Genocidio por prescripción

Por James Petras y Robin Eastman-Abaya, 11 de julio de 2016

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La clase obrera blanca de los Estados Unidos está siendo diezmada por una epidemia de muertes prematuras, en realidad un término un tanto anodino para encubrir un descenso de la esperanza de vida de este grupo demográfico de importancia histórica. Se han realizado estudios y redactado informes que describen esta tendencia, pero sus conclusiones aún no han llegado a calar en la conciencia nacional por las razones que vamos a tratar de explicar a continuación en este artículo. De hecho, es la primera vez en la historia que en “tiempos de paz” un sector productivo tradicional experimenta un declive demográfico tan pronunciado, y el epicentro se encuentra en los pueblos pequeños y en las comunidades rurales de los Estados Unidos.

Las causas de estas muertes prematuras (morir antes de la esperanza de vida media, por lo general en unas condiciones que se pueden prevenir) incluyen un marcado aumento de la incidencia de suicidios, complicaciones no tratadas de la diabetes y de la obesidad, y sobre todo, envenenamiento accidental, un eufemismo para describir lo que en su mayoría se trata de una sobredosis de drogas ilegales y la interacción con otros medicamentos tóxicos.

Nadie sabe el número total de muertes de ciudadanos estadounidenses debido a una sobredosis de drogas y las interacciones fatales entre medicamentos en los últimos 20 años, del mismo modo que ningún organismo ha realizado un seguimiento del número de personas pobres que han muerto  por la actuación policial en todo el país, pero vamos a empezar por un conservador número redondo: 500.000 víctimas de la clase trabajadora, en su mayoría blancos, y así desafiamos a las autoridades aumentando las estadísticas y definiendo las cosas como son. De hecho, el número podría ser mucho mayor, si se incluyesen las muertes por sobredosis de medicamentos y errores en la medicación que se producen en los asilos de ancianos y en los hospitales.

En los últimos años, decenas de miles de estadounidenses han muerto de manera prematura a causa de sobredosis de drogas o interacciones con otros medicamentos tóxicos, en su mayoría relacionadas con medicamentos narcóticos para el tratamiento del dolor recetados por médicos y otros proveedores. Los causantes serían los opiáceos ilegales, principalmente la heroína, el fentanilo y la metadona, por sobredosis, pero los potentes opioides sintéticos prescritos por la comunidad médica, suministrados por las grandes cadenas de farmacias y fabricados con unos beneficios increíbles por las principales Compañías Farmacéuticas, crearon primeramente la adicción. En esencia, esta epidemia se ha promovido, está subvencionada y apoyada por el Gobierno a todos los niveles y refleja la protección de un mercado Médico-Farmacéutico que maximiza los beneficios de manera salvaje.

Esto no se ve en otras partes del mundo a tales niveles. Por ejemplo, a pesar de su inclinación hacia el alcohol, la obesidad y el tabaco, la población británica se ha librado de esta epidemia, esencialmente debido a que su sistema de salud está regulado y funciona con una ética diferente: el bienestar del paciente es valorado por encima de las crudas ganancias. Esto posiblemente no hubiera ocurrido en los Estados Unidos si su sistema nacional de salud tuviese un único pagador.

Frente al creciente aumento de los suicidios y sobredosis de opioides por prescripción médica e interacciones entre varios medicamentos entre los veteranos que regresaron de las guerras de Irak y Afganistán, el Cirujano General de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos Médicos fueron convocados a una Audiencia con carácter de emergencia en el Senado de Estados Unidos en marzo de 2010: los testimonios de los médicos militares demostraron que se habían prescrito 4 millones de potentes narcóticos en 2009, lo que suponía un aumento de 4 veces desde el año 2001. Los miembros del Senado presentes en la Audiencia, presidida por Jim Webb, de Virginia, acordaron no emitir una imagen negativa de las Grandes Empresas Farmacéuticas, ya que se encuentran entre los mayores donantes en las campañas electorales.

