Es bien sabido que la investigación llevada a cabo por la Comisión internacional contra la corrupción en Guatemala (CICIG), un esfuerzo conjunto entre las instituciones guatemaltecas y la Organización de las Naciones Unidas que funciona como un fiscal internacional regulado bajo las leyes locales, sacó a la luz pública los actos de corrupción realizados por los altos funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina, a quién recientemente le dictaron tres meses de prisión preventiva.
Desde abril se había presentado el primer caso comprobado de corrupción en el que se acusaba a Juan Carlos Mozón, secretario privado de la vicepresidencia y los directivos de sistema tributario de manejar una red de contrabando en las aduanas del país; para el 20 de mayo ya se había hecho público un segundo caso: el del Instituto Guatemalteco del Seguro Social.
La junta directiva de la institución otorgó un contrato a la farmacéutica mexicana Pisa por medio del cobro de “comisiones”. Según el documento de compras con número NOG3381625, se adquirieron los servicios de “Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria para pacientes de la Unidad de Consulta Externa de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social” a Droguería Pisa de Guatemala S. A, propiedad del corporativo mexicano Pisa Farmacéutica.
CICIG verificó la existencia de una red de farmacias que participaban en procesos licitatorios fraudulentos, la relación y coordinación entre los funcionarios y los representates de Pisa y que, además, esta empresa no cumplía con los requisitos mínimos para dar la atención especializada requerida.
El Estado guatemalteco compró por 116 millones de quetzales (alrededor de 254 millones de pesos) los servicios de diálisis peritoneal que no se prestaron de la manera correcta. Por esto, se cobró entre el 15 y el 16% de “comisión” por el contrato.
El caso en México
A principios de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que un grupo de farmacéuticas, entre las que se encontraba Pisa, se coludieron para repartirse contratos de compra de insulina con el Instituto Mexicano del Seguro Social, acto que generó un daño millonario al erario público.
Cryopharma, Eli Lilly, Pisa y Probiomed se coludieron para vender insulina, entre 2003 a 2005, a un precio 57% más caro. Baxter, Fresenius y Pisa —de nuevo— hicieron los suyo con los productos de soluciones inyectables. El castigo para los responsables fue una multa de aproximadamente 151 millones de pesos a las compañías; no obstante, según El Financiero, los daños ascendieron a 667 MDP.
Son muy pocas las compañías farmacéuticas en el país, por lo que no es casualidad que un complot como el realizado haya sido posible. Las instituciones públicas de salud, sin embargo, siguen teniendo hasta el día de hoy relaciones comerciales con la farmacéutica. En el padrón de proveedores del Estado de Chihuahua, el representante de Pisa, Eduardo Royal Chavira, aparece al frente de Laboratorios PISA S.A. de C.V., Productos Hospitalarios S.A. de C.V. y Salucom S.A. de C.V; y estas tres empresas, sólo algunas de las que forman parte del corporativo, han recibido casi 3 mil millones de pesos del IMSS en los últimos tres años. La información sobre la adquisición de material y medicamento por parte de la Secretaría de Salud del Estado sólo se encuentra disponible en el último trimestre, y en este no se han hecho compras.
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