Argentina: Investigan conexión del Ex-presidente del INPI con oficina de gobierno de los Estados Unidos

Fuentes consultadas aseguran que el comportamiento de Pardo en relación a la USPTO implica la anexión del INPI a los estándares de marcas y patentes de la oficina de Estados Unidos y que este hecho constituye una anomália en materia de propiedad industrial, que se asemeja a un accionar asociado a comportamientos de empleado a sueldo de los EEUU.

Todo comenzó cuando el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial publicó en el Boletín oficial del día 5 de diciembre de 2016 la Resolución 125/2016 firmada por el presidente del instituto, Dámaso Pardo, que modificaba la realización de exámen de fondo de las solicitudes de patentes extranjeras que ingresaran en la oficina de patentes (procedimiento que en la actualidad se realiza en la práctica de los examinadores de patentes del INPI).

Pardo, ex socio de José Alfredo Martínez de Hoz (h) en el estudio PAGBAM hasta días antes de asumir su cargo en el INPI, intentaba responder a los airados reclamos realizados por CILFA al ministro de producción de entonces, Francisco Cabrera.

Las farmacéuticas nacionales sospechan que estas resoluciones firmadas por Dámaso Pardo para convalidar el memorandum de entendimiento con la USPTO ocultaron maniobras que podrían realizarse dentro de la Administración Nacional de Patentes para intentar conceder patentes farmacéuticas de interés estratégico para empresas como Gilead, Novarties, Pfizer, Astrazéneca y biotecnológicas como Monsanto-Bayer o Syngenta.

Fuentes de CILFA aseguran que los examinadores replican los informes que provienen de las oficinas de Europa o EEUU para responder a las exigencias de producción de expedientes a las que son sometidos los profesionales de la oficina de patentes con el objetivo de reducir retrasos en los tiempos de concesión, exigidos por las empresas estadounidenses agrupadas en CAEME y AmCham.
Las empreas farmacéuticas estadounidenses agrupadas en CAEME y los abogados de la asociación argentina de agentes de la propiedad industrial (AAAPI) son querellantes en la causa judicial iniciada para derogar la Resolución conjunta que establece las Directrices de patentamiento de propductos farmacéuticos y biotecnológicos que aplica la Aministración Nacional de Patentes.Más irregularidades investigadas

Recientemente, se ha iniciado una investigación para determinar si solicitudes fueron alteradas ilegalmente (antes de entrada en vigencia la Resolución INPI N° P -56) -tanto en los expedientes físicos como en el sistema de patentes del organismo- para favorecer el otorgamiento de títulos de patentes que estaban anteriormente desitidas, pero que a la llegada de Dámaso Pardo al INPI y por medio de maniobras fraudulentas habrían sido reingresados al circuito administrativo para su concesión, hecho que motivara el desplazamiento de empleados del archívo de patentes aunque se sospecha del involucramiento de un alto funcionario del INPI a cargo de la administración del Instituto.

En aquel entonces, diputados del Frente para la Victoria presentaron un duro proyecto de resolución en el que cuestionaron la medida y exigieron que el INPI, que depende del Ministerio de la Producción, brinde “información precisa y detallada” sobre la gestión del organismo, sobre su titular y empresas a las que representaba como abogado antes de acceder a su cargo, y respecto de la resolución 56.

Los diputados también cuestionaron al titular del organismo, Dámaso Pardo, al argumentar que, según la revista “Chambers and Partners Latin American”, el estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez Artnsen y Martínez de Hoz “cuenta entre sus clientes con importantes compañías multinacionales con fuertes intereses vinculados a las patentes de invención”.

En ese sentido, mencionaron que entre los clientes del polémico estudio de abogados PAGBAM, que integraba Pardo  se encuentran empresas con intereses en el sector, como “Dow Chemical, Exxon Mobil, Shell, Hewlett-Packard, Google, Youtube, Spotify, Netflix”, entre otras. Ahora Martinez de Hoz(h) inició su nuevo estudio de abogados MHR orientado a los negocios del yacimiento “Vaca Muerta”.

El pedido de información del FpV llevó las firmas de los diputados Eduardo “Wado” de Pedro, Axel Kicillof, Lautaro Gervasoni, Martín Pérez, Abel Furlán, Mauricio Gómez Bull, Luis Bardeggia, Analuz Carol, Liliana Mazure y Matías Rodríguez.

Dámaso Pardo fue además un intenso lobista para impulsar el tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) que se encuentra en revisión legal en la Cámara de Diputados de Argentina y es exigida por las grandes empresas extranjeras y el saliente gobierno de Macri.

El presidente del INPI durante el gobierno de Mauricio Macri redujo  la concesión de patentes nacionales  un 40% aunque mantuvo la cantidad de concesión de patentes extranjeras. Asimismo logró que el canciller argentino, Jorge Faurie, lo postule como candidato por Argentina a las elecciones a director general de la OMPI a llevarse a cabo en marzo del 2020 en Ginebra.