Los monopolios farmacéuticos del sistema mundial de patentes
Por Fabián Pena *
Transcurrieron más de 20 años desde la entrada en vigencia de los Acuerdos sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPICs): un tratado colonial acordado por las principales corporaciones de EEUU, administrado por la OMC e impuesto al resto del mundo para controlar los mercados de productos y servicios basados en monopolios temporales mediante el registro de las patentes, las marcas y los derechos de autor.
En estas dos décadas y a partir del patentamiento de productos medicinales, las compañías farmacéuticas aumentaron sus ganancias de manera extraordinaria al apoderarse en gran parte del conocimiento acumulado por miles de investigadores y tecnólogos, financiados en mayor proporción con recursos públicos provenientes de los impuestos pagados por los ciudadanos, depositando el lucro en paraísos fiscales. Por ejemlo Pfizer, con sus principales accionistas Vanguard Group y Blackrock, es la primera de las ganadoras farmacéuticas en el ranking de empresas en el indice bursatil S&P 500 y concentra ahora aún más ganancias con la venta de su vacuna contra el covid, estimada en 36.500 millones de dólares para el año 2021.
El Acuerdo NO se ha traducido en un mejor acceso a los medicametos de la mayor parte de la población mundial. ¿Porqué?
El Sistema Mundial de Patentes
La patente que otorga un Estado a una empresa a cambio de un monopolio temporal de producción y comercialización por al menos 20 años a partir de la fecha de solicitud, impide generar cantidades suficientes de un bien, pues la exclusividad que conceden las leyes de patentes sobre la propiedad de una tecnología restringe el uso de ese conocimiento y excluye a los competidores/rivales de su fabricación, so pena de juicios multimillonarios. Este mecanismo posibilita que las empresas puedan fijar precios de mercado sin relación directa con los costos de producción durante el período de vigencia de una patente: los precios son además diferenciados según la capacidad de pago de los países.
Cuando se trata de un medicamento que efectivamente previene, trata o cura una enfermedad, este sistema de patentes exclusivo-excluyente utilizado por las empresas pone en riesgo la vida de millones de seres humanos, al limitar la producción y distribución de estos bienes. El sistema de patentes que adoptan las empresas no comparte inmediatamente el conocimiento con otras de forma colaborativa, ni transfiere la información no revelada en los documentos de patente, suficiente para llevarlos a cabo: se mantienen como secreto industrial.
El mito de la transferencia de “know how” (saber como) desde los países más avanzados (concentran el 85% de las patentes) a los menos avanzados tecnológicamente promocionado desde los organismos globales de propiedad intelectual se derrumbó en la actual epidemia.
De esta forma, el sistema de gobernanza mundial de las patentes y marcas del capitalismo no solamente obstaculiza el avance de la ciencia y la tecnología para el progreso de la humanidad, sino constituye un instrumento de acumulación de ganancias para los accionistas y de control de mercados; asimismo es un condicionamiento geopolítico hacia los gobiernos del Sur.
Los Estados de países en desarrollo poco o nada pudieron accionar para modificar el “status quo” establecido por las corporaciones farmacéuticas internacionales, quienes imponen un gasto a los Estados de cada vez más recursos de los presupuestos de salud que experimentan, año tras año, un aumento en el item compras de “medicamentos y tecnologías médicas” con gasto de divisas por importaciones.
Las oficinas de patentes y las agencias reguladoras de medicamentos “autárquicas” de cada país -bajo lobby de las farmacéuticas- son la puerta de entrada de las nuevas moléculas patentadas en los países centrales por la USPTO–EPO o de las especialidades medicinales de alto precio, mediante normativas de aprobación rápida, que permiten el ingreso de los productos aprobados inicialmente por la FDA–EMA e ingresados luego en cada mercado regional o territorial.
El lobby movilizado en todo el mundo a través de las cámaras farmacéuticas, empresariales y de comercio continúa con su trabajo de anexión de las empresas prestadoras de servicios médicos, las sociedades médicas, sectores de los profesionales de la salud, las universidades privadas y los centros de investigación, asignando fondos y pauta publicitaria a los medios de comunicación que moldean el comportamiento y la opinión ciudadana, creando una sociedad sobremedicalizada de consumo crónico “de marcas” mediante la receta médica (a pesar de leyes de genéricos) y dispensados en las farmacias clínicas o cadenas de locales distribuidas por los países.
Así, el proceso que concluye en el uso de un medicamento, se inicia luego de la I+D privatizada por las farmacéuticas, ensayos clínicos, aprobación de una agencia regulatoria y una o varias solicitudes de patente presentadas en la oficina de propiedad intelectual de cada país.
