Salud, patentes y dólares
Por: Juan José Hoyos.-
Es una guerra silenciosa en la que se combate sin soldados ni armas convencionales. En las batallas no hay grandes ejércitos, ni aviones, sino legiones de abogados y millones de dólares en propaganda y gastos jurídicos. Sin embargo, causa la muerte de más de 10 millones de personas en el mundo cada año.
Es la guerra contra los medicamentos genéricos emprendida por los grandes laboratorios farmacéuticos para defender su monopolio en la venta de drogas protegidas por patentes. De muchas de ellas depende hoy la vida de millones de pacientes con enfermedades crónicas.
Según Germán Holguín, presidente de la Fundación Salud, esa guerra provoca tantas muertes como la falta de agua potable. Se considera que cada día mueren más de 30 mil personas a causa de enfermedades curables porque quienes las padecen no pueden pagar los medicamentos que podrían salvarlos. Más del 90 % de estas muertes ocurren en los países en desarrollo.
“Es un problema aún mayor que el del hambre y la desnutrición —dice Holguín—. Las barreras que ha puesto la industria farmacéutica a la venta de medicamentos genéricos —una estrategia orquestada, concebida y ejecutada por las multinacionales— están causando estragos en los sistemas de salud”. También han condenado a la muerte a millones de pacientes de los países más pobres, que además ignoran las causas de su desgracia.
Por las victorias obtenidas en esta guerra, las multinacionales farmacéuticas ganan hoy más dinero que los bancos y ocupan el primer lugar en las listas de empresas más rentables, por encima de las grandes petroleras y los gigantes de las industrias aeroespacial, automotriz e informática.
Desde hace siete años, Colombia es uno de los escenarios de esa guerra. Los protagonistas son, de un lado, la empresa farmacéutica Novartis, propietaria de la patente del medicamento Imatinib —indispensable en el tratamiento de pacientes con leucemia y otros tipos de cáncer— y del otro, el pueblo colombiano y los laboratorios que producen drogas genéricas.
Según la Federación Médica Colombiana, en los últimos años el sistema de salud de nuestro país ha tenido que pagar a Novartis más de 396 mil millones de pesos por su producto Imatinib, debido a la falta de competencia en el mercado. En un comienzo, la Superintendencia de Industria y Comercio negó su patente a esa multinacional para tratar de regular su precio. La empresa demandó la decisión ante el Consejo de Estado y en 2012 este ordenó que le fuera otorgada.
Una decisión completamente distinta tomó la Corte Suprema de la India, uno de los países líderes en la fabricación de medicamentos genéricos. Esta declaró de interés público el uso del medicamento. Hoy el costo promedio del tratamiento por paciente al año con Imatinib en la India —vendido por Novartis con la marca Gleevec— es de unos 67 dólares. Aquí, el mismo tratamiento —la marca es Glivec—tiene un costo de 35 mil dólares, según el Observatorio de Farmacovigilancia de la Federación Médica Colombiana.
Esta semana, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció su intención de someter la patente de Imatinib a licencia obligatoria y declarar de interés público el uso del medicamento.
La medida anunciada por el Ministerio es justa. El derecho a la salud es un derecho irrenunciable que está más allá de las patentes. Y cuando es amenazado por la ambición de una empresa farmacéutica, los gobiernos tienen la obligación de frenar sus abusos y sancionar sus malas prácticas.
Se debe proceder sin dilaciones a declarar de interés público el Imatinib, para que los pacientes y los hospitales que lo necesitan puedan comprarlo. También, para defender la sostenibilidad financiera del sistema de salud que es patrimonio —por lo menos moral— de todos los colombianos.
Origen: Salud, patentes y dólares