La década de 1960 nos trajo la imagen del soldado que regresaba de la guerra del Vietnam adicto a la heroína, algo que conmocionó al país, unos veteranos dependientes de Oxycontin y Xanax, gracias a los enormes contratos que las Grandes Farmacéuticas habían firmado con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, mientras los medios de comunicación apartaban la vista. Suicidios, sobredosis y muertes súbitas mataron a muchos más soldados que los combates.

Ninguna otra población en situación de paz, probablemente desde las Guerras del Opio de 1839, había resultado tan devastada por una epidemia de drogadicción apoyada por un Gobierno. En el caso de las Guerras del Opio, el Imperio Británico y su brazo comercial, la East India Company, buscaban un mercado para las enormes extensiones de cultivos de opio del sur de Asia, utilizaron a sus soldados y algunos mercenarios chinos para forzar la distribución masiva de opio entre el pueblo chino, tomando Hong Kong en el proceso y constituyéndose en un centro del comercio del opio. Alarmados por los efectos destructivos de la adicción de la población productiva, el gobierno chino trató de prohibir o regular el consumo de sustancias narcóticas. Su derrota a manos de los británicos marca la degradación de China a estado semicolonial durante el siglo siguiente (tales son las consecuencias más amplias de una población sometida a una adicción).

En este trabajo se identificará: (1) la naturaleza a largo plazo y a gran escala de las muertes inducidas por las drogas; (2) la dinámica de la “transición demográfica producida por la sobredosis”, y (3) la economía política de la adicción a los opiáceos. Este artículo no recoge cifras ni informes, ya que se pueden encontrar con facilidad. Sin embargo, están dispersos, son incompletos y por lo general carecen de un marco teórico para comprender, y mucho menos confrontar, el fenómeno.

Concluiremos discutiendo si cada muerte por prescripción debe ser considerada como una tragedia individual, un pesar en privado, o más bien como un crimen de las Corporaciones alimentado por su ambición o incluso un patrón muy evidente de Darwinismo Social proveído por una élite que maneja el aparato de la toma de decisiones.

Desde el advenimiento de los grandes cambios político-económicos inducidos por el Neoliberalismo, la oligarquía estadounidense se enfrenta al problema de una amplia población potencialmente conflictiva de millones de trabajadores marginados y una movilidad social que va degradando a la clase media, los desechados por la globalización, y una población rural que cada vez se hunde más en la miseria. En otras palabras, cuando el Capital financiero y las élites gobernantes ven el crecimiento de una población de trabajadores blancos que consideran inútil, empleados y pobres en este contexto geográfico, ¿qué medidas “pacíficas” se pueden tomar para facilitar y fomentar su “declive natural?”.

Un patrón similar se observó al principio de la crisis del SIDA, cuando la Administración Reagan ignoró deliberadamente el aumento de las muertes entre los jóvenes estadounidenses, especialmente entre las minorías, adoptando un enfoque moralista culpando a la víctima, hasta que la influyente y organizada comunidad homosexual exigió la intervención del Gobierno.

James Petras, ex profesor de Sociología de la Universidad de Binghamton, Nueva York, lleva 50 años en el asunto de la lucha de clases; es asesor de los Campesinos sin Tierra y sin trabajo en Brasil y Argentina, y coautor de Globalización desenmascarada (Zed Books), siendo su libro más reciente Sionismo, Militarismo y la Decadencia del Poder estadounidense (Clarity Press, 2008).Robert Eastman-Abaya es un médico defensor de los derechos humanos en Filipinas durante los últimos 29 años.

Magnitud y alcance de las muertes producidas por las drogas

En las últimas dos décadas, cientos de miles de trabajadores estadounidenses han muerto a causa de las drogas. La falta de datos concretos es un auténtico escándalo. La escasez de datos se debe a lo fragmentado del sistema, su incompetencia y la deliberada e incompleta ausencia de registros médicos y certificados de defunción, especialmente en las zonas rurales más pobres y en las pequeñas ciudades, donde prácticamente no hay ningún tipo de apoyo para crear y mantener unos registros de calidad. Esta ausencia de datos tienen múltiples facetas y está obstaculizada por los regionalismos y la falta de una dirección clara en la política de salud pública del Gobierno.

