Panamá, el ‘Dubái’ donde a veces no hay medicina

Pero el gran problema vino pocos meses después. Tenía que inyectarse cada 21 días una semi quimioterapia con rituximab en la Caja de Seguro Social (CSS). A la segunda sesión, su doctor le vino con la verdadera terrible noticia: inyección… no hay.

En el Dubái de las Américas medicinas a veces no hay.

Calixto tiene un marcapaso, un injerto en la piel y se trata los pulmones. De todo eso ha salido victorioso de pero el linfoma le roba la calma: ha reaccionado bien a los medicamentos, pero si se interrumpe las inyecciones, dice su nieto Carlos Pinzón, se corre el riesgo de regresar a una fase crítica.

“Sin eso, los medicamentos, voy para la tierra”, se resigna.

Así, su familia se vio obligada a hacer colecta para comprar la inyección en una farmacia privada. “Pagué $2,850 dólares”, exclama Calixto.

“Esta vez la pudimos comprar. ¿Pero y la próxima? ¿Y los que no consiguen el dinero?”, se cuestiona su nieto.

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El desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos del país es un tema recurrente con un trasfondo de espanto: burocracia en las compras, exceso de inventario en algunos medicamentos, matraqueos entre las farmacéuticas y tortura sicológica a cientos de miles de pacientes. Un gran negociado perverso.

La angustia afecta a los menos críticos, que van al hospital por una operación electiva y no hay sedantes, hasta a los pacientes más graves, que corren el riesgo de morir si alguna vez falta el medicamento que necesitan.

“Y se mueren, solo que muchos quedan en silencio, sus familiares prefieren no denunciar”, sostiene Faustina Díaz, una mujer que conoce bien la industria de la enfermedad: ella lleva décadas con diabetes, perdió a su hija por anemia falciforme y ahora preside la Asociación panameña de Pacientes Hematológicos.

El pastel de los medicamentos en los hospitales del Estado es colosal: este año hay $346 millones para comprar fármacos. $96 millones están en el Ministerio de Salud y $250 millones en la CSS.

Ambas instituciones han gastado hasta marzo $155 millones. Pero ninguno aún para el medicamento de Calixto. El contrato para comprarlo está en borrador y la farmacéutica que se ganó la licitación debe revisarlo, aprobarlo y firmarlo.

William Silen tiene once meses encargado de la logística de medicamentos en la CSS. Él trabaja desde un depósito de 4 mil metros cuadrados que tiene la institución en el barrio de Villa de Las Acacias, y que reparte a casi todo el país. Cuando llegó al cargo asegura que una compra –desde el momento en que se adjudicaba y llegaba al centro de distribución- tardaba 356 días. “Ahora se ha reducido a 150”, insiste.

Pero siempre que todo salga bien.

Y ese no siempre es el caso.

La licitación 02-2015, que la CSS lanzó a finales de 2015 por $40 millones, para comprar medicamentos para más de 70 enfermedades graves (epilepsia, bacterias sensibles, VIH, esquizofrenia, trastornos de médula ósea) es un ejemplo. Todavía, mientras usted lee esta nota, muchas de las medicinas que estaban en la compra no han llegado a las farmacias públicas.

30 empresas licitaron y dos impugnaron los términos de licitación de la CSS. La idea, dice una fuente, es ganar tiempo. El caso se fue a la Corte Suprema de Justicia y esta, con una agilidad impresionante, resolvió las demandas en noviembre de 2017. El Seguro ganó. Los pacientes y la sociedad perdieron.

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A Mirna Allen, presidenta de la Asociación para la Prevención de la Anemia Falciforme, se le nota el furor cada vez que habla del tema. Durante todo este tiempo de pujas y repujas, no hubo diclofenaco, un medicamento básico para el tratamiento del dolor. A su organización le ha tocado comprársela a pacientes que llegan sin ningún real al hospital del Estado. A ella le toca comprar los de su hija de 17 años cada vez que entra en crisis. A $4 cada uno, fácilmente una persona puede llegar a necesitar 4 al día. $16 cada noche en el hospital.

“Entonces nos preguntamos, para qué tenemos una Caja de Seguro Social. Para qué pagamos si sentimos que como pacientes de enfermedades crónicas no se nos da la importancia debida”, reclama arrebatada.

Aquí es cuando, para algunas empresas, ganar tiempo surte su efecto. Con las licitaciones trancadas legalmente, el Seguro recurre a las compras directas por emergencia.

“Usted nota la distorsión de que en la licitación amplia, de volumen, el precio es 80% menos que en la compra directa o en la compra de emergencia”, suelta el diputado Juan Carlos Arango, que dice llevar tres años investigando cómo funciona la industria de las farmacias en Panamá y por qué los hospitales públicos se quedan sin medicamentos a menudo. Ha presentado una propuesta de ley con otros dos diputados sobre el tema. En la Asamblea tienen sus reservas sobre si logrará pasar.

Porque en los medicamentos rige la ley del mercado. Si no se le ocurre a alguien que administra bien su dinero comprar un pasaje de avión en plena temporada alta tampoco se le puede ocurrir a un sistema de salud cuya base es la planificación comprar un medicamento de uso regular sobre plena urgencia.

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El Imatinib mesilato. Suena tenebroso, pero para cientos de pacientes con cáncer es su salvación. Aunque estaba en la licitación 02-2015, sí llegó a los hospitales, porque la CSS hizo 29 licitaciones pequeñas mientras se resolvía el caso en la justicia.

Panamá Compras, el portal que recoge toda la data sobre lo que licita el Estado, muestra que se compró por entre $17 y $23 la unidad de 100 miligramos. Incluso, una sola casa farmacéutica la vendía a diferentes precios.

Sin embargo, hasta la compra más barata en Panamá es cara en comparación con países vecinos: en Colombia cuesta $2.40, según la organización regional “Dime”, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que promueve en varios países de la región el acceso a información sobre precios de fármacos.

El diputado Arango sostiene que en sus investigaciones entendió que la industria considera a Panamá “por el margen de ganancia” que deja, al ser un país con poca población, con dos instituciones públicas –Minsa y CSS- que compran por separado y por tanto le restan volúmenes a sus compras (en negocios, mayor volumen significa mejores precios) y al tener una economía boyante y dolarizada.

En el resto de Centroamérica los medicamentos se venden por volumen.

La Caja ha resuelto que hará compras por tres años, como una medida para resolver la crisis.

Calixto tal vez pueda suspirar, si ocurre así. Los miles de pacientes que no están asegurados, quién sabe.