Según publicó la periodista venezolana Lisseth Boon, la persona detenida es Isabel Rangel Baron, copropietaria de un grupo de empresas que era proveedora del Instituto Venezolano Seguro Social (IVSS) para la importación de insumos médicos.
Rangel Baron aterrizó el 24 de marzo de 2018 en Ezeiza en un vuelo de Caracas con 90 mil euros en billetes, monto que supera los 10 mil dólares en efectivo que toda persona puede ingresar al país sin declarar. Fuentes judiciales dijeron que la viajera afirmó que planeaba hacer escala en Buenos Aires para “visitar a un hijo antes de continuar su trayecto a España”.
Tras encontrar el dinero, a Rangel Baron le dictaron prohibición de salida del país y el dinero retenido fue puesto en custodia del Banco Central mientras el Ministerio Público decide si se cometió un delito penal cambiario o hubo indicios de lavado de dinero.
La causa quedó a cargo del fiscal, Leonel Gómez Barbella, quien consideró que el caso no ameritaba abrir una investigación por legitimación de capitales y decidió que hubo infracción fiscal, lo que implicaría una sanción administrativa.
Empresaria zuliana dueña del 50% de las acciones de la empresa Inversiones Rangel Baron (IRB) y propietaria de Continental Medica, C.A se presume que recibió de Cadivi hasta 331 millones 803 mil 298 dólares de Cadivi entre 2010 y 2014 por importación de insumos médicos. Continental es la matriz de una red de 19 compañías que entre el mismo período de tiempo recibió hasta 455.631.647 dólares preferenciales y cuyo principal cliente es el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (Ivss). Isabel, al igual que todos los miembros de la familia Rangel Baron, estudió derecho en La Universidad del Zulia (LUZ) y se dedicó a los negocios. En los años 80, fue proveedora de juguetes para la Gobernación del Zulia y en el 2004 llegó al Ivss.
En febrero de 2014, fue demandada junto con su hermano por el empresario José Alfredo Rodríguez, quien los acusaba de haber suplantado el contrato de su empresa Rismed Oncology Systems con el Ivss y desviar los pagos hacia su propia compañía: Rismed Dyalisis Systems. El fraude, según Rodríguez, ascendía a 1.200 millones de dólares.