Análisis de la Orden Ejecutiva firmada por Trump sobre el precio de los medicamentos en EE.UU.

Cuando el presidente Trump toma del campo internacional el principio de la Nación Más Favorecida que se aplica a las relaciones comerciales entre países, compara los bajos precios que se pagan por medicamentos producidos en EEUU en otros países desarrollados, con los altos precios que pagan los estadounidenses por los mismos fármacos en su propio país.

Tal parece que la intención es igualar ambos precios argumentando que EEUU debe recibir el mejor trato (o precio) que se le ofrece a cualquier otra nación en acuerdos comerciales. La medida reduce un problema complejo a una mentira simple: que los estadounidenses estan subsidiando a los demás países. Este argumento no considera el resto de factores que influyen en el proceso de formación de precios.

Las grandes farmacéuticas estadounidenses (de donde han salido ministros de defensa, agricultura, procuradores, etc.) capitalizan los beneficios de un mercado donde el gasto en medicamentos alcanzará por lo menos unos 600.000 millones de dólares para 2025.

Cuando realizan exportaciones, estas empresas gozan de ventajas fiscales y financieras, trasladando sus ganancias a países con impuestos mínimos, lo que reduce sus costos globales sin que ello tenga incidencia en los precios que cobran en EEUU.

Ciertamente gran parte de la investigación está financiada por fondos públicos y esto disminuye los costos de desarrollo, pero ese ahorro tampoco se traslada a los precios que pagan los estadounidenses, quienes en 2019 gastaron casi 67.000 millones de dólares solo en medicamentos para la diabetes. Después de todo, la especulación es un sacrosanto derecho del capitalista.

Tanto el mercado doméstico estadounidense como los mercados extranjeros funcionan bajo reglas diferentes, que en muchos casos favorecen a estos últimos. La falacia consiste en asumir que el mercado estadounidense subsidia al extranjero, cuando en realidad existen distintos factores que influyen en la formación de precios. Por ello, equiparar los precios no garantiza una solución inmediata ni directa.

Parte de la estrategia empresarial destinada al mercado exterior consiste en mejorar la tasa de ganancia mejorando la relación entre costos y precios. Los costos se ven favorecidos por las políticas de los países importadores (o compradores) que:

1) Exigen el pago de los mínimos impuestos –el 1% en una buena parte de los casos-, 2) Brindan acceso a financiamiento con bajas tasas de interés, 3) Permiten el monopolio comercial de hecho o de derecho, 4) No aplican límites a las tasas de ganancia, 5) Consolidan compras aplicando negociaciones colectivas y 6) Tienen políticas de subsidios y control de precios.

Las mismas empresas farmacéuticas que gozan de todos estos mecanismos de incentivo, también son favorecidas en EEUU con medidas como: 1) Acceso a incentivos a la exportación como subvenciones STEP, programas de financiamiento de exportaciones de la SBA y asistencia técnica a través de centros de apoyo federal y estatal, 2) Se permiten aumentos acelerados de precios en EEUU que no guardan relación con el valor clínico del medicamento, 3) No hay un sistema centralizado de control de precios y 4) Los tratados internacionales permiten a las farmacéuticas minimizar el pago total de impuestos a nivel mundial y exportar a mercados con precios regulados, sin reducir proporcionalmente sus costos. Las Prácticas desleales del comercio también les contribuyen a mejorar la relación entre costos y precios, por ejemplo, manteniendo precios bajos selectivamente para bloquear la competencia en los países importadores, entre muchas otras conductas monopólicas.

Igualar los precios domésticos del mercado estadounidense con los de los “países más favorecidos”, puede impactar negativamente a naciones como Venezuela y otros países latinoamericanos, donde la capacidad de producción y acceso a medicamentos es aún limitada. Aunque Venezuela ha logrado aumentar su producción de medicamentos y registra un crecimiento sostenido en su sector farmacéutico (14,6% de aumento en 2025 y precios promedio accesibles, alrededor de 3,40 centavos de dólar por unidad), la imposición de precios internacionales más bajos podría presionar a los productores locales y encarecer la importación de fármacos especializados, especialmente los de alto costo, que aún no se fabrican en el país. Esto podría agravar las dificultades para garantizar el abastecimiento y la soberanía sanitaria en contextos económicos ya complejos, afectando la salud pública nacional y regional, así como el grado de soberanía farmacéutica que se ha alcanzado tras años de esfuerzo.

En cuanto a las medidas concretas, la orden propone negociar con las farmacéuticas para igualar los precios en EEUU con los más bajos pagados en otros países y, si no hay acuerdo, imponer regulaciones, facilitar importaciones y sancionar prácticas anticompetitivas. Pero esta simplificación ignora que la disparidad en precios es producto de la compleja interacción entre los factores que hemos mencionado. Si a esta medida se agrega la imposición de aranceles, aumentarían los costos logísticos y operativos, encareciendo los precios para los consumidores y difícilmente va a asegurar precios justos, en un país con altos niveles de enfermedades crónicas: casi la mitad de los adultos sufren enfermedades cardiovasculares, un 10% tiene diabetes, 46% es prediabético y cerca del 40% será diagnosticado con cáncer en su vida.

Pero nada de esto es nuevo, hablamos de una crisis coyuntural de precios que forma parte de un sistema estructurado que se fisura. Desde que en la primera mitad del siglo XX se estableciera el estándar médico alopático (construyendo más de 600 hospitales en 50 países bajo el modelo Rockefeller, 1913) y se marginara la medicina tradicional (Informe Flexner, 1910), se consolidó la hegemonía de una industria farmacéutica ligada al capital petroquímico, a un sistema médico centralizado y a personeros del gobierno corporativo comprometidos con el capital privado. Este legado explica en gran medida la estructura actual del mercado farmacéutico estadounidense y las contradicciones que la orden ejecutiva no aborda.

Trasladar un concepto diseñado para relaciones comerciales internacionales al ámbito interno de regulación de precios farmacéuticos, es una reinterpretación unilateral del principio de Nación Más Favorecida que se dirige a empresas privadas para imponer una supuesta igualdad de precios con los mercados extranjeros sin negociación bilateral ni reciprocidad, lejos de las prácticas habituales en el derecho comercial internacional. El problema de la unilateralidad en relaciones internacionales hace que los países afectados con economías más vulnerables, queden obligados a subir sus propios precios, afectando la accesibilidad y sostenibilidad de sus sistemas de salud pública. Además, la medida podría generar disputas legales internacionales, competencia desleal, presión para modificar estructuras de precios y producción, poniendo en riesgo la disponibilidad de medicamentos esenciales, afecta la cooperación internacional en salud y la posibilidad de mejorar las dinámicas de los mercados farmacéuticos a nivel mundial.

Hay un principio jurídico que dice que la justicia no puede derivarse de lo injusto “ex iniuria ius non oritur“