Ecuador: Las 18 toneladas de los medicamentos de la muerte

Fotos: ArcsaLa policía allanó y encontró un local con 18 toneladas de medicamentos caducados, falsificados y tóxicos que se vendían en todo el país. El suceso fue en Cuenca, donde se realiza el juicio. Los acusadores, el Ministerio de Salud y Arcsa ha calificado a este como un acto criminal que ha afectado la salud. Enormes presiones se dan en este caso, empezando por jueces que no encontraron evidencias cuando todo el Estado ecuatoriano presentó cientos de pruebas.

El juicio del siglo por la falsificación de medicamentos en el Ecuador tiene cola. Son 18 toneladas de medicina falsa y caducada que las autoridades encontraron luego de una investigación fiscal y policiaca.  Esta medicina se vendió al público, atentando contra su salud y su vida. Estos días se dio la audiencia en la Corte Provincial del Azuay.

En las audiencias se han presentado  22 testigos por parte de la acusación particular, que es el Ministerio de Salud, representado por su abogado Felipe Rodríguez. Entre los testigos están los policías que hicieron  los seguimientos y los allanamientos, con orden de juez. En los seguimientos, la Policía hizo un reporte de un mes de actividades de esta farmacéutica y determinaron que los dueños eran Andrés Vásquez y la señora María Talbot, que son conyuges y que eran tres personas más que laboraban en el lugar. Estas personas ingresaban y salían con cajas del lugar; que estas provenían de un lugar llamado San Miguel de Putushí, que queda a siete kilómetros de Cuenca. Los policías verificaron que esas cajas salían de un contenedor que estaba al lado de una edificación color blanco. Había vehículos, además: una camioneta Silverado, un Susuki color verde, un Chevrolet SZ; en una intervención detuvieron a algunos de ellos transportando cajas que estaban llenas de medicamentos. Todos los policías declararon en ese mismo sentido.

El allanamiento fue el 25 de julio del 2017 y los policías encontraron 18 toneladas de medicamentos. En el contenedor encontraron, del techo hasta el piso, medicamentos caducados incluso en el año 2001, hace 16 años. Los técnicos de la Arcsa (Agencia de Regulación y Control Sanitario) explicaron en el proceso que siempre que un medicamento va a caducar, hay que incinerarlo 60 días antes, notificando a la Arcsa y un técnico ambiental certificado realiza este procedimiento.  Se encontró además medicinas como ibuprofeno, pastillas pediátricas, medicamentos para la hipertensión, todas en fundas plásticas transparentes, tiradas en el piso al granel.

Los técnicos dijeron que se trataba de una contaminación cruzada. No puede haber, bajo ninguna circunstancia, pastillas al granel, enfundadas en plástico, ni en el piso. Había siete máquinas en el lugar allanado: una blisteadora, que pone las pastillas en un blister. Había una desblisteadoras, para sacar pastillas de los blister. Se descubrió que en el caso de pastillas y grageas se estaban sacando las caudadas de los blist y poniéndolos en nuevos, con nuevas fechas.

También se producían medicamentos en el lugar. Se encontró una maquina mezcladora en V, que es un aparato que mezcla el polvo que es el principio activo de los medicamentos,  con los excipientes. También había una encapsuladora, que es para meter los líquidos en una cápsula. Había una banda transportadora…

Las autoridades hicieron el rastreo de estos medicamentos, porque tanto la Arcsa com la Policía rastrearon estos medicamento a distintas farmacias del país. Llegaron a farmacias de más de 20 ciudades del país, en Zamora, Macas, Cuennca… Y con una aplicación web, las autoridades de control ponían el número de registro sanitario de lo incautado y se determinó que nunca tuvieron registro sanitario ¿Qué número de registro ponían, entonces? El que se inventaban. Ponían un número cualquiera como si fuera el registro sanitario. Este número de registro es fundamental para garantizar la estabilidad y eficacia de un medicamento, que han pasado a pruebas, que ha sido sometido exámenes todos los meses. Exámenes que son por muestreo y se les somete a cámaras de temperatura entre otras cosas.

Luego, a las evidencias se les hizo el examen de nivel dos. Es con un aparato que simulta el sistema digestivo del ser humano, y estas muestras, incautadas por el operativo, ni siquiera se derretían en el cuerpo, se podia incluso defecarlas íntegras; no solo eran un placeno sino algún producto desconocido, todo esto en más de 120 medicamentos diferentes. Incluso vendían vitaminas A, B y C para niños; pero bioquímicos determinaron que las medicinas mal almacenadas o que no lo sean, generan unas sales que destruyen el tracto digestivo de los niños.

