El convenio bilateral sobre patentes firmado por la oficina argentina INPI con su similar de los Estados Unidos (USPTO) continúa levantando polémica y hasta a generado denuncias penales contra el presidente del organismo argentino, Dámaso Pardo, el jefe de gabinete, Marcos Peña y los viceministros Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.
Según fuentes del ministerio de producción, Pardo afirma de la boca para afuera que el programa “Autopista de Patentes” (PPH) no otorgará patentes de segundo uso para medicamentos, pero abre la puerta a concesiones masivas de medicamentos sin actividad inventiva por medio del mecanismo denominado evergrenning (extender la patente de un producto mediante modificaciones insignificantes)
Pardo intentó minimizar el impacto del convenio PPH argumentando que es “un programa de procedimiento” que no afecta normas sustantivas ni exime del examen de fondo conforme las guías de patentabilidad vigentes en cada país, aunque ese procedimiento conlleve a la concesión de productos farmacéuticos.
Según el titular del INPI, “no hay delegación de competencias, ni de jurisdicción, ni de soberanías” porque se reduce “a un acuerdo de cooperación entre oficinas”, hecho que deberá responder ante la justicia argentina, de avanzar la denuncia presentada ante tribunales argentinos.
El convenio deja en manos de la llamada “primera oficina de patentes” (la USPTO), determinar “una reivindicación patentable” y definir si una invención es nueva y posee o no “altura inventiva y aplicación industrial”, (los 3 requisitos de patentabilidad) para todos los campos de la técnica incluyendo las solicitudes de patentes farmacéuticas y biotecnológicas.
La aparición del Memorando de Entendimiento entre la USPTO y el INPI que acelera el otorgamiento de patentes de empresas estadounidenses en Argentina es el mecanismo encontrado por EEUU para sortear a los parlamentos nacionales y alterar “de facto”, la ley de patentes 24.481.
