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Casi 400 organizaciones piden limitar las patentes sobre vacunas Covid

La Fundación Salud por Derecho ha informada de que “379 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo han enviado una carta a los Estados miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para pedir que apoyen firmemente la adopción de la propuesta de la India y Sudáfrica, con la que ambos países proponen la exención -siempre de aplicación voluntaria por los Gobiernos- sobre ciertas medidas de propiedad intelectual en las futuras vacunas, medicamentos y otras herramientas de la Covid-19 mientras dure la pandemia”.

Esa petición, ‘Exención de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la prevención, la contención y el tratamiento de la Covid-19’, fue realizada el pasado 2 de octubre por ambos países y se presentará los días 15 y 16 de octubre, en la reunión del Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) en la OMC.

La carta, firmada y promovida por organizaciones como Salud por Derecho y Médicos Sin Fronteras, entre otras, advierte de que, “pese a las promesas e iniciativas mundiales en los comienzos de la pandemia, la comunidad internacional está fallando para asegurar una solución política significativa que asegure el acceso global a estos productos. Ejemplo de ello es la enorme desigualdad entre países de altos y bajos ingresos para el acceso a herramientas básicas, como las pruebas de diagnóstico”.

Mientras tanto, señala esta misiva, “la industria farmacéutica afianza sus monopolios sobre las tecnologías desarrolladas bajo el amparo de la propiedad intelectual, a pesar de que, especialmente en el contexto de la pandemia, tengan detrás enormes inversiones de dinero público. Las patentes, la exclusividad de los datos y otros derechos de propiedad intelectual impiden así la posibilidad de ampliar la fabricación, la distribución y la competencia, que daría lugar a precios más bajos y a un acceso global a todos estos productos”.

Precios altos

Desde Salud por Derecho aseguran que “la propiedad intelectual sobre las tecnologías de la Covid-19 no solo se traduce en precios altos y abusivos sobre los productos y ganancias excesivas para la industria farmacéutica, sino que, ante la imposibilidad legal de compartir el conocimiento, supone también una enorme barrera para la colaboración en la investigación y el desarrollo y la fabricación a gran escala de los productos médicos de la Covid-19”.
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