Al principio de esta crisis se intentó que los profesionales médicos y los forenses la ocultasen, certificando como naturales estas muertes debido a unas condiciones preexistentes, a pesar de las abrumadoras evidencias de que se había producido una prescripción excesiva por parte de la comunidad médica local. Hace quince o veinte años, las familias de las víctimas, aisladas en sus pequeños pueblos, pudieran haber incluso sentido un cierto consuelo al considerar la muerte como natural tras la muerte prematura de su ser querido. Es comprensible que un diagnóstico de la muerte por sobredosis de drogas supondría una enorme vergüenza social y personal de las familias rurales y de las pequeñas ciudades, cuando tradicionalmente se han asociado los narcóticos con una minoría urbana y la población penal. Se creían inmunes a los problemas de la gran ciudad. Confiaban en su médico, que a su vez confiaba en las Grandes Farmacéuticas, de modo que los nuevos opioides sintéticos no eran adictivos y por tanto se podían prescribir en grandes cantidades.

A pesar de la creciente percepción de este problema por parte de la comunidad médica local, apenas hubo intentos por parte de las administraciones públicas para educar a la población en situación de riesgo y, aún menos, intentos para frenar a la comunidad médica en su sobreprescripción y las clínicas privadas de tratamiento del dolor. Ellos, y los profesionales de enfermería y auxiliares, no aconsejaron a los pacientes de los grandes peligros de la combinación de opiáceos y el alcohol o los tranquilizantes. Muchos, de hecho, ni siquiera eran conscientes de los medicamentos que otros proveedores prescribían a sus pacientes. Es bastante corriente ver a adultos jóvenes y sanos con varias recetas extendidas por varios proveedores.

En las últimas décadas, bajo el Neoliberalismo, los presupuestos de los Departamentos de Salud de las zonas rurales se han sido fuertemente recortados debido a los programas de austeridad. Si bien, el Gobierno federal ordenó que se aplicasen caros y absurdos planes para hacer frente al bioterrorismo. A menudo, los Departamentos de Salud carecían del presupuesto necesario para pagar análisis toxicológicos forenses requeridos en la documentación para determinar los niveles de fármacos en los casos de sospecha de sobredosis entre la población.

Agravando aún más la falta de datos de calidad, no se han dado orientaciones o no ha existido coordinación entre el Gobierno federal y el estatal o la DEA regional (Administración para el Control de Drogas) en relación con una sistemática documentación y la creación de una base de datos útil para analizar las consecuencias de la excesiva prescripción de narcóticos legales. Al principio de la crisis apenas recibió la atención por parte de estos organismos.

Todos los organismos oficiales se preocuparon únicamente de la “Guerra contra las drogas”, ya que se libra contra los más pobres y las poblaciones urbanas minoritarias. Los pueblos pequeños, donde los médicos que prescriben en exceso constituyen los pilares de las iglesias locales o los clubes de campo, sufrían en silencio. Pero la mayoría de la gente seguía en calma, recibiendo una información errónea por parte de los medios de comunicación, de modo que pensaron que la adicción y las muertes relacionadas con ella era un problema interno de las ciudades, esa consideración racista de que las cárceles están llenas de jóvenes negros e hispanos por pequeños delitos o posesión de drogas.

Pero dentro de este vacío, los niños blancos de la clase trabajadora estaban empezando a marcar el 112… porque “Mami no se despierta…”. La madre con sus “parches de fentanilo prescritos” tomó una pastilla de Xanax y devastó a toda una familia. Es el prototipo de una epidemia que está provocando estragos. En todo el país estos casos están en aumento. En algunas zonas rurales la proporción de recién nacidos adictos de madres adictas está abrumando sus sistemas hospitalarios, que no están preparados para ello. Y las páginas necrológicas locales publican un número creciente de nombres y rostros jóvenes, además de los de edad avanzada, sin señalar ninguna causa en la muerte prematura de los adultos jóvenes, mientras que dedican algunos párrafos a los difuntos octogenarios.

