La semana pasada, una fundación argentina reclamó públicamente que el país no le entregue la patente a Sovaldi, el medicamento de alta complejidad para curar la hepatitis C, por considerar su precio como “exorbitante”. Según los argumentos de la entidad, el fármaco ya estaba presente en el mercado, y la exclusividad sólo hace que su valor de vuelva inalcanzable para la población. La discusión sobre cómo se fijan los precios de los tratamientos se instaló en la Argentina, que al igual que muchos otros países está presa de un sistema que no puede regular. Ante esto, especialistas y autoridades recomiendan que se utilice la producción estatal como forma de equilibrar el mercado, y destacaron los bajos valores que los medicamentos públicos pueden alcanzar.
El caso Sovaldi se sumó a otras denuncias sobre los márgenes de ganancias de la industria farmacéutica, en medio de los tironeos con el gobierno nacional por el precio de los tratamientos. Ante esto, la producción estatal aparece como una forma de regular el mercado, y según algunos, garantizar el acceso a la población. Así lo afirma la diputada nacional Carolina Gaillard (FpV-Entre Ríos), quien impulsó la ley que creó la flamante Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). “Durante muchos años los laboratorios privados pusieron el precio que quisieron, extorsionando al Estado con la amenaza del desabastecimiento”, dijo.
“Ellos saben del poder que poseen porque estamos hablando de algo tan sensible como el acceso al bien esencial que es el medicamento Da la sensación que pretenden seguir como animales de carroña (buitres) teniendo ganancias extraordinarias a costa del Estado y la salud de los argentinos. Sin dar cuenta de los considerables fondos que se han invertido desde el Estado Nacional para el desarrollo e investigación público-privada con la que han sido beneficiados la mayoría de los laboratorios privados en nuestro país”, manifestó la legisladora a través de un comunicado.
Para la diputada kirchnerista, “este hecho demuestra, una vez más, que es fundamental fortalecer la producción pública de medicamentos, poniendo en funcionamiento la ANLAP, para que elabore precios testigo y/o de referencia y así evitar los sobreprecios por parte de los privados, ya que ni la compra ni el abastecimiento de medicamentos puede quedar librado sólo a las fuerzas del mercado”. “Mientras que para los laboratorios privados la salud es una mercancía, nosotros, desde lo público, la concebimos como un bien esencial, por lo que el Estado debe garantizar su acceso con precio y calidad”, insistió la entrerriana.
La polémica sobre el precio de los medicamentos hizo que la Fundación Grupo Efecto Positivo pidiera al gobierno que limite la llegada de uno de los medicamentos de última generación al país. La entidad también ponderó la producción pública para equilibrar los problemas del mercado. “La Argentina cuenta con infraestructura y recursos humanos para fabricar medicamentos como el Sofosbuvir, tanto en el sector privado como el público”, afirmó la fundación. Respecto al principio activo no habría obstáculos para traerlo de China.
En tanto, según Médicos del Mundo (MDM), en la Argentina, en el marco de los 40 laboratorios públicos existentes, “se puede producir más del 85 por ciento de los 410 medicamentos esenciales listados por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) que son los que atacan el 95 por ciento de la patologías y enfermedades prevalentes”.
En lo que compete a la producción del propio principio activo, hay que tener en cuenta que en los laboratorios argentinos durante muchos años, y gracias a la inexistencia de la ley de patentes, se destinaron fondos públicos y privados para la producción de las drogas básicas. Pero desde 1995, la OMC solicitó a los países integrantes que conformaran un marco legal bajo la amenaza de represalias comerciales. Es así como en la Argentina, la actual Ley de Patentes entró en vigor a partir de 2003, lo que junto con ciertas desventajas económicas, generó un deterioro de los laboratorios públicos o nacionales abandonando progresivamente la producción de droga base, que hoy es provista al mundo fundamentalmente por India y China.
“Sabemos que los laboratorios privados sólo persiguen un fin de lucro y mejorar su rentabilidad, pero debemos evitar que se aprovechen de que el Estado sea el principal comprador de medicamentos para obtener ganancias extraordinarias: la rentabilidad media de los laboratorios ronda el 900 por ciento, y los precios siguen en aumento”, concluyó por su parte Gaillard.