Globedia.-
La mayor parte de las empresas farmacéuticas tienen carácter internacional (multinacionales) y están presentes en muchos países a través de sus filiales. El sector está tecnológicamente muy adelantado y abarca la biología, bioquímica, ingeniería, microbiología, farmacia y farmacología, medicina, enfermería, física, etc. Esta industria desarrolla actividades de investigación y desarrollo (I+D), producción, control de calidad, marketing, representación médica, relaciones públicas o administración.
La globalización ha permitido a los laboratorios maximizar sus beneficios ya que compran las materias primas en los países donde son más baratas (países del Tercer Mundo), instalan sus fábricas en donde las condiciones laborales son más ventajosas y venden sus productos fundamentalmente en los países donde la población tiene mayor poder adquisitivo y los servicios de salud están más desarrollados.
La industria farmacéutica, encargada de la producción y comercialización de medicamentos, es uno de los sectores económicos más importantes del mundo. La Lista Fortune (500 mayores empresas del mundo) mostraba ya en 2002 que el volumen de beneficios de las 10 mayores farmacéuticas superan los beneficios acumulados por otras 490 empresas. El mercado farmacéutico gana con los fármacos más que la industria de venta de armas o las telecomunicaciones. Por cada dólar invertido en fabricar un medicamento se obtienen mil de ganancias, gracias a que si alguien necesita una medicina y dispone de recursos la compra.
Un sector oligopólico, casi de monopolio ya que solo 25 empresas controlan cerca del 50% del mercado mundial
El mercado farmacéutico está dominado por grandes firmas de los países industrializados, a pesar de los avances de algunas naciones en desarrollo y acapara una gran parte del mercado mundial gracias al control de la innovación y el la comercialización. El sector farmacéutico se encuentra en continuo crecimiento y se caracteriza por una competencia de concentración en la que unos pocos controlan lo que muchos. La capacidad competitiva se basa en la investigación y desarrollo (I +D), en el aumento de ganancias gracias al sistema de patentes y en el control de las cadenas de comercialización de los medicamentos.
Ninguno de los países en desarrollo cuenta con industria farmacéutica propia, y con excepción quizás de Brasil y de la India, han logrado una auténtica emancipación en este terreno. Aunque algunos países industrializados que han sido capaces de crear laboratorios nacionales dependen de los proveedores mayoritarios de materias primas químicas y, por consiguiente, de las industrias químico−farmacéuticas que pertenecen también a estas. Un reducido grupo de países (Estados Unidos, Unión Europea y Japón) dominan la casi totalidad de la producción, investigación y comercialización de los fármacos en el mundo.
Desarrollan estrategias empresariales cuestionables
Estas empresas consiguen fabulosas ganancias, recurriendo a estrategias muchas veces cuestionables que gracias a su poder suelen gozar de una gran impunidad por parte del poder, aplastando a competidores menores y presionando a los gobiernos. Los precios que fijan son muy elevados lo que los hacen inaccesibles a una gran parte de la población, mientras que algunos de sus productos dañan la salud de los enfermos.
Entre las principales estrategias utilizadas hoy por la industria farmacéutica para obtener sus ganancias mil millonarias cabría destacar:
−Realizan una gran presión mediática de los medicamentos que fabrican, aunque no sean útiles y puedan ser dañinos para la salud.
−Explotan al máximo los medicamentos en forma de monopolio y en condiciones abusivas que no tienen en cuenta las necesidades objetivas de los enfermos ni su capacidad adquisitiva
−Reducen la investigación de las enfermedades que afectan principalmente a muchos habitantes de los países pobres, porque no son rentables, y enfocan a las poblaciones con un alto poder adquisitivo y sus problemas de salud aunque no se trate de propiamente de enfermedades (tal como el envejecimiento y atiborran a los mayores de fármacos.)
