A. Rallo lasprovincias.es
Valencia,
El fiscal pide siete años de prisión para una médico que cobraba por administrar vacunas a menores de edad y adultos cuando, en realidad, les suministraba únicamente suero fisiológico. Esta práctica la desarrolló desde 2007 a 2011 con el objetivo de incrementar su patrimonio, según la acusación pública. La pediatra siempre cobraba en efectivo por los supuestos fármacos. En ocasiones, incluso se desplazaba a los domicilios de las víctimas.
La sanitaria, E. A. G., atemorizaba a los padres. Les recomendaba de urgencia las dosis porque existía un alto riesgo de contagio de diferentes enfermedades. La patología era lo de menos. Igual alertaba de la varicela, que de la meningitis o el sarampión. Casi medio centenar de familias, preocupadas por la salud de los más pequeños de la casa, mordieron el anzuelo.
La ahora acusada llegó a cobrar por vacunas que eran gratuitas. Para el resto, se encargaba de fijar un precio superior pese a que aseguraba a los padres que eran más económicas que en la farmacia. Decía que las conseguía directamente del laboratorio.
Los progenitores perjudicados confiaban plenamente en la pediatra que, en ocasiones, también había tratado a otros hijos del matrimonio. Su trabajo en el centro de salud suponía una ventaja a la hora de lograr futuros pacientes.
Los importes oscilaban entre los 70 y los 120 euros para las vacunas más simples. No obstante, era con las inyecciones contra el virus del papiloma humano (VPH) cuando obtenía los mejores márgenes. En algún caso, las administraba a las menores y aconsejaba a la madre que también lo hiciera ella. Por las tres dosis del fármaco podía llegar a cobrar hasta 600 euros, según relata el fiscal en su escrito de calificación. Sin embargo, era una estafa. La inyección sólo contenía suero.
La pediatra disponía de múltiples estrategias para convencer a los padres. En ocasiones llamaba por teléfono y le decía a los progenitores que había salido una vacuna nueva, que ofrecía una mayor protección, y que era muy recomendable que la recibieran sus hijos. Incluso llegaba a presumir de que el fármaco todavía no estaba disponible en el mercado. Ella lo había conseguido por adelantado por su buena relación con el fabricante.
Normalmente vinculaba la necesidad de las vacunas a problemas que podían presentar los menores. Por ejemplo, si el niño sufría una bronquitis insistía en que esa vacuna reduciría el riesgo de otras enfermedades relacionadas. No dudaba tampoco en presionar a los padres diciéndoles que le quedaban pocas dosis disponibles y que si llegaba otro paciente debería administrársela a él. A una de las parejas estafadas les instó a ir al hospital de Alzira, donde también llegó a pasar consulta, para vacunar a sus hijos contra la meningitis. Les alertó de que había un brote muy peligroso y que precisamente un menor se encontraba en la UVI muriéndose.
Anotaciones en las cartillas
La pediatra decidía anotar algunas de las vacunas en las cartillas de los menores sin que luego lo hiciera constar en el registro de la Conselleria de Sanidad. En otros casos, ni siquiera las inscribía en el programa Abucasis de la Generalitat.
El ministerio público considera que los hechos constituyen un delito de estafa continuado cometido por una funcionaria, y otro ilícito de falsedad documental. Solicita, en total, siete años de cárcel más 12 de inhabilitación para ejercer su profesión de pediatra. Además, exige que se devuelva a los padres todo el dinero abonado por las falsas vacunas.