Los enfermos exigen a la administración los nuevos tratamientos mas efectivos
La hepatitis C es una enfermedad vírica cuyo contagio se produce por contacto directo con la sangre; éste suele ocurrir por prácticas sexuales no protegidas y por uso de agujas infectadas. En España, el 90% de los enfermos graves actuales fueron infectados dentro del Sistema Nacional de Salud, durante transfusiones antes de los años 90, cuando aún no se prestaba la atención necesaria a este tipo de contagios.
Se calcula que existen entre 45.000 y 50.000 pacientes graves de hepatitis C, aunque los casos no diagnosticados pueden alcanzar los 400.000. Los enfermos reclaman que se les administren fármacos de nueva generación. Estos nuevos antivirales, muy potentes, son efectivos en el 90 % de los casos y han sido calificados como medicamentos milagro. El problema reside en su alto coste, pues los tratamientos oscilan entre los 25.000 y los 60.000 € por paciente. Su administración se ha reservado solo para casos muy graves de la enfermedad, el resto sigue recibiendo los tratamientos tradicionales.
Como forma de protesta y presión hacia las autoridades sanitarias por parte de los enfermos y sus familias se han producido encierros en el hospital 12 de Octubre de Madrid. Allí han recibido el apoyo de distintas formaciones políticas, como PSOE, Podemos y UPyD. Pablo Iglesias ha llamado al gobierno “traidores a la patria” por privatizar la sanidad pública y ha anunciado que llevará el caso a Bruselas. Tomás Gómez, secretario general del PSM, también amenaza con una querella criminal. Durante las manifestaciones se ha señalado a los recortes como causante del problema y se ha tildado de asesino y genocida al gobierno de España.
La cuestión es sumamente delicada. Nadie puede discutir el derecho de todos los ciudadanos a recibir los mejores cuidados sanitarios posibles pero hay que recordar que, desgraciadamente, existen otras enfermedades que no cubre la sanidad pública por su alto coste. Por otra parte, si el nuevo tratamiento consiguiera curar la enfermedad evitaría el enorme gasto que supone el seguimiento y tratamiento de los enfermos crónicos. A la larga saldría barato.
Cuando los políticos entran en cuestiones como las sanitarias, donde deberían primar las opiniones de médicos y científicos, los problemas se agravan porque todos quieren ser el padre de la solución. Entonces vemos a los que hacen bandera de “lo público” pidiendo que se pague un dineral a una farmacéutica privada sin ningún tipo de negociación ni condición, o pretendiendo que sea la justicia con sus tiempos la que decida, no hay prisa.
Esperemos que pronto se resuelva el conflicto y los enfermos reciban el mejor tratamiento, todo depende de una buena negociación de Sanidad con las farmacéuticas y, teniendo en cuenta que ya no está al mando Ana Mato, podemos mantener viva la esperanza.
Como curiosidad, en países como Egipto o La India el coste de este tratamiento está entre 600 y 900 €, allí no se respetan las patentes de las farmacéuticas.