Fuerzan las legislaciones nacionales e internacionales para favorecer sus intereses, aunque sea a costa de la salud y la vida de millones de personas. La colaboración de las multinacionales farmacéuticas con la industria química, las universidades, y su apuesta en el I+D han ayudado al crecimiento económico y al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero su gran poder está poniendo en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos y el acceso a los medicamentos a gran parte de la población y han generado graves problemas de salud (Caso Talidomida). Crean situaciones de alarma social por vender sus productos (Tamiflú contra la Gripe A) y han promovido la corrupción (sobornos a médicos y políticos) o daños a la salud (son una de las primeras causas de muerte y enfermedad) muertes por culpa con sus productos
Las diez primeras empresas facturaron en 2012 un total de 335.000 millones de dólares, lo que supone un aumento de un 29, 8% más que los 235.000 millones del año 2004. La totalidad de estas empresas están en los países más industrializados: 5 tienen su sede en Estados Unidos (50%), 2 en Suiza (20%), otras dos en el Reino Unido (20%) y una en Francia (1%), aunque también hay firmas japonesas, europeas nórdicas, alguna alemana, con similares niveles de beneficios.
Los márgenes de ganancias de estas industrias son muy importantes alcanzando entre el 70 y el 90%, con una tasa de ganancias del 20%, superando ampliamente el 15, 8% de los bancos comerciales.
Algunas estrategias de la industria farmacéutica para incrementar sus ganancias
Para alcanzar y mantener estos enormes beneficios (a expensas de los servicios sanitarios públicos), recurren en muchos casos a su influencia para colocar en puestos políticos y gubernamentales claves a personas afines a sus intereses o a directivos de sus empresas.
Patentes comerciales: una estrategia que incremento el poder político y económico de las grandes compañías farmacéuticas estadounidenses fue la ley de extensión de patentes (Ley Hatch−Waxman) aprobada por el presidente Reagan en 1984, (hasta esa fecha la política de patentes no afectaba a los medicamentos por considerarlos un bien necesario). Esta medida se extendió posteriormente al resto del mundo gracias a la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994, que vela por que la globalización no afecte a los intereses del gran capital multinacional. Ahora el 60% de las patentes de medicamentos son de EE.UU., frente al 20% de la Unión Europea. Gracias a esto EE.UU. domina el mercado de los 50 medicamentos más vendidos.
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Problemas asociados a las patentes de medicamentos. El caso más flagrante, la Hepatitis C
Dificultan el acceso a la atención sanitaria y a la disponibilidad de medicamentos esenciales a gran parte de la población por su elevado costo que fijan abusivamente los laboratorios.
Favorece los intereses industriales a expensas de gran parte de la población. El caso del tratamiento de la Hepatitis C con Sovaldi a un precio brutal es un ejemplo típico. Muchos han muerto esperándolo y otros pueden seguirles pronto. Y así imposibilita una auténtica competencia.
El alto coste de los fármacos de última generación contra la Hepatitis C se ha convertido en un escollo a superar por los enfermos a la hora de obtener el tratamiento. El Gobierno central y los gobiernos autonómicos insisten en que los medicamentos llegarán a todos a los que les sea prescrito y dice que no se trata de una cuestión económica, pero las quejas y manifestaciones públicas de enfermos y sus familiares no hacen más que multiplicarse y el elevado precio es una de las críticas más amargas. Ante esta situación desesperante, una web o varias han pedido que sea el sistema sanitario público el que se encargue de fabricar el genérico para tratar esta infección. Y no esperar a que los traigan de fuera.
La Coordinadora Anti−Privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS−Madrid) ha lanzado esta propuesta ante la situación de angustia de los enfermos y familiares, que llaman “alarma social” que se ha creado por las “dificultades” que enfrentan los enfermos de Hepatitis C para acceder a Sovaldi el fármaco necesario debido a sus precios astronómicos.
El colectivo critica el “colaboracionismo” del Gobierno de Rajoy con estas multinacionales y está claro que el interés del PP ante la situación es nulo, y se produce por la “dependencia absoluta” que tiene el sistema sanitario de la industria, y boicotea políticamente un cambio radical que permita librarse de los “chantajes” de estas multinacionales. Pide solo calma.
