EEUU: Con leyes buscan frenar aumento en precios de medicinas

Hartos de la falta de acción federal para reducir los costos de los medicamentos con receta, los legisladores estatales de todo el país están impulsando proyectos de ley para penalizar a los fabricantes de medicamentos por los aumentos de precios injustificados y para limitar los pagos a los niveles canadienses mucho más bajos.

Estos proyectos de ley, patrocinados tanto por republicanos como por demócratas en media docena de estados, son una respuesta a la intensificación de la demanda de los consumidores de que se adopten medidas sobre los precios de los medicamentos, ya que las perspectivas de soluciones por parte del Congreso siguen siendo muy inciertas.

El 87 por ciento de los estadounidenses está a favor de una acción federal para reducir los precios de los medicamentos, lo que la convierte en la segunda prioridad política del público, según una encuesta publicada por Politico y la Harvard University el mes pasado. Esta preocupación se ve impulsada por la carga que suponen los costos desembolsados personalmente para los beneficiarios de Medicare, muchos de los cuales pagan miles de dólares al año. Los estudios muestran que muchos pacientes no toman los medicamentos necesarios debido a los costos.

“Los estados estarán atentos al Congreso, pero no pueden esperar”, dijo Trish Riley, directora ejecutiva de la National Academy for State Health Policy (NASHP), que ha redactado dos proyectos de ley modelo sobre el control de los precios que algunos legisladores estatales están utilizando.

Varios informes publicados el mes pasado aumentaron la presión para actuar. La Rand Corp. declaró que los precios de lista promedio en Estados Unidos para los medicamentos recetados en 2018 fueron 2.56 veces más altos que los precios en otros 32 países desarrollados, mientras que los precios de los medicamentos de marca fueron en promedio 3.44 veces más altos.

El Institute for Clinical and Economic Review (ICER) encontró que los fabricantes de medicamentos aumentaron los precios de lista de siete medicamentos caros y ampliamente utilizados en 2019 a pesar de la falta de evidencia de mejoras clínicas sustanciales. El ICER, un grupo independiente de investigación de medicamentos, estimó que solo esos aumentos de precios cuestan a los consumidores estadounidenses mil 200 millones de dólares más al año.

Los legisladores demócratas de Hawái, Maine y Washington introdujeron recientemente sendos proyectos de ley, basados en uno de los modelos de NASHP, que impondrían un impuesto del 80 por ciento sobre los aumentos de precios de los medicamentos que el ICER determina en su informe anual que no están respaldados por la evidencia de un mejor valor clínico.

Según este modelo, después de obtener la lista de medicamentos del ICER, los estados exigirían a los fabricantes de esos medicamentos que informaran sobre las ventas totales en el estado de sus medicamentos y de la diferencia de precios respecto del año anterior. Después, el estado aplicaría el impuesto al fabricante. Los ingresos generados por el impuesto se utilizarían para financiar programas que ayuden a los consumidores a pagar sus medicamentos.

“No pretendo recaudar más impuestos”, dijo el senador demócrata Ned Claxton, promotor del proyecto de ley en Maine y médico familiar jubilado. “El mejor resultado sería que las compañías farmacéuticas simplemente vendieran a un precio más bajo”.

Del mismo modo, el gobernador de Massachusetts, el republicano Charlie Baker, propuso una penalización sobre los aumentos de precios en una variedad más amplia de fármacos como parte de su nueva propuesta presupuestaria, proyectando que recaudaría 70 millones de dólares en su primer año.

Mientras tanto, legisladores republicanos y demócratas de Hawái, Maine, Dakota del Norte, Oklahoma y Rhode Island han presentado proyectos de ley que fijarían las tarifas pagadas por los planes de salud estatales y comerciales (excluyendo Medicaid) para hasta 250 de los medicamentos más costosos a las tarifas pagadas por las cuatro provincias canadienses más pobladas. Esto podría reducir los precios en un promedio del 75 por ciento, según la NASHP.

Legisladores de otros estados tienen previsto presentar proyectos de ley similares, según Riley.

Los fabricantes de medicamentos, que tienen un formidable poder de presión en Washington, D.C., y en los estados, se oponen ferozmente a estos esfuerzos. “Los resultados de estas políticas solo harían más difícil que la gente obtuviera los medicamentos que necesita y amenazarían a la innovación crucial necesaria para sacarnos de una pandemia”, escribió en una declaración la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, el grupo comercial de la industria.

