Argentina aprobó el misoprostol ginecológico para venta en farmacias: ¿Un precedente para las mujeres en América del Sur?

21 diciembre, 2018 samanedu

Por: Daniel Salman

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina, habilitó a un laboratorio a vender misoprostrol con fines ginecológicos. Se trata de una medida significativa y relevante porque este medicamento se utiliza para interrumpir embarazos y es recomendado para tal fin por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La ANMAT dispuso dos aspectos fundamentales respecto a este medicamento: la venta en 12 comprimidos (dosis exacta para interrumpir un embarazo) y la posibilidad de adquirirlo bajo receta archivada en farmacias. Esto último amplía su acceso ya que originalmente solo era para uso hospitalario e institucional.

La medida se da en un contexto particular para el país miembro de UNASUR. En agosto de este año el Senado argentino rechazó el proyecto de ley que garantizaba el aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 12 de gestación para todas las mujeres y personas gestantes. Sin embargo, desde 1921 en Argentina existen abortos legales, también llamados “no punibles” y que se encuentran contemplados en el Código Penal de ese país.

En Argentina los abortos “no punibles” son permitidos cuando el embarazo resulta producto de una violación; corre peligro la salud física y/o mental de la madre; o existe inviabilidad extrauterina del feto. Además de Argentina, en Suramérica, los países donde está permitida esta práctica, por estos u otras causales, son: Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Perú. Sólo Uruguay y Guyana tienen aborto legal en la región suramericana.

El aborto, un problema de salud pública

El secretario de Salud de Argentina, Adolfo Rubinstein, en su exposición en el Senado cuando se debatió el tema, señaló que “el aborto es un problema de salud pública porque produce muertes evitables, sobre todo en mujeres con alta vulnerabilidad social. Los países restrictivos no reducen la muerte por abortos y como consecuencia, esta práctica aumenta de manera clandestina. Además, implica mayores costos para el sistema de salud”.

A su vez, en declaraciones a la prensa argentina, Rubinstein indicó que lo novedoso de la medida sobre el medicamento es que “hay un laboratorio que presentó un registro para que, en lugar de fabricar misoprostol mezclado con un antinflamatorio, pueda venderse solo y en la dosis justa que se necesita para interrumpir un embarazo”.

A partir de ahora, legalmente cualquier profesional de la salud que considere que existen condiciones para interrumpir un embarazo, podrá llevar a cabo el aborto con el consentimiento de la persona gestante. Este profesional podrá recetar directamente el misoprostol para que pueda ser adquirido en la farmacia.

En diálogo con Salud al Sur, la periodista argentina Estefanía Pozzo, señaló que se trata de “un avance de derechos en las personas que gestan en Argentina porque no había hasta este momento ningún medicamento orientado a ese fin, el de interrumpir un embarazo. Con la medida se está garantizando que, en el vademécum argentino, contemos con un medicamento que sea específicamente para contemplar una situación que en el Código Penal está garantizado desde 1921”.

Una medida lograda gracias a la movilización popular

La decisión tomada por el gobierno argentino fue en gran medida resultado de la lucha del movimiento de mujeres; organismos de justicia y derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la sociedad civil, entre otros.

Ángela Acosta, especialista en medicamentos y tecnologías de la salud del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS), perteneciente a la UNASUR, saluda la decisión del gobierno argentino en facilitar el acceso a este medicamento, aunque advierte que “si bien la posibilidad de acceder al mismo es una opción, sigue siendo un riesgo que no siempre se haga un acompañamiento a la mujer a lo largo de este complejo proceso. Aun en caso donde los abortos están contemplados en las respectivas normativas de cada país, siguen existiendo barreras de acceso, como podrían serlo, entre otras, la objeción de conciencia por parte de profesionales de la salud”.

Luli Sánchez, abogada de la agrupación argentina Lesbianas y Feministas por la Legalización del Aborto también dialogó con Salud al Sur y señaló que, “hasta ahora lo que sucedía era que estaba en farmacias combinado con diclofenaco y era un medicamento producido por un único laboratorio. Eso hacía que el precio fuera muy alto. Fue así que junto a otros organismos presentamos en la Secretaría de Comercio de la Nación una denuncia por abuso de posición dominante y ahora por lo menos hay dos laboratorios produciéndolo”.

¿Un precedente para Suramérica?

La decisión argentina sienta un precedente importante para la mayoría de los países de suramericanos. “Si bien está disponible desde hace mucho tiempo, en varios países de la región, la industria farmacéutica ejerce mucha presión con argumentos diversos para restringirlo y estigmatizarlo” señala Sánchez. Y agrega, “queremos que los organismos internacionales se posicionen al respecto. Vemos que de a poco lo van haciendo, pero es un camino lento”.

La decisión argentina resulta trascendente también porque situaciones como estas favorecerían la producción del medicamento en laboratorios públicos. “Tenemos entendido que el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia argentina de Santa Fe, está produciéndolo desde hace un año, pero todavía no lo lanzan al mercado. Tal vez esta medida lo impulse. Hay mucho estigma por parte de quienes lo producen, existe miedo a ser denunciado. Miedo un poco absurdo tal vez, porque es un medicamento que circula hace muchas décadas”, destaca la abogada Sánchez.

Es el rol del Estado como ejecutor de políticas públicas lo que también resalta Ángela Acosta desde el ISAGS, “si eso fomenta la producción en laboratorios públicos, está muy bien. Lo que no deben hacer los países, y en particular Argentina con esta medida, es creer que el monopolio se quiebra con la aparición de un nuevo laboratorio privado. Aun vemos que hay solo dos oferentes en el mercado argentino, tanto para uso hospitalario como ambulatorio”.

El Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI) realizó un estudio que releva los procesos de registro y disponibilidad de mifepristona y misoprostol en seis países de Suramérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay.

“CLACAI desde sus inicios ha promovido diversidad de acciones para apoyar procesos nacionales de tal forma que los países dispongan de protocolos y marcos regulatorios que faciliten el acceso al aborto con medicamentos, especialmente en aquellos países en los que el marco normativo permite el aborto en distintas situaciones (…) Sin embargo, en la mayoría de países de América Latina aún no se dispone de los insumos necesarios, tales como el misoprostol en presentación obstétrica y la mifepristona. Esta situación afecta negativamente la efectividad de la inducción del aborto con medicamentos, impone mayores costos a los servicios y dificultades a los equipos de salud para garantizar una atención de calidad, genera estrés a las mujeres y afecta la posibilidad de tomar decisiones seguras, al punto de forzarlas a continuar el embarazo”, apuntan las autoras de la investigación.

Ejercer el control ciudadano, el aporte del ISAGS

Como institución de gobierno en salud, el ISAGS, en su afán de contribuir a la democratización del acceso al conocimiento e información destaca la priorización que los países le han dado a la participación social y control ciudadano.

En ese sentido, la especialista del ISAGS sugiere hacer una consulta de los medicamentos registrados ante la ANMAT. “Con solo acceder a este link, los ciudadanos pueden ver cuál es el precio máximo recomendado para la venta por ese organismo, reclamar si hay abuso de precio en farmacias y comparar las diferentes versiones (y costo económico) de un mismo medicamento”.

Al fin de cuentas, se trata de generar y diseminar de conocimiento crítico, innovador y transformador de las políticas y sistemas de salud para la reducción de las desigualdades sociales. “Ejercer el control ciudadano y tomar decisiones bien informadas, apunta a no favorecer intereses más allá de los derechos sociales y dignificantes, en este caso, el de las mujeres y su autonomía”, concluye Ángela.