Las recientes tendencias muestran que las muertes por consumo de drogas (tanto por sobredosis de opiáceos como por la fatal interacción entre otras drogas y el alcohol) han tenido un importante impacto en la configuración de la mano de obra local, de las familias, de las comunidades y los barrios. Esto se ha visto reflejado en la vida misma de los trabajadores, cuya vida personal y su empleo se han visto considerablemente alterados por la deslocalización de las industrias, la reducción de personal, el recorte en los salarios y de los seguros sociales. Los sistemas de apoyo tradicionales, que proporcionaban a los trabajadores perjudicados por la nueva situación, tales como sindicatos, los servicios sociales y los profesionales de salud mental, han sido incapaces de intervenir antes o después de que el flagelo de la adicción a las drogas se hubiese desencadenado.

Dinámica Demográfica de las muertes inducidas por las drogas

Casi todos los informes que se han publicado ignoran el impacto demográfico y las diferencias de clase de las muertes provocadas por las prescripciones de medicamentos. La mayoría de las muertes por el consumo de drogas ilegales han sido debida a una adicción provocada por la prescripción de narcóticos legales por parte de los médicos. Sólo cuando se produce la muerte de una persona célebre por sobredosis se convierte en noticia.

La mayoría de las víctimas han sido obreros de raza blanca de bajos salarios, con todos sus miembros en paro o subempleados. Es decir, sus perspectivas de futuro eran aciagas. Cualquier sueño de tener una familia con un salario digno en el “Corazón de América” se ha convertido en una burla. Se trata de un grupo muy numeroso dentro de la población nacional, que ha experimentado un fuerte descenso en sus niveles de vida debido a la desindustrialización. Las mayoría de las muertes por sobredosis fatales son hombres en edad de trabajar de raza blanca, pero también hay una alta proporción de mujeres de la clase trabajadora, a menudo madres con niños. Poco se ha discutido sobre el impacto en la familia numerosa por la muerte por sobredosis de una mujer en edad de trabajar. Estas familias suelen dar cobijo a las abuelas, con tres generaciones bajo el mismo techo. En este grupo demográfico, las mujeres a menudo proporcionan la cohesión y la estabilidad fundamental durante varias generaciones en situación de riesgo, incluso aunque hayan estado tomando “Oxy” para su dolor crónico.

Al parecer, las poblaciones minoritarias de los Estados Unidos han escapado hasta ahora de esta epidemia. Los negros y los hispanos ya llevan un período muy largo de depresión económica y de marginación, y la menor tasa de muertes por la prescripción de medicamentos entre sus poblaciones puede indicar una mayor capacidad de recuperación. Sin duda refleja que tienen menor acceso al sector médico privado y a su sobreprescripción, lo cual no deja de ser una paradoja: una desatención médica puede resultar en un beneficio.

Quizás haya pocos estudios que tengan en cuenta las tendencias comparativas de las muertes por sobredosis entre las minorías urbanas y en los pequeños núcleos rurales desde el punto de vista sociológico, por parte de los departamentos universitarios o los organismos de salud pública, pero la observación informal o personal me sugiere que las poblaciones urbanas minoritarias son más proclives a proporcionar asistencia a un vecino con sobredosis o a un amigo que entre la comunicad blanca, donde los adictos son más propensos a hacerlo de manera aislada y lejos de los miembros de su familia que se avergonzaría de su debilidad. Incluso la práctica de dejar a un amigo con sobredosis en la entrada de los servicios de urgencias y luego irse ha salvado muchas vidas. Las minorías urbanas frecuentan con mayor asiduidad los caóticos servicios de urgencia de las grandes ciudades, donde el personal médico ya es experto en el reconocimiento y tratamiento de las sobredosis. Después de décadas de lucha por los derechos civiles, las minorías posiblemente se muestren más dispuestas a hacer valer sus derechos en relación con el uso de los servicios públicos. Incluso tienen una cultura relativamente más fuerte de solidaridad entres las minorías marginadas en la prestación de asistencia o la toma en consideración de las consecuencias de no llevar al vecino a los servicios de urgencia. Estos mecanismos de supervivencia urbana están prácticamente ausentes de las zonas rurales blancas.

