La paradoja de las patentes de los fármacos biológicos en el TPP: el enemigo en casa

El complicado debate instalado en los Estados Unidos en torno a un posible giro en la política farmacéutica se ha complicado todavía más a la luz de las negociaciones mantenidas en torno a la propiedad intelectual de los medicamentos en el Tratado Transpacífico de Comercio (TPP), promovido por Estados Unidos y que involucra a otros 11 países: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y Chile.

Los documentos filtrados, que finalmente han venido a confirmarse tras la declaraciones de algunos países involucrados en la negociación, subrayan una paradoja en la postura que Estados Unidos mantiene en torno a los fármacos biológicos dentro y fuera del país: el plan presupuestario de Obama quiere contener su precio en Medicare, pero la postura de sus negociadores en el Tratado Trans-Pacífico podría suponer una barrera a la entrada de fármacos biosimilares, más baratos.

Actualmente, la patente de los fármacos biológicos bajo las leyes estadounidenses es de 12 años. Es más, el plan presupuestario de Barack Obama propone reducirla hasta los siete años para reducir los costes ocasionados en Medicare, Medicaid y otros programas sanitarios, un punto en que el que todavía no hay visos de consenso. No obstante, no es ésta la propuesta que Estados Unidos ha presentado a los países del TPP, sino la extensión de la protección de datos hasta los 12 años, un periodo mucho mayor que el que muchos de los países involucrados tiene aprobados y que, de aprobarse, tendría un efecto rebote en los Estados Unidos, que vería limitada su capacidad de reducir el gasto.

En Australia, la patente de los fármacos biológicos es de sólo cinco años, y en otros países con rentas más bajas, como Chile, no tiene ningun periodo de protección, lo que augura una negociación difícil, y más difícil aún tras conocer que la propuesta americana es la de ampliar a los biológicos el ‘vínculo de patentes’ que en Estados Unidos permite al regulador retrasar el permiso de comercialización de un genérico.