La protesta de la Anti−Privatización de la Sanidad Pública no se queda ahí y propone otras medidas para resolver el problema de los afectados por el virus, como la “dispensación directa” en los centros sanitarios de los medicamentos prescritos en el nuevo sistema ‘público’, o la “exclusión del Registro” de aquellos medicamentos de eficacia dudosa u obsoletos.
El ejemplo de la India frente a las multinacionales. El caso de un Sovaldi genérico logrado para todos
En enero pasado el organismo regulador de patentes de la India, conocido como ‘la farmacia de los pobres’, rechazó la petición de patente presentada por el laboratorio farmacéutico Gilead para la producción del sofosbuvir (el inaccesible Sovaldi), lo que permitirá que los laboratorios farmacéuticos indios fabriquen genéricos a bajo coste. El rechazo tenía un motivo claro: el sofosbuvir, denunció el organismo, indio, no es una innovación, sino una pequeña modificación molecular de un fármaco ya existente. Según un estudio de la Universidad de Liverpool, un tratamiento de 12 semanas de este preparado tiene un coste de producción de 85 euros, y sin embargo Gilead, con una posición de monopolio después de negociar con las autoridades sanitarias país por país, lo vende a 71.000 euros en Estados Unidos, 40.000 en Francia y 25.000 en España.
También la Comisión Europea, que ya en julio rechazó la petición de 15 países no ya de elaborar un genérico, sino para hacer presión para lograr una rebaja de los precios, no parece dispuesta a seguir los pasos de India. La sombra depredadora de la industria farmacéutica multinacional, paga o regala 40 millones de euros anuales a hacer lobby en Europa –según un informe de la Health Action International y el Corporate Europe Observatory– planea sobre el enfermo. Es más, la reciente decisión de la Agencia Europea del Medicamento (AEM) de retirar 700 genéricos fabricados por laboratorios indios ha sido denunciada en varios foros sanitarios como una medida de represalia contra India por su decisión frente a los monopolistas globalizantes. No en vano, recuerda la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que un 80% de la financiación de la AEM proviene de multinacionales farmacéuticas.
En España, la situación no parece distinta. Con el precio acordado para el sofosbuvir (Sovaldi), la partida de 125 millones de euros aprobada por el Ministerio de Sanidad para el año 2015 servirá para curar sólo a 5.000 de los 700.000 afectados por hepatitis C que hay en el país. Eso si el Gobierno no sigue los pasos de India, algo que parece poco probable a pesar de que las leyes lo permiten. “Teóricamente sí podría. Hay un caso de salud pública, de emergencia sanitaria y dudas sobre el origen de la patente, pero está claro que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad de España se han plegado a los intereses de las multinacionales farmacéuticas”, afirma el, presidente de la FADSP. De hecho, todos y cada uno de los miembros del recién creado comité de expertos designado por el Gobierno de Rajoy para elaborar una estrategia contra la hepatitis C tienen conflictos de intereses, y muchos de ellos tienen una relación directa con el laboratorio Gilead, según un documento publicado por esta federación.
Las multinacionales son injustas no sólo con los países subdesarrollados sino con todos, con la gente de “abajo” de todo el mundo.
Los gobiernos y los consumidores financian el 84% de la investigación, mientras que solo el 12% corresponde a los laboratorios farmacéuticos
Estados Unidos concede exenciones y reducciones de impuestos e incorpora a los tratados internacionales de libre comercio (como el que actualmente está negociando con la Unión Europea TTIP) medidas que favorecen a la industria farmacéutica, lo que demuestra que sus beneficios no son fruto del libre mercado sino de una política de protección de esta industria. Esta estrategia es similar a la que aplica ahora la Unión Europea que protege a sus laboratorios con medidas como no amparar criterios económicos egoistas a la hora de autorizar un nuevo fármaco o impedir la difusión del sofosbuvir (Sovaldi) para la Hepatitis C como genérico por el laboratorio GVK de la India con el argumento de que no era una patente nueva ya que se utilizaba desde hace años como antiviral en el tratamiento del VIH.Y la UE en represalia retiró la autorización de cientos de fármacos genéricos de este laboratorio indio en los países de la UE.