A nivel nacional, los médicos estadounidenses se muestran reacios desde hace mucho tiempo a prescribir opioides sintéticos a los pacientes de las minorías, incluso aunque tuvieran un dolor persistente. Son varios los factores de esta actitud, pero la comunidad médica no es inmune a los estereotipos del adicto o del traficante urbano hispano o negro. Tal vez este generalizado racismo médico en el contexto de una epidemia por la prescripción de opioides haya tenido, paradójicamente, algún beneficio.

Cualesquiera que sean las razones, los adictos de las minorías urbanas que presentan una sobredosis son más propensos a sobrevivir a una sobredosis de opiáceos que los habitantes blancos de las zonas rurales o ciudades pequeñas, ya que no están familiarizados con los estupefacientes y sus efectos.

En las zonas rurales y desindustrializadas de la zona central de los Estados Unidos, se ha producido una enorme ruptura en la comunidad y en la solidaridad familiar. Esto se ha unido a la pérdida de estabilidad en el empleo, que ya tenía un siglo, especialmente en los sectores agrícola, fabricación de productos y la minería. Sólo la Rusia postsoviética experimentó un patrón semejante de disminución de la esperanza de vida debido al “envenenamiento” (alcohol y drogas) en todo el país después de la destrucción del sistema socializado de pleno empleo y el desmoronamiento de todos los servicios sociales. Además de la desaparición del aparato policial soviético y el crecimiento de una oligarquimafia, el país se vio inundado por la heroína procedente de Afganistán.

Parte 1, Parte 2

Número de muertes por la prescripción de analgésicos opiáceos en los Estados Unidos

El aumento de la adicción a los opiáceos no se debe a una “elección personal”, ni es el resultado de los cambios culturales. Si bien entre las víctimas hay personas de todas las clases y diferentes niveles educativos, la mayoría son jóvenes de la clase obrera, blancos y pobres. Las hay también de otros grupos de edad, incluidos adolescentes que se recuperan de lesiones deportivas, así como ancianos con dolores articulares y de la espalda. El aumento de la adicción es el resultado de los grandes cambios en la economía y la estructura social. Las zonas más afectadas por muertes por sobredosis son aquellas que se encuentran en franco declive, prolongado y permanente, incluyendo las antiguas zonas del “Cinturón del Óxido”, pequeñas ciudades manufacturas de Nueva Inglaterra, el norte de Nueva York, Pensilvania y el sur rural, así como las regiones agrícolas, mineras y forestales del Oeste.

Se trataría más bien de decisiones ejecutivas privadas para (1) deslocalizar las empresas productivas de Estados Unidos al extranjero o zonas distantes, donde apenas existe una fuerza sindical; (2) forzar a los empleados anteriormente bien remunerados a aceptar salarios más bajos; (3) sustituir a los trabajadores estadounidenses cualificados y no cualificados por inmigrantes o empleados temporales mal pagados; (4) recortar las pensiones y los seguros sociales, y (5) introducir nuevas tecnologías, incluyendo robots, que reducen la mano de obra, convirtiendo a los trabajadores en innecesarios. Estos cambios en la relación entre el Capital y el Trabajo han generado enormes beneficios para los ejecutivos y los inversores, mientras que también ha dado lugar a la aparición de una fuerza excedente de trabajo, lo que aumenta la presión sobre los trabajadores y en primer lugar entre los más jóvenes y los empleados de mayor antigüedad. No se han llevado a cabo programas de creación de empleo para abordar las décadas de descenso del empleo bien remunerado. Los trabajos de antes se han visto sustituidos por otros con un salario mínimo, o empleos basura del sector servicios o trabajos temporales en las fábricas, mal pagados, sin protección ni prestaciones sociales. A través de todo este núcleo devastado, las grandes y caras campañas publicitarias, como “Start-Up New York”, han fracasado en crear puestos de trabajo decentes, mientras que se gastan cientos de millones de dinero público para ensalzar las políticas del Estado.

