El Norte Global vive de las rentas intelectuales

A pesar de sus rápidas innovaciones tecnológicas, el Sur Global sigue atrapado en regímenes de propiedad intelectual dominados por el Norte Global: rentas infinitas con patentes y licencias, que lo despojan de su riqueza y frenan su desarrollo.

 Vijay / Instituto Tricontinental de Investigación Social.

La cifra en el gráfico anterior, basada en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), no es una exageración. A pesar de la creciente capacidad tecnológica e industrial de los países del Sur Global, las corporaciones y Estados del Norte Global siguen siendo dueños de las patentes de propiedad intelectual sobre productos clave, condenando al Sur a regímenes indefinidos de pagos por este concepto. Estos incluyen pagos por patentes para productos farmacéuticos, tecnologías digitales (como licencias de software e infraestructura de telecomunicaciones) y agricultura (como semillas genéticamente modificadas, fertilizantes, pesticidas y equipos). Los avances científicos y tecnológicos se han acelerado en el Sur Global y varios países —sobre todo en Asia— han desarrollado trenes de alta velocidad, tecnologías verdes e infraestructura de telecomunicaciones. No obstante, incluso en estos rubros, la mayoría de los países siguen pagando altas rentas a empresas del Norte Global dueñas de patentes críticas.

Existen cinco sectores en los que el desequilibrio en los pagos relacionados con patentes es más grave (es decir, donde los países del Sur Global pagan significativamente más en regalías y derechos de licencia de lo que reciben a cambio):

1. Farmacéutica. Las patentes de medicamentos están mayoritariamente en manos de empresas de Europa, Japón y Estados Unidos. Un ejemplo reciente del alto costo para acceder a tecnologías médicas esenciales fue la importación de vacunas de ARNm durante la pandemia de COVID-19. Varios países del Sur Global, como Sudáfrica e India, enfrentaron demoras y costos inflados en la adquisición de vacunas debido a restricciones de patentes y escasa transferencia tecnológica. (Sudáfrica finalmente optó por comprar vacunas a los productores genéricos de India, como Cipla y el Serum Institute, lo que permitió al país ahorrar aproximadamente 133 millones de dólares en tres años).
2. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Cada componente de las TIC, desde el software y el hardware hasta los semiconductores y las redes móviles, cuesta una fortuna a los países del Sur Global. Esto no se debe solo al precio de los productos físicos, sino también a las elevadas tarifas de licencias por las tecnologías subyacentes, que a menudo están controladas por consorcios exclusivos de patentes (grupos de empresas que gestionan y licencian conjuntamente patentes esenciales).
3. Maquinaria industrial y tecnologías de manufactura. Las patentes de máquinas de control numérico computarizado (CNC), herramientas automatizadas para manufactura de precisión, robótica y otros equipos de precisión (claves en sectores automotriz, minero y textil) son propiedad mayoritaria de empresas del Norte Global. En consecuencia, los países del Sur Global que buscan industrializarse deben importar estas tecnologías y pagar derechos de licencia permanente, en lugar de desarrollarlas o producirlas localmente.
4. Biotecnología agrícola. Un pequeño grupo de empresas —como DuPont, Monsanto (Bayer) y Syngenta— controla las principales biotecnologías agrícolas, incluidas las de fertilizantes, semillas genéticamente modificadas y pesticidas, todas distribuidas mediante costosos acuerdos de licencia. Este control monopólico no solo limita la capacidad de las y los agricultores del Sur Global para acceder o desarrollar alternativas, aumentando su dependencia de empresas extranjeras y elevando los costos de producción, sino que también socava la soberanía de las semillas y contribuye a la degradación ambiental mediante prácticas como el monocultivo, el uso excesivo de productos químicos y la pérdida de biodiversidad.
5. Tecnología verde. Las principales innovaciones en sistemas de baterías, paneles solares y turbinas eólicas están protegidas por patentes que, en su mayoría, pertenecen a empresas del Norte Global, lo que impide la transferencia tecnológica. Como consecuencia, los países del Sur Global deben pagar tarifas de licencia exorbitantes para adoptar estas tecnologías, lo que limita su capacidad de desarrollar sistemas energéticos sostenibles de manera autónoma.

Estas desigualdades se deben en gran parte al control monopólico de las empresas del Norte Global sobre las innovaciones y los regímenes de propiedad intelectual, lo que impide a los países del Sur Global construir alternativas competitivas. La falta de capacidad de investigación y desarrollo (I+D) en las economías medianas y pequeñas del Sur Global juega un papel fundamental en la reproducción de estas desigualdades.

Esta falta de capacidad en I+D tiene su origen en un legado colonial que dejó a muchos países del Sur Global con instituciones educativas poco desarrolladas, en particular en las ciencias avanzadas. A ello se suma el patrón de migración neocolonial que empuja a estudiantes talentosos a emigrar hacia el Norte Global en busca de oportunidades laborales. Por último, los Estados del Sur Global no han logrado construir el poder político necesario para desafiar los regímenes internacionales de propiedad intelectual que protegen las ventajas obtenidas por los países y empresas del Norte Global en épocas anteriores.

