Escándalo en Argentina: Autoridades de la UBA imputadas por delitos con insumos y medicamentos
Fuente Redacción Z-ATMedios.- Desvío de millonarias contrataciones entre el Hospital de Clínicas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y diversas proveedoras de insumos y medicamentos de su propiedad.
El fiscal federal Franco Picardi imputó a cuarenta personas, entre ellas a importantes dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) porteña y ECO, y solicitó una batería de medidas probatorias.
Para Picardi, los imputados incurrieron en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y hasta administración infiel, relacionado con sobreprecios.
Los tres principales acusados son José Luis Giusti –ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas-; Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda y Administración de la UBA y titular de la (UCR) porteña; y Sergio Gastón Ricardo, ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la FCE-UBA. Los tres dirigentes están ligados a Martín Lousteau, ex candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por parte del espacio ECO.
Los imputados habrían desviado millonarias contrataciones del Hospital de Clínicas –dependiente de la UBA- hacía proveedoras de insumos y medicamentos con las cuales estaban directamente vinculados. Para llevarse a cabo, las maniobras habrían contado con la complicidad clave de quienes sucesivamente se desempañaron al frente de la Dirección de Administración del Hospital de Clínicas –Marcos Coy, Omar Quiroga y Leopoldo Bordoli– quienes habrían sido especialmente designados para cumplir ese rol.
Las maniobras
Según publicó el portal www.fiscales.gob.ar se pudo corroborar diversas contrataciones que beneficiaron a un conglomerado de empresas, entre las que se encuentran Medipack S.A., que desde el 9 de abril de 2008 hasta el 19 de marzo de 2014 obtuvo 69 contratos por más de 11 millones de pesos. Se trata de una sociedad que fue constituida en septiembre de 2003 por Diego Pellegrini, cuñado del imputado Sergio Gastón Ricardo. Es decir, quienes contrataban y eran contratados formaban parte de un “círculo íntimo”, modus operandi que se reitera en todas las operaciones bajo análisis.
El Hospital de Clínicas no es el único nosocomio en el cual se habrían producido este tipo de irregularidades: Sergio Gastón Ricardo se desempeñó también como director General de Administración del Hospital Pedro Elizalde (Ex Casa Cuna), período durante el cual se proveyó de medicamentos a través de Medipack, al menos entre 2009 y julio de 2014, aunque por cifras inferiores ($144.525). “Si bien esta cifra es muy inferior a la de la Universidad de Buenos Aires, estas contrataciones irregulares demuestran que estas personas no distinguen entre lo público y lo privado, sino que utilizan las instituciones del Estado para engrosar su patrimonio personal, y dejar de lado el tan preciado bien común por el que deben velar”, consignó el fiscal federal Franco Picardo en su presentación.
El fiscal apuntó que Yacobitti, Giusti y Ricardo formarían parte a través de Lucas Cipcic –presunto testaferro del primero- de una red de consultoras que no ofrecen ningún tipo de servicio, no obstante lo cual le facturan a la UBA. Según esa fuente, el profesional que emite la factura en cuestión recibe un 20% del monto allí consignado; quien acercó a ese profesional retiene el 10%; Lucas Cipcic obtendría un 20%; y finalmente el saldo restante (50%) se lo quedaría Yacobitti. “Para esa operatoria, habría sido clave la designación de Sergio Gastón Ricardo, en el cargo de Secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA”, indicó.
Enriquecimiento y medidas de prueba
De acuerdo a la investigación, parte del producido de las actividades ilícitas habría sido destinado por Giusti, Yacobitti y Ricardo para incrementar sus patrimonios “de manera apreciable e injustificada”, ya sea en forma directa o a través de terceras personas. Durante el período investigado Giusti viajó al exterior en veinte oportunidades y adquirió cinco inmuebles y dos vehículos. Así las cosas, el fiscal solicitó un gran número de medidas probatorias para avanzar en la investigación, entre los que se encuentran pedidos de información a organismos públicos.
