Por Carlos Caligari
El gobierno de los Estados Unidos a través de su Informe Especiel 301, realizado anualmente por la Secretaría de Comercio (USTR), expresó su reclamo por el atraso en la concesión de las solicitudes de patentes presentadas por las empresas norteamericanas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina (INPI).
La llegada a ese país del secretario de salud de EEUU, Robert Kénnedy Jr. reforzó la presión sobre el gobierno sudamericano aliado, quien a través de su ministro de “desregulación”, Federico Sturzenneger, realiza las modificaciones en ANMAT e INPI para conceder a las farmacéuticas mayores porciones del mercado comercial y de las patentes de medicamentos.
La cámara de la industria de laboratorios farmacéuticos nacionales (CILFA), quien en la práctica, ha controlado hasta la actualidad esos dos organismos del estado argentino, se resisten a ceder poder y negocios ante el descomunal lobby impulsado desde Washington: el tablero del mercado farmacéutico asciende, según estimaciones conservadoras, al menos a los 8.000 millones de dólares anuales.
La AmCham, CAeMe y Phrma pretenden en sus reclamos ante las autoridades argentinas que el INPI reduzca los plazos de otorgamiento de patentes que actualmente ronda los 7-8 años como consecuencia de la aplicación de las guías de examen de patentes farmacéuticas y biotecnológicas, aplicadas por la Administración Nacional de Patentes de ese organismo estatal. La falta de presupuesto y de recursos humanos (examinadores de patentes) es también uno de los reclamos del lobby estadounidense en el país.
La Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial, representantes legales de las empresas extranjeras ante el INPI, ha realizado a lo largo de los años, un intenso lobby para derogar esas directrices, como así también impulsar la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) – proyecto actualmente en el congreso argentino- y permitir así el patentamiento simultáneo de un mayor número de productos farmacéuticos en varios países al mismo tiempo y menores costos para las empresas extranjeras.
La última línea roja
El Instituto Nacional de la propiedad Industrial (INPI) fue creado junto con la ley de patentes 24.481 del año 1996 y es el organismo de aplicación que se encarga de otorgar o denegar las solicitudes de patentes que las empresas extranjeras (en un 85%) y nacionales (en un 15%) presentan en Argentina.
Según datos publicados por OMPI, el 41% de la solicitudes de patentes de no residentes tienen como origen Estados Unidos y como objetivo extender la protección monopólica de sus productos por encima de los 20 años que conceden acuerdos internacionales sobre patentes.
El interés estadounidense por la apropiación del mercado de los medicamentos y las patentes en su estrategia de MAGA ( Make American Great Again) para la Argentina obliga al gobierno liber-libertario de Milei a un alineamiento automático con las políticas de Donald Trump que augura futuras tensiones tanto en el propio Estado, como en las cadenas de producción y distribución de medicamentos.