellos de medicamentos para tratar el cáncer o inmunosupresores, como así habría ocurrido en los últimos años en barcos que zarpaban del puerto de Vigo. Unos barcos que serían presuntos ‘aliados’ de la trama de exportación ilegal de medicamentos que investiga la ‘Operación Noisa’ y en el marco de la cual ya se han producido diez detenciones.
Según ha podido saber EG, los principales cerebros de la trama, Carlos Iván L.L. y su hijo Javier L.D (que todavía permanecen en prisión), propietarios y administradores de diversas farmacias gallegas y short liners (ahora registradas en el marco de esta Operación), firmaron entre 2010 y 2012 contratos comerciales con diversos armadores para abastecer los botiquines de sus flotas pesqueras. Algunos de esos contratos podrían haberse utilizado como ‘percha’ legal para dotar de normalidad a la entrada fármacos en los muelles portuarios de Vigo, si bien no todos los fármacos que habrían sido cargados en los buques formaban parte de la lista elaborada por en el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo. Ni mucho menos en las cantidades estipuladas por ley (de uno a cuatro envases máximo según fármaco y cifra de miembros de la tripulación).
El modus operandi sería el siguiente: desde las establecimientos propiedad de los detenidos partían furgonetas con destino a los muelles del puerto de Vigo (si bien otras fuentes aluden también a la utilización del Puerto de Valencia), donde eran recepcionados por los responsables de los buques. Uno de los habituales ‘transportistas’ sería Miguel L. C., que en su perfil personal en redes sociales se presenta como auxiliar administrativo de una botica de las que participa como propietario Javier L.D., ubicada en la provincia de Pontevedra.
Precisamente, el elevado tamaño de esos supuestos botiquines habría complicado en alguna ocasión llevar el operativo ‘a buen puerto’. Así, al menos en una ocasión, el responsable sanitario de uno de los buques —quizá por desconocimiento de estas prácticas ilícitas— se negó a recepcionar la entrega ante las “enormes cajas” que conformaban el pedido, inusuales a tenor del espacio dedicado al botiquín del buque. “Que hable con G.G.”, fue la recomendación de los cerebros de la trama a su ‘mensajero’ tras informarles de la situación no prevista.
G.G. es, según estas fuentes, otro eslabón principal de la trama que actuaba como interlocutor entre los cerebros de la misma y las flotas pesqueras. En concreto, G.G. sería apoderado de Freiremar, grupo empresarial que firmó un contrato para el suministro de medicamentos con una farmacia propiedad de Javier L.D., así como para diversas de sus filiales: Pesca Herculina, Isla Alegranza, Sopecasen, Centropesca, Pesca Este, Surpesca…
Freiremar tiene su base operativa en Las Palmas de Gran Canaria, donde podrían haberse dirigido parte de los medicamentos exportados ilegalmente, en especial si tenían como destino África (Sopecasen, una de sus empresas subsidiarias, es de origen senegalés). Cabe recordar que el principal responsable de la trama, Carlos Iván L.L., era conocido en los círculos empresariales gallegos como ‘el maestro’ de Jorge Dorribo, propietario de laboratorios Nupel y presunto cerebro del ‘caso Campeón’ en el que, precisamente, también se investigó la exportación ilegal de medicamentos al continente africano desde puntos como Galicia.