Producción farmacéutica: recuperar la soberanía

Editorial/La Jornada

En 2008, Felipe Calderón tomó una de sus muchas decisiones devastadoras para México: eliminó el requisito de planta, por el cual se exigía producir dentro del país a las farmacéuticas que quisieran obtener contratos con el gobierno. Como resultado de dicha medida, ya no se necesita fabricar medicamentos aquí para vendérselos al Estado mexicano, por lo que las licitaciones pasaron a estar dominadas por intermediarios, meras fachadas que importan los insumos o los productos acabados, los empacan y se embolsan pingües ganancias, con todas las posibilidades de corrupción abiertas por un esquema en que cualquiera puede volverse contratista sin necesidad de invertir un centavo en el desarrollo de fármacos ni formar parte de la industria farmacéutica más que en el papel.

Puede considerarse incuantificable el daño patrimonial infligido a las arcas públicas a raíz de esa patente de corso para los amigos del calderonato, y es imperativo investigar la relación de esa hornada de falsas farmacéuticas con las redes de intereses envueltas en el sabotaje a los esfuerzos emprendidos en el sexenio pasado a fin de acabar con los abusos en las adquisiciones de insumos médicos.

Sin embargo, en una perspectiva de largo plazo, el mayor daño radica en el desmantelamiento de las capacidades manufactureras mexicanas en un sector cuya fortaleza resulta, nunca mejor dicho, de vida o muerte. En la actualidad, más de 80 por ciento de los medicamentos e insumos médicos utilizados en México son importados. El panorama es tan desolador, que de acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de las 146 ramas de manufactura involucradas en la producción de medicamentos, el país participa principalmente en la del embalaje. En vez de hacer medicinas, se hacen las cajas en que se venden.

En este sentido, es sin duda positivo el impulso a la producción local acordado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y directivos de empresas del sector, el cual se enmarca en el Plan México de fortalecimiento tecnológico y del mercado interno. Es también un paso en la dirección correcta el decreto que establece como criterio central la existencia de plantas de producción nacional en la próxima licitación de compras públicas de medicamentos. No obstante, la experiencia de las décadas recientes advierte acerca de la necesidad de supervisar estrechamente la actividad de la iniciativa privada, pues no es un prejuicio sino un hecho mostrado que ésta siempre actuará en busca de la máxima ganancia posible en el corto plazo, incluso si ello supone pérdidas para el conjunto de la sociedad.

Si bien es cierto que en las condiciones actuales es inevitable la colaboración con las compañías privadas, la soberanía farmacéutica del país sólo podrá recuperarse plenamente con una decidida participación del Estado en la formación de profesionales, la orientación de inversiones a los rubros estratégicos para la salud pública –que no siempre coinciden con los más lucrativos–, la creación de una industria comprometida con las necesidades nacionales y el establecimiento de una cadena de suministro resiliente ante emergencias globales, como la pandemia de covid-19 de hace un lustro, o las veleidades de Washington, que niega el acceso a insumos vitales como arma de guerra contra las naciones que desafían su hegemonía.