La principal excusa para mantener las patentes de determinados medicamentos está en los gastos que se generan en la investigación de nuevos medicamentos. Pero eso es falso porque la investigación está financiada por los gobiernos y consumidores hasta un 84%, mientras que solo el 12% corresponde a los laboratorios farmacéuticos. Tampoco es cierto el otro argumento de que para crear un nuevo fármaco es necesario invertir en investigación más de 800 millones de dólares. Un estudio que recopiló datos de 117 proyectos de investigación redujo el coste a unos 75 o 80 millones de dólares, y otro artículo del British Medical Journal en 2012 señalaba que frente a la información de la industria de que la investigación de un nuevo medicamento tenía un coste de 1.300 millones de dólares, la realidad es que el costo promedio se situa en 60 millones). Esta situación de monopolio explica los elevadísimos costos que pretenden poner a los nuevos medicamentos, que no se justifica ni por sus gastos de producción ni por las inversiones realizadas en la investigación. Por otro lado una parte importante de las nuevas investigaciones se hacen con dinero público, pero las patentes acaban en manos privadas, un buen ejemplo de cómo la llamada “colaboración público – privada” significa no cooperación sino dinero público para beneficios privados.
Según la FDA norteamericana (organismo que regula la venta de medicamentos), sólo un 20% de la inversión en investigación fue a parar a productos que aportan una mejora terapéutica notable.
Incremento del precio de los medicamentos
La industria argumenta la necesidad de fijar un elevado precio en los fármacos por los costos para investigar y fabricar moléculas pero el incremento está relacionado con los gastos asociados a la comercialización y la promoción de sus productos. Mientras que la investigación y desarrollo de fármacos recibe en torno al 13% del prepuesto, los gastos de marketing suponen entre el 30−35% del presupuesto de los laboratorios, es decir que gastan el doble en promoción que en investigación, el articulo antes citado del BMJ señalaba que por cada dólar dedicado a la investigación se gastan 19 en promoción.
El caso de la Hepatitis C tan urgente para todos es patético y todavía está muy lejos de haberse resuelto
Por otro lado los costos de fabricación han disminuido de manera importante, debido al empleo de maquinaria, y procesos industriales más eficientes, a la automatización de muchas etapas productivas y a la reducción de mano de obra (las grandes fusiones de las principales empresas farmacéuticas de los años 90 generaron decenas de miles de parados). Los costos son la consecuencia de la realización de estudios de mercado, análisis de competidores, extensión de patentes, distribución y promoción, publicidad y ventas de sus productos.
Poca innovación en los nuevos fármacos pese a su elevado coste
Menos del 25% de los nuevos medicamentos que salen al mercado mejoran los resultados de los anteriores o son innovadores (y aunque los precios hayan disminuido no están suficientemente probados en calidad y seguridad). Desgraciadamente los organismos gubernamentales que deberían controlar esta situación en pro del ciudadano de a pie, están financiados por la industria farmaceútica. Así las multinacionales farmacéuticas financian en un 75% la FDA de Estados Unidos y en un 80% la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos.
Poca transparencia y frecuente manipulación de los datos
La industria es muy poco transparente y con mucha frecuencia imparte información manipulada (sesgada, dicho de manera elegante). Un buen ejemplo es el caso del Oseltamivir (® Tamiflu) del que ante la alarma de la gripe A (H1N1) se realizaron grandes compras en casi todo el mundo y luego se descubrió que los ensayos clínicos que presentaba la empresa que lo comercializó los había convenientemente “maquillado” para mejorar sus resultados. Además hay muchos ejemplos de ocultación de los efectos dudosos de muchos fármacos. Por otro lado y con frecuencia se presentan ensayos clínicos en que se utiliza la nueva droga frente a un placebo, en lugar de compararla con otros tratamientos eficaces ya existentes, con lo que se crea una falsa imagen de buenos resultados cuando la realidad es que prácticamente no se han modificado los efectos.
Estrategias para incrementar la venta de medicamentos
La industria se enfrenta, desde hace años a las políticas de los gobiernos de reducir el gasto farmacéutico lo que supone una proporción cada vez mayor de los presupuestos estatales (en España alcanza entre el 25−30% el recorte del gasto sanitario total, lo que pone en riesgo el sostenimiento del sistema público), con medidas como reducción de precios, precios de referencia para grupos de medicamentos similares o la promoción de genéricos.