La epidemia de adicción a las drogas ha sido precisamente más letal en aquellas zonas donde se ha producido mayor pérdida del tejido industrial y han disminuido los salarios, así como en sectores deprimidos, otrora protegidos, como el agrícola y procesamiento de alimentos, donde los trabajadores sindicados han sido reemplazados por inmigrantes que cobran el salario mínimo. La pérdida de estabilidad en el empleo se ha visto acompañada de una reducción radical de los servicios sociales y tremendos recortes en las prestaciones, cuando, por el contrario, esos servicios se debieran de haber visto reforzados.

Precisamente porque el llamado “problema de las drogas” está relacionado con importantes cambios demográficos como resultado de los cambios de la dinámica Capitalista, nunca ha sido una cuestión prioritaria del Gobierno y las Corporaciones dirigidas por la élite, a diferencia de su fijación en la “radicalización” de los musulmanes o “las tendencias de la delincuencia urbana”. Las investigaciones se ocupan de las minorías o simplemente de la periferia del actual fenómeno. Unos buenos estudios y la obtención de datos habrían proporcionado una base para llevar a cabo una serie de programas públicos dirigidos a proteger la vida de los trabajadores blancos marginados y revertir esta mortal tendencia. La ausencia de investigaciones y de datos sobre este fenómeno ha dado al traste con una respuesta gubernamental efectiva. En este caso, el descuido no ha sido benigno.

En paralelo al aumento de la adicción a los opiáceos, se ha producido un astronómico aumento en la prescripción de medicamentos analgésicos y antidepresivos, todo ello muy rentable para las Grandes Farmacéuticas. El patrón de prescripción es contundente, con medicamentos potencialmente peligrosos, que alteran el estado de ánimo, tratando las ansiedades y reacciones ante el deterioro de las condiciones materiales, lo cual está teniendo enormes consecuencias. A tales personas, a menudo con prestaciones por desempleo o inscritos en Medicaid (es un programa de seguros de salud del Gobierno de Estados Unidos para la gente necesitada), se les somete a un régimen de hasta nueve medicamentos al día, además de medicamentos analgésicos contra el dolor, para así hacer frente a un mundo que se desmorona.

Un trabajo digno con un salario decente sería el modo de tratar con eficacia la desesperación de los trabajadores marginados, sin efectos secundarios desagradables o peligrosos; sin embargo la comunidad médica ha puesto de manera sistemática a sus pacientes en brazos de las Grandes Farmacéuticas. Los análisis toxicológicos post mortem a menudo descubren la presencia de muchos medicamentos analgésicos y antidepresivos, además de narcóticos, en los casos de muerte por sobredosis de opiáceos. Si bien esto puede parecer que exime de responsabilidad a los proveedores de servicios médicos a los pacientes, más bien se trataría de la absoluta impotencia de la comunidad médica para hacer frente a la descomposición social, como ha ocurrido en las comunidades marginadas donde se concentran las muertes por sobredosis de drogas.

Los estudios demográficos, como mucho, identifican a las víctimas de la adicción a las drogas. Sin embargo, la consideración de su desesperación como un problema individual se produce en un contexto específico inmediato, pasando por alto las mayores estructuras políticas y económicas, que ponen el escenario para una muerte prematura.

Economía Política de las muertes por sobredosis

Cuando el cadáver de una víctima de sobredosis, un joven de la clase obrera, se deposita en la morgue, su muerte se etiqueta como un “accidente” por sobredosis voluntaria de opiáceos y la maquinaria del encubrimiento se pone en marcha: el camino que ha conducido hasta la muerte es un misterio, sin tratar de comprender los factores socioculturales y económicos que subyacen. En su lugar, se culpa a la víctima de acabar de esta manera, sin ver el resultado final de una compleja cadena de decisiones económicas de las élites capitalistas y de maniobras políticas, de modo que la muerte prematura de un trabajador es un mero daño colateral. La comunidad médica se ha limitado a hacer de correa de transmisión de este proceso, en lugar de actuar como un agente de servicio público.

