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Por Opat
La cámara de industrias y laboratorios farmacéuticas argentinas CILFA lanzó un spot publicitario en el que explica el valor de las patentes de los medicamentos ante el avance de las empresas internacionales que pretenden extender abusivamente por 25, 30 o más años el derecho de patentes en el país, en medio de negociaciones por aranceles de productos que el gobierno de Milei mantiene con Estados Unidos.
Para los laboratorios argentinos, una extensión en el plazo de duración de productos farmacéuticos implica mayores precios y menor acceso de los ciudadanos a los medicamentos al prolongarse el monopolio que garantiza la vigencia de la patente que actualmente es de 20 años pero que empresas farmacéuticas pretenden extender.
Una vez que ese período termina, CILFA destaca que los laboratorios argentinos pueden producir medicamentos de igual calidad y eficacia (genéricos), aunque a menores precios. “Solo en 2023, esa competencia permitió ahorrar más de u$s 2.200 millones, el equivalente al 16% del gasto de medicamentos en farmacias”, se afirma en el video..
La inquietud de CILFA radica en que en el caso de avanzar el acuerdo comercial con el gobierno de Trump, se reforzaría la protección de datos prueba de los estudios clínicos médicos, la revisión de los criterios de patentabilidad para productos farmacéuticos y agroquímicos y la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), entre otros emplazamientos sobre propiedad intelectual que impulsan las empresas farmacéuticas estadounidenses agrupadas en AmCham.
Especialistas locales afirman que actualmente los precios de venta al público en dólares de los medicamentos dispensados en el país se mantienen elevados, para gran parte de la población, en comparación iguales medicamentos en países limítrofes o incluso europeos.
Asimismo aseguran que CILFA no ha realizado los esfuerzos suficientes para disminuir los precios a pesar de ser beneficiados por las políticas llevadas a cabo por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial INPI, desde la sanción por parte del Congreso Nacional de la ley de patentes 24.481.
La confidencialidad de las cláusulas negociadas en Washington pone en tensión la relación del ministro de economía, Luis Caputo, con los principales laboratorios farmacéuticos nacionales que ven peligrar un negocio de al menos 8.000 millones de dólares por año.