El sistema de patentes permite además que las farmacéuticas extiendan en el tiempo los precios elevados de un fármaco mediante la solicitud de patentes de “segundos usos médicos” o realizando insignificantes (obvias) modificaciones en su estructura molecular para reivindicar el medicamento como “innovador” con el objetivo de prolongar el plazo de vigencia de la patente.
Con estas maniobras, incluso en los EEUU, el gasto en medicamentos protegidos por patente y marcas representa un 78% del gasto total de medicamentos prescriptos, el 22% restante corresponde a genéricos. En promedio, se estima que en países de ingresos medios, algo más del 30% del presupuesto de salud se dirige a las compras de fármacos y, los medicamentos de alto precio, representan aprox. el 50% del total de este gasto.
Pfizer como ejemplo
La trampa de las patentes promocionadas desde organismos internacionales como fomento a la innovación puede verse claramente con el ejemplo del medicamento Palbociclib (marca Ibrance) de Pfizer: un fármaco utilizado en el tratamiento del cáncer de mama que tiene un precio de 13.000 dólares para un frasco de 21 cápsulas.
El laboratorio (Warner-Lambert) que solicitó originalmente la patente que protege el principio activo del palbociclib fue comprado en el año 2000 por Pfizer, quien desde entonces posee el monopolio exclusivo y excluyente del palbociclib facturando en 2018 unos 5.000 millones de dólares (3.500 millones en EEUU) – actualmente la mayor ganancia de la compañia despues de la vacuna anticovid. Pfizer nunca estableció licencias o transfirió la tecnología a ningún otro laboratorio del mundo, no permitió que la competencia de genéricos ingrese a EEUU hasta el año 2027, porque logró extender la vigencia de su patente por autorización de la corte suprema de justicia de ese país.
Pfizer presentó hasta el momento 1792 solicitudes de patente en todo el mundo para impedir que terceros fabriquen el medicamento. Cuando la patente caduque e ingrese en el dominio público fuera de Estados Unidos hacia inicios de 2023, ya habrá empresas de la India y de otros países que estarán preparadas para comercializar su palbociclib genérico a precios inferiores.
La USPTO aprobó recientemente una patente de palbociclib de Pfizer para extender nuevamente el monopolio en EEUU y el resto del mundo.
Independencia farmacéutica
Los representantes de la industria farmacéutica argumentan a modo de extorsión global, que sin acceso a todos los conocimientos técnicos (que ellos apropiaron y acaparan), una exención o suspensión de patentes no aumentaría la producción y podría dar lugar a problemas de calidad, seguridad y eficacia, y posiblemente incluso a falsificaciones.
Una de las opciones que tienen los gobiernos en pandemia ante el bloqueo de los algunos países centrales en la OMC a la suspensión temporal de las patentes de vacunas en el seno de la OMC (exigida por más de un centenar de países), es directamente, por cuestiones de emergencia sanitaria, declarar de “uso público no comercial” a las vacunas y los medicamentos esenciales para el tratamiento del covid (tal como varias leyes nacionales contemplan) permitiendo la fabricación a un tercero para que el Estado pueda abastecer su demanda, estableciendo una compensación razonable al titular de la patente por el período de la emergencia sanitaria.
Es evidente que el sistema mundial de patentes vigente no responde a la actual realidad sanitaria de la humanidad, retrasa la producción de vacunas, prolonga la pandemia, mantiene en crisis al propio sistema económico mundial ante la posibilidad de propagación de nuevas variantes del virus pandémico.
Hoy más que nunca, se torna de vital importancia alcanzar independencia farmacéutica desarrollando capacidades estatales en ciencia y tecnología propias, con un control político más estricto sobre las oficinas de patentes al momento de otorgar monopolios, elaborando ingredientes farmacéuticos activos a nivel local, impulsando definitivamente la producción pública de medicamentos y reforzando el poder regulador de las agencias estatales sobre los medicamentos de alto precio que circulan en el mercado mundial.
Las vacunas como bienes globales de “dominio público”, es decir, no susceptibles de patentamiento, con la información suficiente de la tecnología necesaria para su producción, disponible a la comunidad científica, es una de las salidas ya planteadas por varios gobiernos de países en desarrollo, que se impone ante la permanencia de un virus que continúa amenazando a 7.500 millones de seres humanos.
*Fabián Pena es ingeniero químico y especialista en gestión de la propiedad intelectual.
