Sanciones económicas de EE.UU. impiden compra de millones de medicamentos
El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, denunció nuevamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los efectos negativos de las sanciones económicas y financieras ejecutadas por Estados Unidos (EE.UU.) contra Venezuela y replicadas por otros gobiernos del mundo.
Durante el 171 Período de Sesiones de la CIDH que se llevó a cabo en la ciudad Sucre, del Estado Plurinacional de Bolivia, explicó que la Patria ha sido sometida a diversas formas de presión económica y financiera para forzar un cambio de Gobierno.
“La pérdida de 20 millones de dólares que ha tenido nuestro país producto de las operaciones de cambio de divisas, Forex, vista la imposibilidad de poder acceder al dólar estadounidense como moneda de comercio internacional, ha tenido un impacto concreto. Con esos 20 millones de dólares, nuestro país pudiera adquirir el tratamiento y prevención de la malaria durante 3 años”, indicó Devoe.
También explicó que un embargo petrolero de EE.UU. a la nación podría representar una pérdida de 11 mil millones de dólares. Con ese dinero se pudieran adquirir aproximadamente más de 130 millones de dosis de BCG, o bien 60 millones de dosis de Polio Oral Bivalente, o 16 millones de dosis de DTWP Hep-B-HIB (Pentavalente).
“Si traducimos estas cifras en unidades de medicamentos para procesos de inmunización y de control de enfermedades, podemos ver la intención criminal del bloqueo financiero contra nuestro país por parte de Estados Unidos y otros gobiernos aliados. No están interesados en contribuir con país, esa una farsa la ayuda humanitaria”, expuso.
Asimismo, el Secretario Ejecutivo denunció la medida del Banco de Inglaterra de bloquear de manera arbitraria 1.200 millones de dólares por concepto de oro de Venezuela.
“Con esos 1.200 millones de dólares retenidos a Venezuela, sería posible adquirir cajas CLAP con 19 productos alimenticios para beneficiar mensualmente a 6 millones de hogares durante 6 meses. De eso nadie habla. Lo que se busca es asfixiar al pueblo”, sentenció.
El representante del Estado venezolano entregó todas estas pruebas y evidencias a la CIDH, quien expresó su preocupación por el impacto que las medidas coercitivas unilaterales pueden tener sobre la protección de los derechos humanos en el país.
“La CIDH, que hasta este momento había guardado un silencio cómplice, reconoció durante la audiencia que estas medidas adoptadas ilegalmente por Estados Unidos tienen un impacto sobre los derechos humanos. No puede ser de otra forma. El artículo 20 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que ningún Estado puede aplicar medidas coercitivas de carácter económico para forzar la voluntad soberana de otro Estado”, puntualizó.
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