En Chile, se conoce como “canela” al pago de incentivos económicos –porcentajes o sumas fijas –a los empleados de farmacias, para que vender determinados medicamentos, por lo general los de laboratorios asociados o los de las marcas propias de las farmacias. Esta práctica está prohibida por la nueva ley que regula el sector, aprobada el año pasado y puesta en vigencia formalmente este 2015. Pese a esto, las tres principales cadenas siguen con esta irregularidad, un problema sanitario y sindical. Esta semana, el gobierno chileno multó a una de las firmas que dominan el mercado, que deberá pagar una abultada suma por no eliminar los pagos adicionales. Las otras tres cadeneras, con expedientes similares.
Según informan medios locales, la cadena Cruz Verde deberá pagar una multa cercana a los mil millones de pesos chilenos (algo así como 1.600.000 dólares) por mantener a 21 trabajadores con contratos a base de incentivos monetarios, que se pagaban por la venta de fármacos y cumplimiento de metas en la comercialización de estos productos.
“La práctica está prohibida por la ley de medicamentos, y sin embargo la industria interpretó el artículo que hace alusión a esta regulación y modificaron la forma original de bonos, que consistía en metas por la comercialización de ciertas marcas, por sumar a cada venta otras categorías de remedios”, explicó director del Instituto de Salud Pública (IPS) Roberto Bravo.
La multa corresponde a siete sumarios que datan de octubre de 2014. “Daña a la población, encarece las políticas de salud, por lo tanto hemos definido que esta multa es de carácter grave y por lo tanto merece el máximo monto que nosotros podemos aplicar por el Código Sanitario”, aseguró el funcionario.
Por su parte, el presidente de la Federación de Trabajadores de Farmacias, Mauricio Acevedo, valoró la medida porque además la industria “aún no regula los contratos de los dependientes para compensar los sueldos que por ley, no pueden ser a base de incentivos por venta”. El sueldo base de un trabajador de farmacia varía entre 230 y los 300 mil pesos, y los bonos de incentivo pueden llegar hasta los 800 mil.
En tanto, John Maldonado, dirigente sindical de Cruz Verde, manifestó preocupación por la adecuación de los contratos que por ley debieran compensar el sueldo promedio de los dependientes, que ya no podrán recibir incentivos.
“Respecto del sueldo de los trabajadores, aún no hay nada. Lo que nosotros queremos es demandar los sueldos de los trabajadores para que se les pague como corresponde, para que no les sigan dando incentivos para que puedan llevar a sus casas el sustento. Tener a trabajadores de primera y segunda categoría depende del antojo que tenga el encargado del local o del personal”, sostuvo el dirigente sindical.
Desde Cruz Verde señalaron que no se van a referir al tema, mientras que el ISP adelantó que Farmacias Ahumada y Salcobrand también tienen sumarios en curso por infracción a la Ley de Fármacos, por lo tanto se esperan nuevas resoluciones y multas para los próximos días.
La Ley de Fármacos, como se la conoce popularmente en Chile, se comenzó a forjar luego del escándalo de la colusión de medicamentos. Cabe recordar que la investigación penal por la colusión de más de 200 precios de medicamentos comenzó en 2009 a raíz de la querella interpuesta por la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (CONFUSAM), Girardi y el diputado Gabriel Silber. Ese año, Farmacias Ahumada se desvinculó del caso a través de “delación compensada”, en la que admitió irregularidades y entregó información, recibiendo una multa de un millón de dólares. Posteriormente, en marzo de 2011, el entonces fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Luis Inostroza, formalizó a 17 ejecutivos por alteración fraudulenta de precios.
En otra arista del caso a comienzos del año pasado el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aplicó una multa de 20 millones de dólares a Salcobrand y Cruz Verde respectivamente, por coludirse junto a Farmacias Ahumada (FASA) para fijar los precios de al menos 206 medicamentos, sanción que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema.