Fiscalía pide 18 años de prisión para Daniel Jadue, creador de las Farmacias Populares, en medio de denuncias de persecución política
La Fiscalía Nacional ha solicitado una condena de 18 años de prisión para el exalcalde de Recoleta y creador de las Farmacias Populares, Daniel Jadue, en un caso que sus partidarios y defensa jurídica denuncian como una persecución política, dirigida a castigar su exitosa gestión municipal y su incidencia como líder social.
Jadue, reconocido nacional e internacionalmente por impulsar innovadoras políticas públicas como las Farmacias Populares —un modelo que permitió el acceso a medicamentos a bajo costo y que fue replicado en múltiples comunas—, enfrenta ahora un juicio que su entorno califica como una “criminalización de la lucha social”.
¿Persecución por su impacto social?
Desde el inicio de las investigaciones, el equipo legal de Jadue ha denunciado un “esquema de persecución jurídica”, tal como lo expone el medio El Siglo en su artículo “El esquema de persecución jurídica contra Jadue: de la A a la Z”. Según este análisis, el caso estaría plagado de irregularidades procesales, uso selectivo de la justicia y una clara intención de dañar su imagen política, especialmente por su rol como figura clave de la izquierda chilena.
“No es casualidad que se busque condenar a quien demostró que es posible hacer políticas públicas al servicio del pueblo, como las Farmacias Populares, que afectaron los intereses de grandes cadenas farmacéuticas”, declaró un vocero de su defensa.
Reacciones: Solidaridad y protestas
Organizaciones sociales, adherentes y parte de la ciudadanía han salido en defensa de Jadue, señalando que el proceso en su contra busca sentar un precedente contra los líderes que promueven cambios estructurales. En redes sociales, campañas con hashtags como #JadueInocente y #NoALaPersecuciónPolítica han cobrado fuerza, mientras se anuncian movilizaciones para exigir un juicio justo.
“Condenar a Jadue es condenar a todos los que creen en una salud pública al servicio del pueblo”, expresó una dirigenta social durante una protesta frente a los tribunales.
¿Qué sigue?
El fallo se espera en los próximos meses, pero el caso ya ha reabierto el debate sobre la judicialización de la política en Chile. Mientras la Fiscalía insiste en la legalidad de su acusación, Jadue y sus seguidores mantienen que se trata de un ataque orquestado para eliminar su influencia y desprestigiar modelos alternativos de gestión pública.
“No me van a silenciar. Seguiré luchando por los derechos del pueblo, como siempre lo he hecho”, afirmó el exalcalde en su última declaración pública.