En 1986, el Norte Global, liderado por Estados Unidos, impulsó la octava ronda de negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), también conocida como la Ronda de Uruguay. Las siete rondas de negociaciones anteriores del GATT se habían centrado principalmente en la reducción de aranceles entre los países del Atlántico y Japón, con escasa participación del mundo previamente colonizado. Pero en la Ronda de Uruguay se modificó la agenda: a cambio de acceder a los mercados del Norte, se presionó a los Estados del Sur para que derribaran barreras a la inversión, la tecnología y los servicios provenientes del Norte, y para que modificaran sus leyes de propiedad intelectual. Durante este período, las ventajas comparativas de las grandes empresas monopólicas del Norte en derechos de propiedad intelectual y servicios comenzaron a generar enormes ganancias.

Lo más relevante es que los borradores para las negociaciones de la Ronda de Uruguay no provinieron de los países que se sentaron a la mesa, sino de grupos misteriosos como la Coalición de Propiedad Intelectual y la Coalición de Negociaciones Comerciales Multilaterales. Resultó que estas coaliciones no estaban compuestas por países, sino por grupos de presión de grandes empresas monopólicas del Norte Global, como DuPont, Monsanto y Pfizer, que impulsaron la revisión del concepto de propiedad intelectual. Antes de la Ronda de Uruguay, las patentes podían otorgarse únicamente al proceso de innovación, permitiendo a otros individuos, empresas y países llegar al resultado final con métodos distintos, incluso mediante innovaciones de ingeniería inversa. La Ronda de Uruguay modificó este principio estableciendo que el producto final en sí mismo sería patentable, garantizando rentas al titular sin importar el proceso utilizado para obtener el resultado. Así nació el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, o Acuerdo sobre los ADPIC (TRIPS, por sus siglas en inglés).

Diez países del Sur Global (Argentina, Brasil, Cuba, Egipto, India, Nicaragua, Nigeria, Perú, Tanzania y Yugoslavia), liderados por Brasil e India, se reunieron para discutir los peligros de la Ronda de Uruguay. Este Grupo de los Diez (G10) advirtió que este enfoque causaría una hambruna tecnológica en el Sur Global, con una transferencia mínima de tecnología a costos exorbitantes y el colapso virtual del desarrollo tecnológico local. Aunque inicialmente pareció que el G10 logró algunas concesiones, la presión ejercida por Estados Unidos fracturó al grupo. En 1989, Brasil e India cedieron y la coalición se disolvió.

El debate se trasladó entonces a los desacuerdos entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre los subsidios agrícolas. Al concluir la Ronda de Uruguay en 1994, el Sur Global aceptó el nuevo y nefasto régimen de propiedad intelectual y las reglas derivadas. El Acuerdo sobre los ADPIC se convirtió en el núcleo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), fundada al año siguiente.

Nueve años después, India, Brasil y Sudáfrica crearon el bloque IBSA, exigiendo exenciones a los derechos de propiedad intelectual y licencias obligatorias para medicamentos esenciales, en particular antirretrovirales para tratar el VIH/Sida. Su esfuerzo logró que, el 30 de agosto de 2003, la OMC flexibilizara temporalmente ciertas obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, permitiendo a los países sin capacidad productiva importar medicamentos genéricos bajo licencias obligatorias. Aunque esto no revirtió la lógica subyacente del Acuerdo (o principio ADPIC), se garantizó un alivio limitado para algunos fármacos. (La promesa de 2003 de las fundaciones Gates y Clinton de reducir el costo de los medicamentos contra el VIH/sida fue, en cambio, una cortina de humo para blindar el marco general del Acuerdo sobre los ADPIC). Este alineamiento inicial entre Brasil, India y Sudáfrica derivó en el bloque BRICS en 2009, tras el inicio de la Tercera Gran Depresión del Atlántico en 2007. Pese a sus iniciativas en salud y tecnología, el BRICS, no ha logrado erosionar el principio ADPIC.

En los años ochenta, varios gobiernos del Sur Global denunciaron lo que más tarde se conocería como biopiratería. Planteaban que muchas de las llamadas innovaciones modernas —sobre todo en agricultura y productos farmacéuticos— tenían su origen en sistemas de conocimientos tradicionales desarrollados por campesinxs y sanadorxs de África, Asia y América Latina. El argumento tuvo poco eco, salvo en casos emblemáticos —como el intento de W. R. Grace de patentar la hoja de neem del sur de Asia, y el de Phytopharm de desarrollar el hoodia, tradicionalmente usado por el pueblo san del sur de África—, la acusación de biopiratería obligó a las empresas a renunciar a sus patentes o compartir sus ganancias. El debate en torno a la biopiratería dio lugar a un tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que exige a las empresas declarar el origen de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales utilizados en sus productos. Sin embargo, en la práctica, este tratado se incumple con frecuencia. Más allá de evidenciar que este tipo de declaraciones no se hacían en el pasado, no ha brindado ganancias sustanciales ni a las comunidades indígenas ni a los países en los que habitan. De hecho, el Acuerdo sobre los ADPIC prevalece sobre las disposiciones de la OMPI y otorga a las empresas amplios márgenes para explotar el conocimiento tradicional.

Reflexionar sobre la biopiratería y las normas de propiedad intelectual que rigen la difusión de las tecnologías verdes me lleva al mundo del poeta y exembajador mexicano Homero Aridjis, cuya obra Selva ardiendo podría servir como advertencia contra esas reglas que asfixian al mundo:

Origen: Observatorio Sudamericano de Patentes : El Norte Global vive de las rentas intelectuales