Los criterios especulativos que aplican algunas multinacionales de la industria farmacéutica para establecer el precio de medicamentos han encendido las luces de alerta de organizaciones no gubernamentales europeas que bregan por el derecho a la salud de la población y piden que se pongan límites a las especulaciones financieras en este rubro.
La controversia más reciente sobre este asunto es la que tiene como protagonistas al laboratorio estadounidense Gilead Sciences, propietario de la patente del sofosbuvir, un medicamento que ha demostrado gran eficacia en los tratamientos contra la hepatitis C, y la organización francesa Médicos del Mundo (MDM) que presentó un recurso contra la patente europea de esa droga por considerar que se ha fijado un valor exorbitante para el fármaco, y para pedir a la Justicia que obligue a la multinacional farmacéutica a habilitar la producción de genéricos de ese producto.
El argumento en el que se basa el reclamo judicial de Médicos del Mundo sostiene que los procedimientos de fijación de precios de este medicamento y otros similares son absolutamente arbitrarios y que más que regirse por el juego de la oferta y la demanda, responden a una dañina especulación financiera.
Siguiendo ese razonamiento, la organización francesa hace notar que el laboratorio norteamericano vende el producto en Francia a un precio de 41 mil euros para un tratamiento normal de 12 semanas, mientras que si existieran productos genéricos con la misma droga el valor del remedio apenas superaría los 100 dólares.
La diferencia abismal entre un valor y otro ya disparó varios debates en distintos países de Europa ante lo que se considera el abuso de los laboratorios que tienen una posición dominante en el mercado con determinados productos farmacéuticos, como es éste caso. Por este motivo, la opinión pública europea ha comenzado a tomar conciencia de la importancia que tiene defender el derecho a la salud pública y evitar que los laboratorios hagan pagar a los pacientes el precio de la especulación financiera. El planteo se comprende mejor si se conoce un poco de la historia del laboratorio y del medicamento para la hepatitis que están ahora en el centro de la polémica.
En rigor, el sofosbuvir para tratar la hepatitis C fue inicialmente desarrollada gracias a estudios e investigaciones desplegadas en Gran Bretaña por científicos de la universidad pública de Cardiff. Es decir que los riesgos de la investigación inicial y los costos que ello implica fueron asumidos por una institución que se maneja con fondos de todos los ciudadanos.
Luego, la empresa norteamericana Pharmasset tomó los resultados de esas primeras investigaciones y de otros estudios sobre medicamentos antivirales que eran de dominio público para avanzar un paso más hasta llegar al sofosbuvir, logrando así atraer la atención de poderosos fondos de inversiones ávidos de encontrar compañías en las que invertir y obtener en poco tiempo jugosos dividendos.
En el año 2011 los directivos de Pharmasset decidieron aceptar la oferta de 11.000 millones de dólares por la compra del laboratorio por parte de Gilead Sciences, que se dedica a comprar patentes y así satisfacer las expectativas de grandes accionistas que esperan obtener enormes ganancias con apuestas en la industria farmacéutica.
En la demanda que presentó Médicos del Mundo ante las autoridades de la Oficina Europea de Patentes (OEP), organismo que registra y protege las patentes industriales en 40 países europeos, se advierte que si bien el empleo del sofosbuvir para tratamientos de la hepatitis C “es un avance terapéutico de gran importancia”, en realidad “la molécula, fruto del trabajo de numerosos investigadores públicos y privados, no es lo suficientemente innovadora para merecer una patente”.
Se estima que la batalla jurídica, que recién comienza, demandará entre uno y dos años, y además, se presenta otro problema: la multinacional Gilead registró otras patentes para proteger su producto. El pedido de registro por ahora son objeto de análisis en la Oficina Europea de Patentes, pero si este organismo las acepta, la farmacéutica norteamericana tendría herramientas legales para frenar la producción de genéricos y vía libre para hacer valer su posición dominante en el mercado, aprovechando para cobrar precios exorbitantes de las drogas que son de su propiedad.
Lo que está en el centro de la discusión es si se seguirá permitiendo el empleo abusivo del sistema de patentes sobre los fármacos, o bien se dictarán leyes que hagan prevalecer el derecho de los pacientes a acceder a medicamentos a precios razonables.