También se determinó que falsificaron las etiquetas, lo cual significa que esas medicinas no tiene lote, y el problema de no tener lote es que ese medicamento no tiene lo que sería su cédula de identidad: saber cuándo fue elaborada esa medicina, dónde, en qué máquina, junto a qué otras medicinas fue elaborada… Por ejemplo, si alguien toma una pastilla de un lote de medicamentos y se intoxica, se pueden descubrir todas las pastillas de ese lote, porque con el registro sanitario y el número de lote se puede hacer  la trazabilidad de ese lote a escala nacional y se pueden recuparar todas las pastillas del lote infectado. El lote es una clave de identificación de los ejemplares de un mismo proceso de fabricación. Sólo tiene valor para el laboratorio farmacéutico. Consta de una letra mayúscula, que indica el año de fabricación, y de un número, que indica el lote.

En estos miles de medicamentos adulterados, falsificados y caducados que se vendieron en el Ecuador, hay muchos antibióticos, ¿cómo sabemos el número de personas que murieron de alguna infección grave al ingerir eso medicamentos sin que les hagan efecto alguno? Nunca se podrá saber, dice Felipe Rodríguez, abogado del Ministerio de Salud.

El sitio donde se almacenaba y procesaban estos medicamentos era un canchón rodeado de maleza, cuya disposición violaba todas las normas sanitarias. Era un espacio para por lo menos cincuenta personas, pero trabajaban unas cinco personas; estaba a descampado, sin un sitio para que las personas se cambien de ropa y se cumplan mínimas condiciones fitosanitarias; además, tenían vehículos no certificados para transportar medicamentos.

Cuando ocurrió el allanamiento, la primera llamada que recibió la Policía durante el acto judicial “fue de José Serrano, y les mandó al carajo y les dijo que no saben dónde se están metiendo”, dice Rodríguez. Es una industria clandestina y el principal acusado, a criterio del abogado, sería un testaferro.

 

Este es el informe de nuestro portal fraterno
www.milhojas.is sobre el tema:

Luego de año y medio de la incautación de 18 toneladas de medicamentos caducados, más cientos de pruebas documentales mas otros peritajes se inició el juicio contra los dueños la empresa acusada de estas ilegalidades: Mediveza. Es uno de los mayores casos de producción, desde la clandestinidad, de medicamentos inservibles y hasta perjudiciales para la salud, que luego eran distribuidos y comercializados en varias provincias del país a través de farmacias y otros puntos de expendio.  Este entramado funcionaba gracias a una organización dedicada a la falsificación, adulteración de registros sanitarios y venta de productos farmacéuticos, especialmente en el sur del país.

Hasta el 18 de diciembre el caso Mediveza será juzgado en la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay y los procesados son: Andrés Omar Vásquez Espinoza y María Isabel Talbot González.

Cómo nace esta historia en la que se habría cometido uno de los peores crímenes en contra de la salud pública?

Luego de dos meses de investigaciones, el 25 de julio de 2017 se allanaron 18 establecimientos en Cañar, Azuay, El Oro y Loja, con el despliegue del operativo “Fármaco IV” que involucró al: Grupo de Intervención y Rescate (GIR), la Policía Judicial, la Fiscalía, la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios (UDAT)  y la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).

Un un gran galpón ubicado en San Miguel de Putushí, de la parroquia Sayausí, cantón Cuenca, además de un contenedor con medicamentos caducados desde 2001, los hallazgos del operativo fueron: una infraestructura clandestina con equipos para fabricación y reacondicionamiento de fármacos, así como máquinas para re-etiquetado de frascos de jarabes y suspensiones, cambios de lotes y fechas de vencimiento en las cajas de productos farmacéuticos.

También se encontraron recipientes llenos de agua con botellas de plástico de jarabes, selladas herméticamente,  proceso empleado para facilitar el retiro de las etiquetas originales y sustituirlas por otras; productos químicos disolventes, sin las precauciones necesarias para evitar la contaminación. En los baños se acumulaban medicinas no aptas para el uso y consumo humano; cápsulas al granel en fundas plásticas, sin información sobre su procedencia, así como fecha de elaboración y composición; una máquina (desemblistadora) que se utiliza para retirar tabletas o cápsulas de un blister original; una tableteadora y una mezcladora; cajas listas para acondicionar los medicamentos para la venta con su empaque externo; cientos de etiquetas de múltiples medicamentos; y material publicitario.

El seguimiento del recorrido de los productos desde las farmacias, condujo hasta este gran galpón o nave que funcionaba, sin permiso, en esta zona rural.

Las 18 toneladas incautadas incluyeron: multivitamínicos, antibióticos, antinflamatorios, antiulcerosos, antihipertensivos y otros productos, que exhibía en su etiqueta laboratorios fabricantes extranjeros, especialmente de China, con registros sanitarios inexistentes al cotejar con las bases de datos de ARCSA.

