J. A. Cárdeno · Cristina Díaz – huelvainformacion.es.- El sistema de subastas de medicamentos implantado por la Junta de Andalucía en enero de 2012 para tratar de reducir el gasto farmacéutico se ha traducido en agudo dolor de cabeza del que no se libran las farmacias, la industria del ramo ni los propios usuarios del sistema sanitario. Los síntomas son evidentes: la facturación de las farmacias ha descendido a niveles de 2004 ya que, aunque ha aumentado ligeramente, lo ha hecho a costa de un mayor número de dispensaciones, la industria farmacéutica nacional ha perdido cuota de mercado en Andalucía en beneficio de productores extranjeros, principalmente asiáticos, y se multiplican las críticas de los pacientes, que siguen demandando una mayor libertad de acceso a los medicamentos.
La medida implantada por la Junta en 2012 otorga la exclusividad de la venta de un fármaco genérico a un único laboratorio, el que ofrezca el precio más bajo. Esto ha permitido ahorrar a la Administración pública unos 150 millones de euros desde su puesta en marcha, según confirman fuentes de la Consejería de Salud. El Estado, sin embargo, decidió recurrir esta práctica ante los juzgados y la decisión de si estas subastas son legales o no está actualmente en manos del Tribunal Constitucional.
La medida de la Junta se topó con la oposición frontal de los miembros de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), que no han participado en ninguna de las siete subastas celebradas hasta ahora y han visto así como se reducían sus ventas en Andalucía, donde pierden una cuota de mercado que representa un 20% del total nacional.
Pero esta media también afecta a los farmacéuticos, que están obligados a vender el genérico del laboratorio que haya ganado la subasta. “¿Dónde está mi libertad como profesional? ¿Por qué no puedo dispensar el fármaco que yo considere mejor para mi paciente?”, apunta un técnico de farmacia, que prefiere mantenerse en el anonimato.
Varias de las boticas consultadas relatan anécdotas de pastillas que se rompen con facilidad, pacientes descontentos porque el genérico dispensado “de forma obligatoria” no le hace el mismo efecto que antes, pensionistas que creen que les están engañando en la farmacia porque la caja no es del mismo color que la que tomaba con anterioridad, y problemas de desabastecimiento. “Tengo un paciente que asegura que se toma tres pastillas diarias de Alprazolam Aurobindo, el genérico del Trankimazin, y dice que no se duerme, que no le hace efecto”, explican en una farmacia.
Los laboratorios que se presentan a las subastas deben garantizar el abastecimiento del genérico, un compromiso que queda registrado en un contrato. Pero esto no siempre ocurre. El último caso oficial ocurrió esta primavera, cuando el laboratorio de origen indio Ranbaxy, al que la Junta de Andalucía ha concedido la exclusiva del suministro del antihipertensivo genérico Valsartan, anunció que estaría tres meses sin abastecer este fármaco, alegando problemas con la producción.
En estos casos, y con la autorización del Servicio Andaluz de Salud (SAS), las farmacias sí pueden dispensar un genérico fabricado por otro laboratorio. “Esto nos obliga a realizar un doble pedido, por lo que tenemos doble gasto y doble estocaje“, puntualiza un farmacéutico, recordando que “los medicamentos tienen fecha de caducidad”.
Fuentes del sector señalan que, en algunas ocasiones, la Junta no paga a las farmacias los medicamentos dispensados de otros laboratorios cuando hay desabastecimiento del que tiene la exclusividad del producto porque, a pesar de que en el sistema queda registrada la carencia de fármacos, la información no llega a la Administración.
Los profesionales se quejan también de la falta de representantes de estos laboratorios en España a los que poder dirigirse en el caso de algún problema. Desde la primera subasta, en enero de 2012, hasta la última, celebrada en mayo, los laboratorios que más concesiones han adquirido son el sueco Bluefish Pharma, la alemana Aristo Pharma y los laboratorios de origen indio Aurobindo S. L. y Ranbaxy S. L., al que la Agencia del Medicamento Americana le impuso una multa por no cumplir la normativa de fabricación. Entre las españolas destacan Industria Química y Farmacéutica Vir, con sede en Madrid, y la catalana Uxafarma.
“Estamos en desacuerdo y rechazamos este sistema. La subasta de medicamentos aprobada por la Junta es algo a los que nos opusimos desde un primer momento ya que consideramos que es un mecanismo que está fuera de lo que son las normas de suministro del mercado nacional. En Andalucía se nos impone un medicamento, que es el que le ofrece a laAdministración un incentivo económico. Un médico prescribe un medicamento por principio activo, por ejemplo amoxicilina 500, y entonces damos lo que dice la Junta” asegura Francisco Peinado, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva (COFH), quien argumenta que el sistema fija un nuevo régimen legal no previsto en la legislación básica estatal, “vulnerando” así competencias del Estado: “Todos los españoles deben tener el mismo acceso a los medicamentos, es decir, la Junta no tiene competencias para fijar el nuevo sistema”.
Pero la subasta de medicamentos no es el único aspecto que está perjudicando la rentabilidad del sector. Los empleados de las farmacias encuestadas apuntan también a la bajada de precios de los medicamentos financiados como otra de las causas de su crisis que, en algunos casos, según fuentes del sector, pasan a costar un 50% menos de un día para otro. “Tenemos que vender el doble de medicamentos para poder ganar lo mismo que antes”, subraya un farmacéutico, mientras que Francisco Peinado denuncia la pérdida de autonomía de las farmacias en la gestión del negocio: “Se le quita competitividad ya que al serte impuesto el medicamento no tienes capacidad de maniobra para negociar con laboratorios, no hay ley de la oferta y la demanda”.
En este sentido, el último informe del Grupo Cofares, la principal distribuidora de medicamentos en España, señala que la factura farmacéutica en oficinas comunitarias se estancó en 2014. La cifra alcanzada al cierre del ejercicio anterior fue de unos 9.300 millones de euros, una cifra similar a la de 2004, a pesar de que el número de dispensaciones se incrementó (8 millones más de recetas).
Este informe también apunta que el gasto farmacéutico creció un 1,71% hasta los 9.429 millones de euros. “Con las recetas electrónicas el SAS sí se ahorra dinero, pero somos los farmacéuticos, los que hemos tenido que invertir en un nuevo sistema informático y pagar entre 400 y 500 euros cada vez que se estropea la impresora láser y el lector de tarjeta”, se queja un técnico de farmacia.
Otros empleados del sector mencionan también al tema del copago sanitario como otro de los factores que han contribuido a erosionar la rentabilidad del sector. Los pensionistas, que antes no pagaban nada, ahora deben abonar el 10% de cada receta, con un tope mensual en función de su renta, lo que ha disuadido a muchos. “Esta medida le resta poder adquisitivo a los pensionistas y no adquieren tantos productos de parafarmacia como antes”, apuntan fuentes del sector. “Se acabaron las vacas gordas, los grandes descuentos de los laboratorios ya no existen”, menciona otro farmacéutico, para quien “el sector ya no es lo que era. Hay paro, algo que antes era impensable”.
En la misma línea se expresó Francisco Peinado, quien alerta de que el copago ha pasado factura a las farmacias. “Se ha traducido en un descenso de la demanda. Dado cómo están las pensiones en este país, es normal que los pensionistas se lo piensen mucho y eso se ha notado en la recaudación”, se queja el presidente de los farmacéuticos de Huelva, que también constata el descenso en la venta de productos de parafarmacia, debido en gran medida a la competencia de las grandes superficies: “También se ha notado ya que es lo último en que se gasta la gente el dinero”.