La gran mayoría de las muertes por sobredosis son, en realidad, víctimas de decisiones y pérdidas que escapan a su control. La adicción ha acortado sus vidas, pero también ha empañado la comprensión de los acontecimientos y socavado su capacidad para participar en la lucha de clases y revertir esta tendencia. Es la solución perfecta ante los previsibles problemas demográficos generados por un Neoliberalismo brutal en los Estados Unidos.

Wall Street y Washington han diseñado un modelo macroeconómico que ha eliminado los puestos de trabajo dignos, ha reducido los salarios y ha recortado las prestaciones. Como resultado, millones de trabajadores marginados y desempleados están sometidos a una tremenda presión y recurren a soluciones farmacológicas para soportar el dolor y la falta de organización. El protagonismo histórico de las organizaciones sindicales y de la comunidad ha sido arramblado. En lugar de ello, los trabajadores que han perdido sus empleos pagan a las Grandes Empresas Farmacéuticas para cavar su propia tumba, y los líderes de clase están en paradero desconocido.

En segundo lugar, el lugar de trabajo se ha vuelto más peligroso en el marco del Nuevo Orden Económico. Los responsables de la empresa ya no temen a los sindicatos, ni atienden a las normas de seguridad: muchos trabajadores resultan lesionados por el acelerado ritmo de trabajo y cada vez realizan más horas, tienen un defectuosa capacitación y hay una falta de supervisión federal de las condiciones de trabajo. Los trabajadores que resultan con lesiones, carecen de todo, de protección judicial y sindical, y temen represalias por informar de sus lesiones, de modo que cada vez recurren más a los analgésicos prescritos con receta para hacer frente a los dolores agudos o crónicos, sin dejar de trabajar.

Cuando los empleadores permiten que los trabajadores informen de sus lesiones, se produce generalmente una escasa cobertura y un tratamiento muy limitado, lo que provoca que los médicos se excedan en la prescripción de analgésicos que pueden interactuar con otros medicamentos potencialmente peligrosos. Muchas clínicas del dolor, contratadas por los proveedores de servicios médicos, están deseosas de beneficiarse de los pacientes lesionados, mientras que las Empresas Farmacéuticas promueven activamente potentes analgésicos sintéticos.

Se trata de un círculo vicioso: la producción en grandes cantidades de analgésicos por parte de la Industria Farmacéutica que ha sido uno de sus productos más rentables. Las farmacias corporativas expiden los medicamentos prescritos por miles de proveedores de servicios médicos (doctores, dentistas, enfermeras y asistentes médicos) que sólo tienen una cantidad muy limitada de tiempo para examinar a un trabajador lesionado. Las deterioradas condiciones de trabajo produce lesiones y los trabajadores se convierten en consumidores de los milagrosos analgésicos producidos por la Industria Farmacéutica, Oxycontin y sus primos, los cuales los representantes de los productos farmacéuticos han vendido como no adictivos. Una larga lista de profesionales de alto nivel, entre ellos médicos y otros proveedores, como patólogos y forenses, guardan con celo la verdadera causa, aquella que han establecido las Corporaciones, con el fin de protegerse frente a represalias en caso de que las empresas den la voz de alarma. Detrás de la fachada científica subyace un Darwinismo social que pocos están dispuestos a denunciar.

Sólo recientemente, debido al increíble número de hospitalizaciones y muertes por sobredosis, el Gobierno federal ha comenzado a destinar fondos para la investigación. Los investigadores médicos han empezado a recoger y hacer públicos datos sobre la creciente epidemia de muertes por opiáceos, ofreciendo así unos impactantes mapas de las zonas más afectadas. Se unen al coro para instar a las Agencias federales que apliquen las panaceas de costumbre: “educación y prevención”. Pero parece que esta frenética actividad ha llegado demasiado tarde y huele a cinismo.

