La polémica en España por el precio de Sovaldi, medicamento de última generación para tratar la hepatitis C, puso en alerta a varios países europeos, que no quieren quedar presos de una política de precios de los medicamentos que beneficia ampliamente a la industria farmacéutica. Por eso, ya se comenzaron a negociar nuevas condiciones de compra para los sistemas públicos. Uno de los países que inició este camino fue Francia, que ante la inminente apertura de negociaciones entre el gobierno galo y los laboratorios ya busca un nuevo modelo sostenible de financiación de la innovación que sustituya al marco actual, vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, y que garantice la estabilidad durante otros tres años.
Para el gobierno francés, el objetivo es disponer de un marco que le permita financiar la innovación y garantizar el acceso de los pacientes a las mismas. La industria farmacéutica, por su parte, confía en que el nuevo modelo suponga también el fin de la medida extraordinaria que se ha tenido que adoptar en Francia en torno a los tratamientos innovadores para la hepatitis C: la denominada “tasa W” que se aplica desde finales del año pasado obliga a las compañías fabricantes a realizar una aportación progresiva si el coste final para las arcas públicas supera cierta cantidad. Para 2014, esa cantidad estaba cifrada en 450 millones de euros; para este año, el techo ha quedado situado en 700 millones.
La reforma que comenzarán a debatir la Administración y la patronal de la industria farmacéutica se enmarca dentro de una apuesta aún mayor del Gobierno francés por buscar la mayor eficiencia posible en el gasto. Con ese fin el Ministerio de Sanidad ha publicado un documento de 200 páginas que pretende identificar áreas de mejora en torno al uso de la evaluación económica en los procesos de toma de decisiones en materia de precios y reembolsos.
Los autores creen que el propósito de la evaluación económica debe quedar mejor establecido. Asimismo, entre sus recomendaciones plantean la necesidad de ampliar el alcance de las áreas que pueden ser cubiertas por la evaluación económica. También ven preciso mejorar los métodos para llevar a cabo estas actividades mediante la simplificación de los procedimientos y apuestan por revaluaciones de productos.