Por: Carlos Puig/Duda Razonable
El mundo padece una grave crisis de dolor.
Cada año, decenas de millones de personas en el planeta, incluyendo unos 5 millones de pacientes con cáncer terminal, sufren innecesariamente por no tener acceso a medicinas que les ayuden a controlar el dolor.
83 por ciento de la población mundial vive en países con muy poco o ningún acceso a medicinas para controlar el dolor.
Aunque la mayoría de los medicamentos esenciales para el dolor ya no tiene protección de patente y son de bajo costo, la brecha global en el acceso al control del dolor se agrava por precios diferenciales para los pobres y los ricos. Un suministro de un mes de sulfato de morfina debería costar entre 1.80 y 5.40 dólares por mes, pero los costos mensuales en algunos países pobres varían entre 60 y 180 dólares mensuales. 90 por ciento de la morfina legal se consume en los países donde vive 17 por ciento de la población mundial.
Esta crisis es resultado colateral de la guerra mundial contra las drogas iniciada en el siglo pasado y que ha obstaculizado a límites absurdos la producción y comercialización legal de la medicina para el dolor.
En un informe reciente, la ONU explicó: “Los tratados de fiscalización internacional de drogas siguen siendo muy eficaces para prevenir la desviación de drogas de mercado legal al ilegal y en la protección de la sociedad contra las consecuencias de la dependencia. Sin embargo, en muchos países no se ha prestado la misma atención a otro objetivo de los tratados —garantizar la disponibilidad adecuada de sustancias controladas. Las medidas adoptadas por los gobiernos para prevenir el uso indebido y el tráfico de drogas estupefacientes y sustancias sicotrópicas no deben obstaculizar la utilización de estos fármacos para el tratamiento médico”.
India, Turquía, Francia, Australia, Hungría, España, Austria, Alemania, China, Eslovaquia, Japón, Macedonia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rumania y Ucrania están autorizados por la comunidad internacional para producir amapola y exportar derivados del opio.
En los últimos cinco años, las organizaciones productoras mexicanas han sustituido la mariguana por la adormidera como su droga favorita.
Somos buenos productores de un producto escaso y necesario para el mundo. Hay un camino para hacerlo legalmente. ¿Por qué no?
A la deriva en términos de gobernabilidad, inundado de sembradíos de adormidera, con decenas de municipios gobernados por narcopolíticos y pletórico en conflictos sociales. Lo saben en el gobierno federal y saben que tienen que actuar tan pronto y pase la elección.
Pieza fundamental es qué hacer con la adormidera. Guerrero es el principal productor del país que se ha vuelto el mayor proveedor de opio para Estados Unidos.
Estrategias tradicionales, como amplios programas de erradicación y sustitución subsidiada de sembradíos, han mostrado su ineficacia en el pasado en otros estados del país, además de criminalizar a campesinos y otras poblaciones de por sí entre las más vulnerables.
Hay otro camino.
Ayer escribí que el mundo está en una seria crisis de dolor. La guerra contra las drogas ha producido una escasez de medicamentos para paliar el sufrimiento de decenas de millones de personas enfermas. La Organización Mundial de la Salud ha alertado desde hace años sobre el asunto y califica como derecho humano fundamental el acceso a medicamentos para aliviar el dolor. En México el asunto es igual de grave, como lo documentó el año pasado Human Rights Watch.
Dieciocho países del mundo producen amapola legalmente. Esa producción la controlan las grandes farmacéuticas del mundo. Es un buen negocio para todos.
Hace dos años, a petición del gobierno guatemalteco, la Fundación Beckley, especializada en investigación sobre asuntos de política de narcóticos, hizo una recomendación al gobierno centroamericano de cómo podría legalizar la siembra de adormidera en aquel país. En resumen proponía crear una comisión integrada por académicos, personal de las fuerzas de seguridad, expertos del sector agricultor, científicos, representantes de los campesinos de la zona, entre otros, para diagnosticar la magnitud y características del fenómeno. Trabajar de la mano de la ONU en la implementación del programa para que éste se inserte en las metas planteadas en varios programas de la organización. Implementar con la asesoría y ayuda de empresas farmacéuticas con experiencia en el producto. Comenzar con un programa piloto geográficamente limitado y bien definido que, de inicio, se dedique a producir medicamentos para el mercado doméstico antes de incursionar en el de exportación.
¿Por qué no intentarlo?
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Twitter: @puigcarlos