El Supremo exime al Estado brasileño de proveer gratuitamente medicinas caras
Brasilia, (EFE).- La Corte Suprema de Brasil decidió este miércoles que el Estado no está obligado a suministrar gratuitamente medicamentos de alto coste que no figuren en las listas oficiales de medicinas distribuidas por la red pública de salud.
Según la sentencia, aunque pueden existir casos ‘excepcionales’, por regla general el Estado sólo tiene la obligatoriedad de proveer a las familias de bajos recursos aquellos medicamentos que constan en las listas del llamado Sistema Único de Salud (SUS), bajo cuyo paraguas se sitúa toda la red de hospitales públicos.
De acuerdo al Ministerio de Salud, actualmente existen cerca de un millar de medicamentos que no figuran en las listas del SUS, en su mayoría para el tratamiento de las llamadas ‘enfermedades raras’.
Los datos de ese despacho indican que, por decisiones judiciales, sólo el año pasado se ha visto obligado a desembolsar 1.370 millones de reales (unos 305 millones de dólares) de su presupuesto ordinario para responder a las necesidades de ‘pacientes específicos’.
La acción judicial fue planteada por el estado de Río Grande do Norte, en contra de la decisión de un juez que favoreció a una mujer de 83 años que requiere medicinas que no están en las listas del SUS para tratar una miocardiopatía isquémica y un cuadro de hipertensión arterial pulmonar.
Según las autoridades de Río Grande do Norte, esta decisión ha sido usada como precedente y dado lugar a otras demandas, frente a las que el gobierno regional se vio obligado a utilizar recursos de sus escasos presupuestos y a alterar la planificación anual para su ejecución.
El magistrado Gilmar Mendes, uno de los once miembros del Supremo y quien junto a otros ocho jueces conformó la mayoría que adoptó la decisión final, sostuvo que obligar al Estado a costear ese tipo de remedios ‘generaría una grave lesión al orden administrativo’.
El fallo fue similar a uno adoptado por el Supremo el año pasado, según el cual el Estado no está obligado a proveer a los brasileños de medicinas cuyo uso no ha sido autorizado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), reguladora del sector
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