Hepatitis C: ¿Emergencia sanitaria?
irispress.es.-
Las Comunidades Autónomas pagan, el Estado negocia y el laboratorio, propietario de la patente, facilita el medicamento. Desde el 1 de abril, con la entrada en marcha del Plan Estratégico para la Hepatitis C, el tratamiento milagroso para estos enfermos -el Sovaldi- ronda los 13.000 euros. Un precio muy por debajo de los 60.000 euros iniciales que pedía la farmacéutica y casi la mitad de los 25.000 euros que se negociaron en la última etapa de Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad.
A pesar de la sustancial rebaja conseguida en el precio del Sovaldi, estamos ante un importante desembolso que obliga a los gestores sanitarios a escalar su administración sólo para los casos más graves de hepatitis C, que chocan con las reivindicaciones de las plataformas de afectados, quienes reclaman que estos medicamentos lleguen a todos los enfermos. Los encierros en los hospitales como medida de presión siguen siendo el arma más utilizada.
Estos medicamentos llamados de ‘última generación’ se fabrican como genéricos en India -que negaron a Gilead la patente- y cuyo coste de producción sin las cargas de la propiedad intelectual oscila entre los 100 y 200 euros para un tratamiento de 12 semanas.
Hepatitis C una grave enfermedad y un problema económico
Formalmente, el medicamento llega a los hospitales y se administrará de manera gradual a los 50.000 afectados que están atravesando la fase terminal de la enfermedad. La realidad, según denuncian los afectados, es que a pesar del avance conseguido con el cambio de ministro y el Plan, los fármacos llegan con cuentagotas. Además de un problema sanitario, la hepatitis C se ha convertido en un problema económico.
Problema para los Estados golpeados por la crisis, porque los datos del sector arrojan unas cifras que muestran que 2014 ha sido un gran año para la industria farmacéutica. En EE UU, país de origen de Gilead, las ventas en este ramo de la industria han aumentando en un 647,36% , unos 12.300 millones de dólares, más de la mitad gracias al Sovaldi o sofosbuvir (7.900 millones dólares). Datos que indican que los beneficios obtenidos frente a los gastos necesarios para su investigación les permiten rebajar su precio.
Los márgenes de maniobra de los gobiernos son estrechos, pero en opinión de algunos expertos en derecho internacional, los Estados cuentan con importantes ‘argumentos’ para negociar con los laboratorios y conseguir unos precios por el Sovaldi que conjugue los intereses de farmacéuticas y la garantía a la salud pública.
Medidas en la mesa de negociación que pasan por la emisión de una licencia obligatoria para fabricarlo como genérico en una negociación conjunta de la UE o la drástica medida adoptada por India de negar la patente a Gilead para comercializar el Sovaldi.
El Acuerdo de Doha permite a los Estados en caso de necesidad de salud pública emitir una licencia para “permitir la producción de un producto patentado por otros o utilizar el proceso patentado sin el consentimiento del titular de la patente”. Del mismo modo, se podría comenzar un proceso judicial contra la patente, ya que la molécula base del tratamiento ya fue patentada como medicamento contra el cáncer.
Aunque quizá se antoja como más viable el trabajo conjunto de la UE; es decir, hacer compras conjuntas que permitan obtener una mejor capacidad negociadora y reducir los márgenes de beneficio que obtiene el laboratorio por la comercialización de ese producto.
Los cálculos manejan la cifra de 500.000 enfermos de hepatitis C en España, aunque podrían ser muchos más. Su número crece exponencialmente cada año. Los últimos estudios afirman que el tratamiento antes de que la enfermedad alcance sus últimas etapas supone un ahorro de miles de millones de euros para la sanidad pública. Eso, sin contar lógicamente, el incalculable coste en vidas humanas.