Colorado, Florida y varios estados de Nueva Inglaterra aprobaron previamente leyes que permiten la importación de medicamentos más baratos desde Canadá, un esfuerzo firmemente promovido por el ex presidente Donald Trump. Pero esos programas aún se están desarrollando y cada uno necesitaría una luz verde federal.

Los proyectos de ley bipartidistas en el Congreso que habrían penalizado a los fabricantes de medicamentos por aumentar los precios por encima de las tasas inflacionarias y limitado los costos de los medicamentos desembolsados por los inscritos en los planes de medicamentos de la Parte D de Medicare murieron el año pasado.

“Si esperáramos al Congreso, tendríamos musgo en la espalda”, dijo la senadora del estado de Washington Karen Keiser, demócrata que patrocinó el proyecto de ley del estado para gravar las alzas de precios de los medicamentos.

Según los datos del ICER, dos de los medicamentos que podrían ser objeto de sanciones fiscales en virtud de la legislación son Enbrel y Humira, productos de gran éxito utilizados para tratar la artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes.

Desde que adquirió Enbrel en 2002, Amgen ha aumentado el precio un 457 por ciento, hasta 72 mil 240 dólares por un año de tratamiento, según un informe del otoño pasado del House Committee on Oversight and Reform.

En una declaración escrita, Amgen negó que el aumento del precio de lista de Enbrel no esté respaldado por pruebas clínicas y dijo que la empresa se asegura de que todos los pacientes que necesitan sus medicamentos tengan un “acceso significativo” a ellos.

El precio de Humira, el medicamento más vendido del mundo, con 20 mil millones de dólares en ventas globales en 2019, ha subido un 470 por ciento desde que se introdujo en el mercado en 2003, según AnalySource, una base de datos de precios de medicamentos.

En cambio, AbbVie rebajó el precio de Humira en Europa un 80 por ciento en 2018 para igualar el precio de los productos biosimilares disponibles allí. Las patentes de AbbVie bloquean esos medicamentos biosimilares en Estados Unidos.

AbbVie no respondió a las solicitudes de comentarios para este reportaje.

Los fabricantes afirman que el precio de lista de un medicamento es irrelevante porque las aseguradoras y los pacientes pagan un precio neto significativamente menor, después de obtener rebajas y otros descuentos.

Pero muchas personas, especialmente las que no tienen seguro, están en Medicare o tienen planes con deducibles elevados, pagan parte o todo el costo según el precio de lista.

Katherine Pepper, de Bellingham, Washington, ha sentido la mordedura del precio de lista de Humira. Hace varios años, se retiró de su trabajo como analista de gestión para irse con la Seguridad Social por discapacidad y a Medicare debido a su artritis psoriásica, su diabetes y sus problemas gastrointestinales.

Cuando se inscribió en un plan de medicamentos de la Parte D de Medicare, se vio sorprendida por su parte del costo. Dado que Pepper paga el cinco por ciento del precio de lista de Humira tras alcanzar el umbral de costes catastróficos de Medicare, el año pasado gastó unos 15 mil dólares en el medicamento.

Medicare no permite que los fabricantes de medicamentos cubran los costos de copago de los beneficiarios por la preocupación de que esto pueda inducir a más beneficiarios y a sus médicos a elegir medicamentos de alto costo y aumentar el gasto federal.

Muchos pacientes con artritis reumatoide y otras formas de artritis se ven obligados a cambiar de Enbrel o Humira, que pueden inyectarse ellos mismos en casa, a otros fármacos que se infunden en la consulta de un médico cuando pasan a tener Medicare. Los medicamentos de infusión están cubiertos casi en su totalidad por el programa de la Parte B de Medicare para la atención ambulatoria. Pero el cambio puede complicar la atención del paciente.

“Muy pocos pacientes de la Parte D pueden permitirse los (medicamentos inyectables) porque el copago puede ser muy elevado”, explicó el doctor Marcus Snow, reumatólogo de Omaha, Nebraska, y portavoz del American College of Rheumatology. “Las cuentas se ponen muy feas muy rápidamente”.

Para seguir tomando Humira, Pepper acumuló grandes deudas de tarjetas de crédito, agotando la mayor parte de sus ahorros. En 2019, ella y su marido, que está jubilado y con Medicare, vendieron su casa y se mudaron a un apartamento rentado. Ella escatima en sus medicamentos para la diabetes para ahorrar dinero, lo que ha afectado su salud, causando problemas en su piel y visión, señaló.

También ha recortado el gasto en comida, y a menudo ella y su marido solo hacen una comida al día.

“Ahora me encuentro en una situación en la que tengo que hacer de ruleta rusa, girar la rueda y averiguar de qué puedo prescindir este mes”, dijo Pepper.