Los fabricantes de vacunas presionan a la Unión Europea para lograr inmunidad legal ante posibles demandas

La carrera por obtener una vacuna para frenar la peor pandemia que se recuerda está rompiendo todos los récords de precocidad. Lo que habitualmente ha llevado años de investigación y trabajo, esta vez se puede lograr en meses. Las compañías que llevan la delantera en este “sprint” final apuntan a mediados de otoño para tener lista la vacuna y empezar a distribuirla. Pero esa rapidez impide detectar con la misma exactitud posibles fallos y efectos secundarios que sí se descubren cuando los plazos son más extensos.

Ante la posibilidad de que haya problemas con la nueva vacuna del coronavirus, las compañías farmacéuticas intentan blindarse desde un punto de vista jurídico. Y lo están haciendo presionando a la Unión Europea para lograr inmunidad legal en caso de posibles demandas. Lo ha revelado este miércoles el Financial Times.

La presión del lobby farmacéutico

“La velocidad en el desarrollo de la vacuna supone la imposibilidad de generar las mismas evidencias que normalmente se lograrían a través de extensos ensayos clínicos” se puede leer en un informe de Vaccines Europe, una división de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA) que agrupa a las compañías europeas del sector. El memorándum asegura que es probable que algunas personas sufran “eventos adversos después de la vacunación” y que podrían dar lugar “a numerosas reclamaciones por daños”. El documento apunta a que esa rapidez en la producción crea riesgos “inevitables” y por eso aboga por “un sistema de compensación sin culpa y una exención de responsabilidad civil”.

La respuesta de la Comisión Europea

La Comisión Europea, respondiendo a la información publicada por el periódico británico, ha asegurado que está actuando de la manera más rápida posible, salvaguardando siempre la seguridad del paciente. Añadió que cualquier sugerencia de que los contratos que está negociando con las empresas farmacéuticas no respetan su directiva sobre responsabilidad es “categóricamente falsa”. Pero la Comisión sí admitió que está estudiando la posibilidad de que los 27 Estados miembros de la Unión Europea indemnicen a los fabricantes de las vacunas del coronavirus a través de acuerdos de compra anticipada por “ciertas responsabilidades y para compensar los altos riesgos que asumen”.

Nathalie Moll, directora de la EFPIA, ha confirmado que las compañías que forman parte de su Federación están en conversaciones con las autoridades europeas para estudiar “un marco de compensación en caso de que haya problemas derivados de la nueva vacuna“. La EFPIA representa a compañías como AstraZeneca (que está desarrollando la vacuna de Oxford), Janssen, Novavax, GlaxoSmithKline o CureVac. Varias de estas empresas ya han llegado a un acuerdo de venta anticipada con la Unión Europea y Estados Unidos.

Qué dicen los pacientes

Las asociaciones de pacientes consideran que una exención de responsabilidad civil puede ser un precedente peligroso. Yannis Natsis, el representante de los pacientes en la Agencia Europea del Medicamento asegura que esta presión por parte de las farmacéuticas puede “minar la confianza de la población en las vacunas”. Añade también que “los gobiernos deben resistir esa presión y ser transparentes”.

Una encuesta realizada por el Instituto Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, apunta a que el 30% de los españoles no se vacunaría contra el coronavirus. Un porcentaje que crece 11 puntos en Italia (41%) y que es muy parecido al de otros países de la Unión Europea.

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