España: De uno a cuatro años de prisión por comercio ilegal de medicamentos

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles el dictamen del proyecto que modificará el Código Penal y que endurece las sanciones que se aplicarán en caso de cometer actividades ilegales relacionadas con los medicamentos y que constituyan un delito contra la salud pública. Así, todo aquel que incurra en una acción que suponga un peligro para la vida o la salud de las personas se expone a una “pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de dos a cinco años”.

Así lo recoge una de las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario Popular para modificar el artículo 361, que tipifica los delitos contra la Salud Pública, en la que también se explica que todo aquel que “fabrique, importe, exporte, ofrezca, intermedie, comercialice, facilite a terceros o posea con esta finalidad medicamentos, incluidos los de uso humano y veterinario, así como los medicamentos en investigación, que carezcan de autorización, o productos sanitarios que no dispongan de los documentos de conformidad exigidos por las disposiciones de carácter general, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de seis meses a dos años”.

Las enmiendas se plantean en cumplimiento con el Convenio del Consejo de Europa sobre falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública, de 2011, y que fue ratificado por España. Por este motivo, explica la enmienda, exige “la adopción de las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar como delito la fabricación, almacenamiento para el suministro, importación, exportación, suministro, oferta de suministro o puesta en el mercado de medicamentos sin autorización o dispositivos médicos que no cumplan con los requisitos exigidos”. Esta iniciativa estaría en la línea expresada en los últimos meses por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), como medida disuasoria para combatir el tráfico ilegal de medicamentos y que también las comunidades autónomas defienden (prevén endurecer sus respectivos regímenes sancionadores) .

LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN
Las propuestas también endurecen las sanciones relacionadas con la “falsificación intencionada de documentos” . En este apartado, se considerará falsificación tanto “la elaboración de un documento falso”, como la “modificación ilegal de su contenido u apariencia”. Este punto, añade el texto de la enmienda, “tiene un sentido muy amplio, y cubre no sólo los certificados y documentos similares usados en el comercio, sino también el etiquetado y embalaje” de los medicamentos.