Las subvenciones para la investigación de este fenómeno posiblemente no dé lugar a ningún programa eficaz para hacer frente a estas pequeñas “crisis del Capitalismo” que se dan en la comunidad. No hay ninguna Institución dispuesta a destapar la verdadera causa: la devastación de las relaciones laborales en unos Estados Unidos postmilenio, el carácter corrupto de las relaciones entre la Industria Farmacéutica y el Estado y su carácter caótico, impulsando unas enormes ganancias del sistema médico privado. Muy pocas personas han hablado de un Sistema Nacional de Salud de un único pagador podría haber evitado desde el principio esta epidemia.

Conclusión

¿Por qué las élites capitalista, estatal y farmacéutica mantienen un proceso socioeconómico que está produciendo un gran número de muertes entre los trabajadores y sus familiares de las zonas rurales y pequeñas ciudades de los Estados Unidos?

Nuestra hipótesis es que la moderna dinámica de las ganancias de las élites corporativas están provocando como resultado un cambio demográfico por sobredosis.

Las Corporaciones ganan miles de millones de dólares por el “declive natural” de los trabajadores innecesarios: recortando servicios sociales y prestaciones laborales, tales como seguros de salud, en pensiones, en vacaciones, en programas de formación laboral, permitiendo que los empleadores aumenten sus beneficios, plusvalías, sobresueldos de los ejecutivos… Se eliminan servicios públicos, se reducen impuestos y los trabajadores, cuando se considera necesario, se pueden importar desde el extranjero para crear un mercado de trabajo temporal en un “mercado libre de trabajo. “.

Los Capitalistas obtienen aún más ganancias por la introducción de nuevas tecnologías, como robots, automatización, etc, sin que eso suponga sin embargo una reducción en el número de horas trabajadas o un incremento en los días de vacaciones como resultado de un incremento de la productividad. ¿Por qué no repartir esas ganancias por una mayor productividad con los trabajadores, cuando lo que se hace simplemente es eliminarlos? Estos trabajadores insatisfechos lo que parece es que recurren a la solución de la pastilla, en lugar de organizarse para retomar el control de sus vidas y de su futuro.

Expertos en elecciones y en política afirman que los trabajadores estadounidenses blancos rechazan a los principales partidos del Sistema, provocando su enfado y cayendo en actitudes racistas. Estos son los trabajadores que ahora recurren a un Donald Trump. Pero un análisis más profundo revelaría el rechazo racional a unos líderes políticos que se han negado a condenar la explotación capitalista y hacer frente a esta epidemia por sobredosis.

Hay una base de clase para explicar este genocidio por narcóticos que se está dando entre los trabajadores blancos y los desempleados de las zonas rurales y pequeñas ciudades de los Estados Unidos: es la solución perfecta de las Corporaciones frente a los excedentes en la fuerza de trabajo. Es hora de que los trabajadores y sus líderes despierten ante este hecho cruel y se resistan a esta guerra unilateral de clases, y que no sigan simplemente llorando más muertes prematuras en su propio silencio entumecido por los fármacos.

Y es hora de que la comunidad médica exija un sistema público que prime la atención al paciente, el servicio por encima de los afanes de lucro y la responsabilidad por encima de la silenciosa complicidad.

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James Petras, ex profesor de Sociología de la Universidad de Binghamton, Nueva York, lleva 50 años en el asunto de la lucha de clases; es asesor de los Campesinos sin Tierra y sin trabajo en Brasil y Argentina, y coautor de Globalización desenmascarada (Zed Books), siendo su libro más reciente Sionismo, Militarismo y la Decadencia del Poder estadounidense (Clarity Press, 2008).Robert Eastman-Abaya es un médico defensor de los derechos humanos en Filipinas durante últimos 29 años.

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Procedencia del artículo:

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