La OMC insiste en revisar “con urgencia” el sistema de patentes de los medicamentos

Madrid.-Un grupo de expertos recomienda en un informe modificar la Ley de Patentes, que ahora está en el Senado: “Aprovechar la reforma de la Ley de Patentes, incluyendo una enmienda en el Senado, para limitar sus derechos por el abuso que se hace de las licencias” es una de las recomendaciones que un grupo de expertos han recogido en un informe para blindar su utilización ante “los precios injustificados y desorbitados de los medicamentos”. Así lo expone el documento ‘Acceso a los nuevos medicamentos.

El ejemplo de la hepatitis C: costes, precios y patentes’ presentado en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC). Este análisis ha servido para que profesionales sanitarios, economistas y abogados recojan distintas fórmulas para garantizar el acceso a las innovaciones. Algunas de ellas inciden en unas críticas al sistema que anteriormente ha señalado la OMC y que repitió su presidente tras la presentación del informe: “Hay que revisar con urgencia el sistema de patentes y plantearle límites en beneficio de los pacientes”, señaló Juan José Rodríguez Sendín.

A corto plazo, los expertos lo tienen claro: si no se pone solución “basta con un número de innovaciones no muy alto para que la estructura del Sistema Nacional de Salud se desquebraje”, destacó el jurista Javier Sánchez-Caro.

El problema de inequidades que genera el alto precio de los fármacos podría ir en aumento a juicio de los expertos, sobre todo si se tiene en cuenta que “las patentes químicas han crecido un 5 por ciento, pero las biotecnológicas lo han hecho más de un 12 por ciento”, explicó Ramón Gálvez, neurólogo y experto en gestión sanitaria y dirección hospitalaria.

Ante este panorama hay que reformular el modelo y por tanto, “conseguir un nuevo equilibrio entre el interés público, en este caso de la sociedad, y el beneficio privado, de la industria farmacéutica”, comentó el ex secretario general de Sanidad, Fernando Lamata.

Las herramientas ya están a disposición de todos. Por ello, aprovechando la revisión legislativa que se está haciendo de la normativa, los autores son partidarios de alterar las patentes. “La legislación contiene elementos suficientes para hacer frente al problema, mediante excepciones y limitaciones”, planteó Sánchez-Caro. Esta solución, además, podría ir de la mano de otras fórmulas, tales como auditar las negociaciones entre la Administración y la industria para que el precio se ajuste al coste de forma justa y prudente.

Además, creen que condicionar el mantenimiento de las patentes a la fijación de precios también sería necesario. De esta manera, habría que establecer un control riguroso de la actuación de la comisión de precios y del Comité Asesor, así como de los conflictos de intereses y régimen de incompatibilidades. De hecho, “el 85 por ciento del presupuesto de la Agencia Europea proviene de las tasas que la industria paga por las autorizaciones de nuevos fármacos”, advirtieron. Una buena forma de hacerlo sería publicando las actas de dichos órganos.

Pero los expertos van más allá, y el hecho de que el derecho de las empresas a obtener beneficios colisione con el derecho a la salud y la vida es motivo más que suficiente para quitar opacidad a todo este proceso.

Así, Sánchez-Caro instó a dar más transparencia a los costes de fabricación, así como los de investigación y desarrollo, “explicando las ayudas públicas en los ensayos clínicos”.

Asimismo, instan a la industria farmacéutica a detallar qué beneficio esperado se incluye en el precio. En este sentido, apuestan por descontar de los costes de producción, toda la inversión pública recibida para la I+D.

Asimismo, los expertos son partidarios de utilizar la evaluación coste-beneficio para rechazar la financiación pública de un medicamento que no aporte valor, pero no para fijar el precio.

Los autores son partidarios de no llegar a un acuerdo entre Gobierno e industria para ajustar los precios a los costes. En su lugar, creen que habría que conceder licencias obligatorias y promover la fabricación de genéricos en otras empresas. “Si no hay empresas interesadas en la fabricación de genéricos, o se bloquean estas iniciativas por la compañía original, habría que organizar la producción de genéricos en un laboratorio público”, matizó el ex secretario general de Sanidad.

A nivel Europeo la situación es más complicada. No es la primera vez que Europa intenta hacer un frente común para diseñar una estrategia que garantice el acceso a los fármacos, acordando una reducción drástica de los precios. En 2014, como recuerda Gálvez, ya se intentó llevar a cabo con los fármacos de la hepatitis C. Además, como recordaron los expertos, las compañías negocian sus precios en el ámbito nacional teniendo en mente cómo puede afectar el precio fijado en un país sobre los que se fijarán en otros países. “De esta forma rechazarán acuerdos de precios más bajos, para evitar la aplicación automática mediante el sistema de precios de referencia en otro país”, explicó Lamata.

Con todo, los expertos apuestan por fórmulas como la compra centralizada, reducir el tiempo de protección de la patente y vincular la financiación de I+D al establecimiento de licencias socialmente responsables.

En el marco mundial, son partidarios de promover un convenio estableciendo mecanismos para la fijación de prioridades, la coordinación de esfuerzos de la I+D y la creación de un fondo global público. En esta línea, los autores tienen claro que los gobiernos deben abordar medidas complementarias de forma inminente: la negociación y fijación de precios más bajos; el reembolso de los medicamentos que aporten valor y la desfinanciación de los que no; alterar las patentes cuando sea necesario y darle más papel a la Unión Europea.