Se capturaron a 9 personas presuntamente vinculadas con este ilícito.

Este caso no ha estado exento de polémica en la actuación judicial. El 26 de julio del 2017 se realizó la audiencia de formulación de cargos, en la que el juez Guido Chalco dictó solo medidas cautelares en contra de cinco implicados: Andrés Omar Vásquez Espinoza, María Isabel Talbot González, dos bodegueros y una secretaria. Las medidas fueron: prohibición de ausentarse del país, enajenación de bienes, así como presentarse cada 15 días en el juzgado.

Noventa días después se realizó la audiencia preparatoria del juicio (el 7 de diciembre de 2017) en la que el juez Chalco determinó que no había suficientes indicios para llamar a juicio. Por lo tanto declaró el sobreseimiento de los imputados. Respecto a los medicamentos se limitó a indicar que emitiría un pronunciamiento en el futuro y los productos incautados quedaron bajo custodia en un recinto militar.

El Consejo Nacional de la Judicatura ordenó la suspensión del Juez. Mientras la fiscalía y los abogados del Ministerio de Salud apelaron. Para entonces esta cartera de Estado ya presentó la acusación particular (el 3 de octubre del 2017), por falsificación de medicamentos, infracción tipificada en el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La apelación fue aceptada y el caso fue asumido por la sala de lo penal de la Corte Provincial del Azuay, que declaró la nulidad de lo actuado por Chalco, pues indicó que no motivó su dictamen de sobreseimiento y tampoco se pronunció sobre los medicamentos. Luego, el proceso pasó al juez Felipe Córdova, quien sí determinó que existen indicios suficientes para llamar a juicio a dos de los imputados, pues a los otros tres los sobreseyó.

Cinco meses después Córdova llamó a la audiencia de juicio y el Tribunal que procesa el caso, desde este 13 de diciembre, está integrado por los jueces: Patricia Novillo Rodas (ponente), Pablo Galarza Castro y Luis Flores Idrovo. Ellos definirán la culpabilidad o inocencia de los imputados.

Si en la sentencia se resuelve que son culpables, dada la figura por la que acusa la Fiscalía, la prisión es de hasta cinco años por el delito de producción, comercialización y distribución de medicamentos falsificados.

Aunque el Ministerio de Salud, en su acusación particular, y la ARCSA, en sus análisis del caso, han  identificado el cometimiento de un cúmulo de delitos contemplados en el COIP como el de estafa (previsto en el artículo 186), daño permanente a la salud (art 215), engaño al comprador sobre la calidad de productos o servicios vendidos (art 235), y falsificación y uso de documento falso (Art 328), la Fiscalía se concentró solo en el delito de falsificación de medicinas.

Además hay otro tipo de violaciones que deberían investigarse por cuerda separada porque existirían delitos aduaneros y tributarios dado que toda la maquinaria que utilizaban para el delito de falsificación de fármacos no está registrada en la aduana como importada legalmente.

El Ministerio de Salud ha estimado el monto de los daños y perjuicios en más de 1 millón de dólares y según el expediente del proceso señala: “en atención al Art. 77 del Código Orgánico Integral Penal… solicito la Reparación Integral de los Daños, toda vez que de la investigación se evidencia el afán de causar daño a la comunidad con la provisión de medicinas no aptas para el consumo humano…”

Por lo  tanto, las expectativas respecto a las sanciones incluye también el resarcimiento económico de los daños con el fin de que se cubra incluso la destrucción de los medicamentos falsificados y caducados con el fin de evitar que estos salgan a comercializarse y causen daños graves a la salud y también para precautelar el medio ambiente, pues deben ser destruidos bajo estándares específicos que tienen un costo.

De hecho en las audiencias previas se ha mencionado los daños que pudo ocasionarse a la ciudadanía y se ha señalado que es un tema de conmoción social porque atenta a un bien protegido por la Constitución que es la salud de la población. Sin embargo desde la misma Fiscalía no se ha abierto el abanico para delegar a otros fiscales de manera que conozcan estos otros presuntos delitos. El fiscal a cargo del caso es Jorge Cárdenas Verdezoto.

Según ha reportado la prensa cuencana, la cartera de Salud ha dicho que “ el accionar del Ministerio en el caso tiene la finalidad de “precautelar y garantizar la salud de los ciudadanos”, y anunció que se efectúan controles permanentes por la Agencia de Regulación y Control Sanitario para evitar que se registren nuevos casos de adulteración de medicinas en Azuay.

El expediente de este caso tiene más de 3.000 fojas que incluyen 152 informes técnicos de ARCSA, decenas de fotos y videos y se espera que todo esto sea valorado por el Tribunal.

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