Colombia: Tensión en el Gobierno por política de precios de medicamentos

La última noticia en el marco del controvertido tema de la política de control precios de los medicamentos en Colombia tuvo lugar el pasado 25 de abril. Ese día la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, le puso su firma a un decreto que modificaba las condiciones para la declaratoria de interés público (DIP), un mecanismo administrativo con el que cuentan los gobiernos para establecer licencias obligatorias en productos específicos con problemas de oferta o precio que afecten en general a la sociedad.

Ese fue el procedimiento que empleó el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para fijar el precio del Glivec, medicamento fabricado por el laboratorio Novartis. La decisión fue necesaria, según Gaviria, pues esa medicina le costaba demasiado al sistema.

Ahora se ha abierto una nueva polémica por el decreto 670 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit); el debate está en que la norma, aunque se refiere a una reglamentación general, se expidió en medio del “fuego cruzado” entre los actores de esta pelea sobre la conveniencia o no de intervenir el mercado de los medicamentos.

Por eso, el nuevo decreto de la ministra Lacouture no cayó bien entre algunas de las partes de esta controversia. Para expertos como la abogada Carolina Gómez, quien pertenece al Centro de Pensamiento de Medicamentos Información y Poder de la Universidad Nacional, la medida expedida por el Mincit no es un simple acto administrativo de carácter general, como lo quieren hacer ver. Según ella, por el contrario, el decreto es una medida para favorecer directamente los intereses de los grandes laboratorios que están preocupados por el uso del mecanismo de la DIP, las licencias obligatorias y la fijación por vía administrativa de los precios de algunos de sus productos.

Según la experta, la prueba de que el decreto no es un simple acto de regulación general está en que el pasado 25 de enero hubo una reunión en la Casa de Nariño en la que participaron representantes de los laboratorios y los dirigentes gremiales del sector, específicamente el presidente de Afidro, Gustavo Morales, y la persona encargada de coordinar todo el proceso de ingreso de Colombia a la Ocde, Catalina Crane; en dicha reunión quedaron planteadas todas las preocupaciones del gremio por lo que venía ocurriendo con el sector en general y con el Glivec en particular.

Foto: Gustavo Morales, presidente de Afidro.

Un mes después Morales, de Afidro –gremio que representa los intereses de los laboratorios internacionales– le envió una carta al entonces secretario de la presidencia de la República, Luis Guillermo Vélez, con un asunto muy particular: “Seguimiento a conclusiones y compromisos de la reunión del 25 de enero de 2017”. La misiva, fechada el 28 de febrero, contenía un amable reclamo porque el gremio no veía avances en los compromisos adquiridos por el Gobierno en dicha reunión.

La carta pone en evidencia que el gremio se encontraba haciendo lobby ante el Gobierno y que estaba presionando por medidas específicas para revertir lo hecho por el ministro Gaviria el año pasado.

La pregunta que queda en el aire es si la norma firmada por la ministra Lacouture, expedida un mes después de la carta de Afidro al entonces Secretario de Presidencia implicaba algo para el caso específico de las medidas adoptadas por el ministro Gaviria el año pasado. Para Gómez, la respuesta es sí, por dos razones.

Primero, se modifica la composición del Comité Técnico Interinstitucional que hace la sugerencia al funcionario encargado de tomar una decisión sobre declaratoria de interés público. La modificación consistió en incluir un funcionario del Mincit en esta instancia. Eso significa que, en adelante, el sector comercio tendrá voz en la definición de las DIP en Colombia.

El segundo aspecto que fue modificado es más grave en consideración de la experta. El nuevo decreto derogó la facultad de los funcionarios públicos de fijar mecanismos para “conjurar” la situación que originó la DIP. Esto significa, por ejemplo, que si el Ministro de Salud utiliza la DIP para un medicamento, no podría, acto seguido, tomar decisiones como las que se adoptaron con el Glivec, para equilibrar la situación de precios del medicamento.

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“El tema es crítico porque, por ejemplo, representantes de la sociedad civil habían solicitado la declaratoria de interés público para medicamentos de la hepatitis C, que ya están empezando a costarle demasiado al sistema. Solo una pastilla de uno de estos medicamentos puede costar US$1.000 y el tratamiento de un solo paciente puede llegar a valer entre US$64.000 y US$84.000”, explica Gómez.

La otra versión

La ministra Lacouture aseguró que este decreto fue “expedido tras un proceso de concertación entre diversos estamentos del Estado y en coordinación con el Ministro de Salud y de su equipo técnico”.

En respuesta a Dinero, la alta funcionaria declaró que el contenido de la norma busca garantizar la aplicación técnica y objetiva del mecanismo de las DIP en Colombia.

“No estamos legislando para antender los intereses de un sector de la economía. Estamos legislando para que estas decisiones tengan más calidad técnica, más articulación y más transparencia”, aseguró la Ministra.

Insistió en que la nueva conformación del Comité Interinstitucional responde a la necesidad de tener todos los puntos de vista técnicos en las dicusiones sobre la aplicación de las DIP.

Por su parte, el presidente de Afidro, Gustavo Morales, explica que habían hecho unas recomendaciones sobre el tema, pero que muchas de ellas no fueron tenidas en cuenta en el decreto del Ministerio de Comercio.

“Nosotros creemos que el decreto es un avance modesto en mejorar los procedimientos para futuras declaraciones de interés público”, asegura. Sobre los dos temas que generaron polémica, Morales explica que, en primera instancia, las DIP aplican para todos los sectores y no son una figura del régimen de salud; son del régimen de propiedad intelectual.

El líder gremial señaló que las DIP son un mecanismo previo para justificar una licencia obligatoria; pero en el caso de Glivec se utilizó la DIP y, en vez de declarar la licencia, se fijó el precio vía acto administrativo. “Si las DIP son solo para justificar una licencia obligatoria; es decir, un permiso para explotar un producto patentado sin visto bueno del titular, está bien que no se puedan utilizar para nada más”, señaló al alabar la medida que incluyó el decreto 670.

Claramente, el debate sigue abierto. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ya anunció un nuevo paquete de medidas en materia de control de precios a los medicamentos, pues considera que este tipo de regulaciones es necesario para garantizar el cumplimiento del derecho a la salud y la estabilidad financiera del sistema. Por lo visto, esta es la primera dosis de un conflicto en el que queda mucha tela por cortar.

Origen: Tensión en el Gobierno por política de precios de medicamentos