Para hacer frente a esta disminución de ganancias los laboratorios están poniendo en práctica diferentes medidas:
− Redefinir e incrementar la prevalencia de determinadas enfermedades: hay informes que señalan que la disfunción sexual femenina alcanza al 43% de las mujeres.
− Promover el tratamiento de problemas leves o de mediana gravedad como síntomas de enfermedades más graves tales como el síndrome del colon irritable o los trastornos de ansiedad.
−Transformar los riesgos para la salud en enfermedades: la osteoporosis o el síndrome por déficit de testosterona.
−Estimular la preocupación sobre futuras enfermedades en poblaciones sanas como la osteopenia o el Alzheimer en pueblos que las conocían y rebajar la edad sistemáticamente.
−Convertir los problemas personales y sociales en trastornos de salud diagnosticables y con necesidad de tratamiento: convertir la timidez en fobia social.
−Presentar ciertas enfermedades como epidemias de rápida propagación y letalidad: la gripe A que fue una gripe más suave que la estacional promovió la aplicación de protocolos estrictos (con el uso de trajes y áreas de aislamiento, el empleo de antivirales como Tamiflú de eficacia no probada y la promoción en masa de la vacuna).
Hasta hace poco, era frecuente que las grandes empresas farmacéuticas pagasen sobornos a algunos médicos para que recetasen sus medicamentos, aunque es una práctica que generalmente está mal vista y todas partes es ilegal. Con el incremento de los controles sobre los médicos prescriptores, los laboratorios están desarrollando estrategias para apoyar económicamente, organizar congresos y reuniones con la Organizaciones de Enfermos para buscar el apoyo de los mismos y que presionen a los gobiernos para la promoción y financiación de determinados fármacos aunque no esté justificada su necesidad o tengan efectos adversos.
Los nuevos medicamentos incrementarán la desigualdad de salud
El 90% del presupuesto dedicado por las farmacéuticas para la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos está destinado sistemáticamente a enfermedades que padecen un 10% de la población mundial si hay mucha gente, pero su número no llega al porcentaje fijado por el laboratorio el fármaco deja refabricarse con una frase−tipo:”está discontinuado”. Esto ocurrió en África con la enfermedad del sueño y los pacientes quedaron sin ningún remedio médico.
La industria farmacéutica ha convertido la enfermedad en un negocio. La globalización ha permitido extender su poder por el que deciden qué enfermedades y qué enfermos merecen cura y cuáles no. Los laboratorios no intentan curar sino vender y quieren enfermos crónicos, clientes de por vida. El 90% del presupuesto dedicado por las farmacéuticas a la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos está destinado a enfermedades que padece la población mundial (cáncer, artrosis, diabetes, trastornos de lípidos, hipertensión, etc). Actualmente la compañía farmacéutica Gilead está haciendo ingentes beneficios gracias al tratamiento contra la hepatitis C.
El descubrimiento de la estructura del ADN y la biotecnología ha ayudado a la producción nuevos fármacos (prostaglandinas, interferón, nuevas vacunas, el factor de coagulación sanguínea y muchos otros compuestos bioquímicos complejos) que antes eran difíciles o imposibles de fabricar. La ingeniería genética permite el desarrollo de nuevos fármacos de elevadísimo costo que los propios laboratorios consideran no van a poder ser utilizados por toda la población, pero que los laboratorios los producen y se administran en hospitales privados y encarecen hacen inaccesibles para la mayoría de la población, la factura de los servicios sanitarios públicos. En la actualidad más de 2.000 millones de personas se ven privadas de su derecho a la salud.
