Perú: Jueza pone el precio de las medicinas en manos de las grandes farmacéuticas

Por Fabiola Torres López *

Una jueza constitucional ha dictado una resolución, desapercibida hasta ahora, que obligará al Estado a pagar un recargo de más de 40 millones de soles en las compras del 2017 de medicamentos innovadores dominados por un grupo de farmacéuticas en el Perú. La decisión judicial amplía una medida cautelar previa que impide el ingreso de medicinas similares menos costosas y restringe más las ya limitadas funciones de su órgano regulador: la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Los perjudicados son los pacientes con cáncer, artritis, diabetes y VIH.

El Estado peruano pagará un excedente de 42 millones de soles en precios monopólicos para abastecer sus hospitales de medicinas innovadoras contra el cáncer y otras enfermedades crónicas en el 2017, debido a una resolución judicial que había permanecido en la sombra hasta ahora. La magistrada del Séptimo Juzgado Constitucional de Lima, Malbina Saldaña Villavicencio, hizo inaplicable la norma que reguló en marzo de este año el ingreso de productos similares más baratos al país con la ampliación de una medida cautelar que favorece a 19 empresas de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe). Esta decisión judicial obliga al Ministerio de Salud, el Seguro Social y los servicios de sanidad de las Fuerzas Armadas a disponer un presupuesto que supera los 140 millones de soles, de los cuales casi la tercera parte es un sobrecosto debido a la ausencia de competidores en el mercado, según una proyección realizada por la ONG Acción Internacional para la Salud (AIS).

JUEZA. Este es el perfil del patrimonio declarado y la carrera judicial de la magistrada Malbina Saldaña en la plataforma Suprema Fortuna de OjoPúblico.

La guerra judicial de un grupo de farmacéuticas que busca a toda costa mantener el dominio del millonario negocio de los llamados biofármacos (medicamentos elaborados a partir de organismos vivos) empezó hace ocho años, pero tuvo un episodio clave en mayo de 2014: la Alafarpe –integrada por grandes laboratorios como Roche, Pfizer, Abbott, Bristol y Johnson & Johnson– consiguió una acción de amparo que bloquea el ingreso de medicinas similares por parte de empresas competidoras. El argumento admitido en ese momento por la jueza Malbina Saldaña fue que, mientras los biosimilares no fueran regulados en el país, ponían en riesgo la salud pública y por eso debía prohibirse su importación, registro y comercio. La medida cautelar debía quedar sin efecto en marzo de 2016, cuando el saliente Gobierno publicó el esperado reglamento para el registro sanitario y la autorización de los llamados medicamentos biosimilares. Sin embargo, la Alafarpe se aseguró de que, aun cuando se promulgara la norma, esta no se pudiera implementar.

Ojo-publico.com conoció que el 14 de diciembre de 2015, tres meses antes de que el Ministerio de Salud publicara el mencionado reglamento, la jueza Saldaña dictó una insólita ampliación de su medida cautelar original, nuevamente a pedido de la Alafarpe, sin que existieran nuevos argumentos para justificarla. La última resolución prohibió no solo registrar medicamentos biosimilares, sino también reinscribir las autorizaciones de aquellos que habían conseguido permisos antes del 2014. Es decir, bloqueó toda posibilidad de acceso de los pacientes peruanos a medicinas innovadoras más baratas y mantuvo el dominio del mercado en manos de un grupo de corporaciones farmacéuticas.

AFECTADOS. Los pacientes del seguro social, los hospitales del Estado y las fuerzas armadas no pueden acceder a terapias innovadoras contra enfermedades crónicas porque los altos precios de los medicamentos hacen inmanejables los presupuestos públicos./Andina.

La jueza Saldaña resolvió que la primera medida cautelar “no garantizaba plenamente la efectividad del derecho de proteger la salud pública”, y por tanto amplió las prohibiciones. Su conducta obligó a la Procuraduría del Ministerio de Salud a presentar una queja escrita en su contra en la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) de la Corte Superior de Justicia de Lima el 21 de diciembre de 2015. La denuncia se basó en que mientras la magistrada resolvió en menos de tres meses la solicitud de ampliación de una medida que mantiene un monopolio farmacéutico, se demoró más de un año en responder la apelación del Ministerio de Salud al proceso de amparo del caso. “El fallo estaba pendiente desde el 2014 y lo postergó sin motivo razonable. Lo más grave es que cuando finalmente se pronunció, solo repitió los argumentos del gremio farmacéutico”, declaró William Oblitas Villalobos, abogado de la procuraduría, en entrevista conOjo-publico.com.

El dictamen de la jueza sobre la apelación no está basado en informes técnicos ni en evidencia científica que demuestre que los medicamentos biosimilares pueden traer resultados adversos o complicaciones en la salud de las personas. Solo toma en cuenta cartas de la Sociedad Peruana de Oncología Médica –integrada también por representantes de las farmacéuticas, según su página web– y artículos periodísticos en los que se emiten opiniones sobre la necesidad de hacer estudios comparativos a los productos competidores de los biofármacos.

AMPLIADA. Dictamen de la jueza Saldaña que amplía la medida cautelar a favor de la Alafarpe y limita las funciones de la Digemid.

Aunque la ODECMA estableció que existió una dilación indebida en este caso, el único sancionado fue el especialista legal del juzgado, Rubén Macha Medina, a quien se responsabilizó por no poner los documentos a tiempo para que la jueza retomara el caso. Se le impuso una multa del 3% de su sueldo en agosto pasado. Sin embargo, la Procuraduría de Salud apeló esta resolución para que se sancione a la magistrada, quien también ha dictado acciones de amparo a favor de otras empresas sancionadas por el Estado e impedidas de participar en licitaciones. Un reporte de setiembre de este año del Organismo Supervisor de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado (OSCE) reveló que la jueza Malbina Saldaña concedió medidas cautelares a Consultora de Estudios y Supervisión, Acruta & Tapia Ingenieros y JNR Consultores para que puedan participar en concursos públicos.

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