¿Propiedad intelectual o crimen organizado?
Por Hernán Garza
La película Morir para sobrevivir[1] es una comedia profundamente crítica sobre el sistema de salud, la propiedad intelectual farmacéutica y las tensiones entre legalidad, humanidad y soberanía. Basada en la historia real de Lu Yong, un arruinado comerciante chino que traficó medicamentos genéricos de la India para pacientes con leucemia denuncia cómo el sistema internacional de patentes, impulsado por la OMC y Novartis, obligó tanto a China como a India a perseguir judicialmente a quienes desafiaron este monopolio, aunque esto implicaba dejar morir a miles de pacientes.
Desde su ingreso a la OMC en 2001, China consolidaba su imagen como una economía responsable evitando conflictos con empresas occidentales, por eso fue orillada por el gigante farmacéutico suizo a combatir el contrabando del genérico indio en su país. Por su parte, India, conocida como la “farmacia de los pobres”, por producir genéricos bajo una ley nacional que prioriza la salud pública por encima de los acuerdos comerciales, enfrentó presiones de EE.UU., Suiza y la UE para reformar la ley de patentes, lo que implicó el cierre o limitación de fábricas de genéricos e imponer barreras comerciales que desalentaron sus exportaciones.[2]
El descontento provocado en China por estas despiadadas acciones convirtió a Lu Yong en un popular héroe involuntario, y no era para menos. Novartis diseñó un tratamiento de por vida contra la leucemia mieloide crónica con base en el medicamento Glivec por un costo mensual de 6,000 dólares. El genérico Imatinib reducía el costo de la terapia a tan solo 200 dólares por mes, permitiendo salvar muchísimas vidas. Cuando la OMC bloqueó las exportaciones de Natco Pharma Ltd, Lu Yong, para no dejar morir a sus pacientes, continúa comprando el genérico en la red de distribución a precio de detallista y absorbiendo las pérdidas con su fortuna, hasta que es arrestado en 2013 por las autoridades chinas.
El discurso de la propiedad intelectual argumenta que las patentes farmacéuticas son necesarias para incentivar la investigación. Pero en realidad las grandes innovaciones médicas se originan en laboratorios universitarios y hospitales públicos, mediante programas estatales de investigación y haciendo ensayos clínicos con la población más pobre, de los países más pobres. Este sistema no incentiva la innovación, sirve para proteger el monopolio de las diez empresas que controlan el 75 % del mercado farmacéutico global, mientras enfermedades tratables siguen matando gente porque no les son rentables.[3]
Durante la pandemia de covid-19 el cártel farmacéutico mostró su rostro más perverso. A pesar de que más del 80 % de los tratamientos médicos se basa en investigaciones financiadas por el Estado, laboratorios privados patentan estos descubrimientos ―como la vacuna ARNm de Moderna, desarrollada con el financiamiento público del Instituto Nacional de Salud de EE.UU.―,[4] pero, ante la crisis sanitaria mundial, se negaron a liberar las patentes, bloqueando la transferencia de tecnología a países con capacidad de producirlas y prolongando innecesariamente la pandemia con las consecuencias mortales y económicas que conllevan.
Si en términos éticos es indefendible tratar la salud como negocio, en términos sanitarios es una amenaza existencial, por lo que debemos poner fin al freno deliberado del desarrollo sanitario de países como México, con la capacidad científica e industrial para producir medicamentos y vacunas. La alternativa es reconstruir nuestra soberanía sanitaria, como China, que ante la movilización y sensibilidad social que despertó el filme Morir para sobrevivir, aceleró las medidas para reducir los costos de los tratamientos contra el cáncer y reformó su estrategia nacional de salud dentro del programa China Saludable 2030.[5]
El caso del contrabandista Lu Yong nos confronta con la incómoda realidad de que la legalidad no equivale a justicia. Cuando las leyes protegen un sistema que sacrifica vidas en favor del lucro, la desobediencia se convierte en un acto de humanidad. En consecuencia, el pasado 3 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una iniciativa nacional para fortalecer nuestra industria farmacéutica como parte del Plan México, reconociendo que más del 65 % de los medicamentos e insumos médicos consumidos en el país son importados. La estrategia —centrada en revitalizar la producción de medicamentos genéricos, crear empleos e impulsar cadenas de valor nacionales— afirma el derecho de México a incidir sobre la salud de su población, tras décadas de destrucción del aparato público y subordinación sanitaria.
Construir un sistema de salud público, gratuito y digno que garantice bienestar físico, mental y social es nuestra obligación, porque si en México no defendemos la salud como derecho, aceptaremos morir en nombre del libre mercado y la propiedad intelectual.
[1] Traducida también al español como «No soy un capo de las drogas» y disponible al momento de la publicación con subtítulos en inglés en @YouTube
[2] MSF pide a Novartis que se retire del juicio en India que amenaza el acceso a medicamentos de millones de personas
[3] ¿Dónde están los fondos para las enfermedades que atacan a mil millones de pobres? | Planeta Futuro | EL PAÍS
[4] En este estudio transversal de 356 medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) entre 2010 y 2019, el gasto del Instituto Nacional de Salud (NIH) fue superior al de la industria.
Origen: ¿Propiedad intelectual o crimen organizado? – El Soberano