En España hay insuficiencia de ciertos fármacos cuyo suministro no aseguran las compañías farmacéuticas porque tienen precios muy bajos . Como sucede habitualmente en España, los problemas solo alcanzan relevancia pública cuando se produce un estallido de la gente o una situación muy llamativa y así sucede con la política farmacéutica que ahora se ha puesto en cuestión con la crisis del tratamiento de la hepatitis C, y desde luego no se trata de una problemática que no haya sido abordada por múltiples actuaciones legislativas (leyes del medicamento 25/1990 y 29/2006, RDL 16/2012 y ley de reforma de la ley del medicamento 10/2013), que no han servido para nada.
Para comprender los problemas de la política farmacéutica en este país habría que tener en cuenta, además de lo señalado anteriormente, algunas cuestiones:
− Primera, hay un gasto farmacéutico (GF) elevado y en parte escondido (los datos sobre gasto farmacéutico hospitalario permanecen ocultos y solo se conocen públicamente con años de retraso). Si nos fijamos en las comparaciones públicas internacionales (Health Data 2014) constamos que el gasto farmacéutico en España se situaba (en poder paritario de compra) por encima de la media de la OCDE en dólares/habitante. Y que si en 2012, último año para el que se ofrecen datos españoles el gasto farmacéutico se hubiera igualado al promedio de la OCDE se habrían gastado 1.162, 5 millones dólares ppc menos. Sabemos también que el gasto farmacéutico en recetas que era uno de los impulsores del crecimiento del GF se moderó durante algunos años, pero ha vuelto a incrementarse (1, 95% de crecimiento en 2014 respecto al año anterior) y que el Gasto Farmacéutico hospitalario no ha dejado de crecer incluso en los años en que disminuía el Gasto Farmacéutico de recetas. Ese es el primer reto que afronta el sistema sanitario, controlar el gasto y homologarlo por lo menos al promedio de la OCDE.
− Segunda: el perfil de prescripción también es manifiestamente mejorable, por ejemplo el consumo de antibióticos es muy elevado (38% de los habitantes lo consumieron en el último año según el Eurobarómetro 2013) lo que favorece una elevada resistencia bacteriana (y España se encuentra entre los países europeos con mayor porcentaje de resistencia a los antibióticos). Se han hecho muchas intervenciones al respecto, la primera de promoción de los genéricos que ha tenido un impacto muy importante con grandes diferencias según CCAA, y otras sobre la mejora del perfil de la prescripción de resultados mucho menos evidentes y con demasiada variabilidad.
− Tercera, los grandes beneficios de la industria se complementan con la desatención de aquellos medicamentos que aun siendo efectivos tienen una baja rentabilidad (recientemente se ha denunciado que en España hay casi falta total de 170 medicamentos corrientes cuyo suministro no se asegura por las farmacéuticas porque tienen muy bajos precios y/o porque han desarrollado alguna alternativa de eficacia similar pero de mayor precio), lo que evidencia, una vez más que las farmacéuticas solo se preocupan por sus extraordinarios beneficios y no por la salud de la población.
− Cuarta, los efectos secundarios de los medicamentos son más frecuentes de lo que se piensa, por ejemplo en Francia mueren 18.000 personas por efectos adversos y en España dobla casi esa cifra y además el número de muertes anuales triplica la de los accidentes de tráfico, por eso casi todas las autoridades sanitarias advierten respecto a la sobremedicación de la población y a la necesidad de evaluar y reducir de manera estricta la utilización indebida (aquella en que los riesgos superan a los beneficios potenciales). También hay que tener presente que cuanto más nuevo es un medicamento menos conocimiento se tiene de sus efectos secundarios (especialmente los que son infrecuentes).
− Quinta, los copagos establecen una barrera en el acceso que no se hace en relación con la utilidad de los medicamentos sino con el poder adquisitivo de las personas, así disuaden a los más enfermos y a los más pobres, reduciendo tanto la utilización inapropiada como la necesaria para el mantenimiento de la salud. Lógicamente la industria los aplaude porque así evita que las intervenciones se hagan sobre sus negocios.
Más de 2.000 millones de personas se ven privadas de su derecho a la salud
La actuación sobre la política farmacéutica es necesariamente compleja, porque se trata de uno de los mayores entramados multinacionales que además tiene una fuerte concentración y funciona como un oligopolio, por lo que su influencia política y económica es muy grande, por otro lado la Agencia Europea del Medicamento (EMA) es la que tiene capacidad para la aprobación de los medicamentos pero en España se reconocen de manera automática, quedando en manos de los países el establecimiento de los precios de venta al público y la financiación pública de los mismos. Con estos condicionantes las claves de la actuación deberían ser:
− Modificar los criterios de la financiación pública y la fijación de precios, para que estos incluyan criterios que tenga en cuenta los costes reales de la investigación y producción. Existen algunos mecanismos que deben de plantearse como las subastas de medicamentos para abaratar los precios, revisiones de los precios abusivos, los precios por equivalentes terapéuticos, los contratos de riesgos compartidos e incluso la denuncia de las patentes cuando las empresas quieren imponer precios abusivos e irracionales valiéndose de su situación de monopolio.
− Garantizar el abastecimiento de los medicamentos eficaces, evitando los que se producen por intereses económicos de las empresas farmacéuticas, para ello es importante contar con una empresa pública farmacéutica que pueda asegurar la fabricación de los medicamentos necesarios.
− Fomentar el uso racional del medicamento para lo que es precisa la creación de agencias de evaluación y una muy activa política sobre los prescriptores de formación y evaluación independiente de la industria, de utilización de la medicina basada en la evidencia y de prevención del uso inapropiado de los mismos.
Complementario a lo anterior es el control estricto del marketing y la información realizada por la industria y su financiación de eventos “científicos”.
Desarrollar la investigación pública tanto para orientarla hacia los principales problemas de salud como para desarrollar patentes públicas que permitan escapar de la asfixia económica de las patentes privadas.
Eliminar los copagos del RDL 16/2012 para acabar con las barreras económicas para el acceso de medicamentos necesarios.
Algunas de estas medidas son fáciles de implementar y otras tienen una eficacia más a medio plazo, pero lo que es evidente es que hay que plantarle cara a la industria farmacéutica y anteponer el derecho a la salud a los desproporcionados beneficios empresariales.
Terminar con los corruptos del campo médico de España es una de las primeras urgencias. Porque son peores que los de la tarjeta black, que la usaban para sus gastos frívolos o para las juergas de sábado noche. Los corruptos de la salud en España son más irresponsables, o sea moral y penalmente más responsables, porque emplean las tarjetas negras de nuestras vidas. Según el periodista especializado en temas de salud Miguel Jara, las diferentes industrias, también la farmacéutica, “usan hoy tres herramientas para imponer sus intereses por encima de los de la ciudadanía: el lobby o presión corporativa sobre políticos y líderes de opinión, los conflictos de intereses y las puertas giratorias”. Corrupción. De este último fenómeno son públicos casos como el del exministro de Sanidad, Bernat Soria, fichado por la farmacéutica Abbott para realizar un informe “sobre el papel de la industria farmacéutica en la promoción de la calidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, o el de Isabel Barreiro, que pasó de dirigir el gabinete de Juan José Güemes en la Consejería de Sanidad de Madrid a trabajar para GlaxoSmithKlein. También fueron llamativos los casos de varios exdirectores generales de Farmacia del Ministerio, como Regina Sevilla, que tras dejar su puesto ingresó en el laboratorio Merck, o el de Fernando García Alonso, que fue fichado sucesivamente por las farmacéuticas Schering−Plough, Bristol−Myers y Grupo Ferrer.
De momento, al calor del poder de los laboratorios españoles, reunidos en torno a Farmaindustria, España es uno de los países con mayor gasto farmacéutico del mundo. “Uno de cada cuatro euros del gasto sanitario se va en farmacia, y eso ocurre por la dependencia de las multinacionales”, añade el especialista Gómez, quien destaca que a menudo las farmacéuticas se aprovechan de la investigación básica, la que se hace en las facultades públicas, para llevar a cabo una investigación aplicada. “Los medicamentos nacen, en un 80% de los casos, en universidades e instituciones públicas. Los pagamos dos veces con nuestros impuestos, pues esas entidades son financiadas por dinero del ciudadano de a pie y luego es el erario público el que ejerce de máximo cliente de la industria”, termina Jara