Se trata de Luciana Ferrari y Federico Santich, vinculados a Laboratorios Roche y Profarma S.A. respectivamente, quienes actuaron, según el fiscal, bajo el paraguas de Atchabahián y Calvete, los dos articuladores externos del entramado investigado por la Justicia.

«¿Con ese usuario puedo hacer todo?», se preguntó el 13 de agosto de 2024 Luciana Ferrari en un mensaje que le mandó por chat a Daniel Garbellini. Unos segundos antes, el entonces director de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) le había mandado un usuario y contraseña para operar en el sistema informático de gestión de procesos de compras del organismo, a pesar de no trabajar allí. Este martes, la mujer será indagada en Comodoro Py.

Ferrari no era empleada ni funcionaria de Andis, ni lo fue durante el periodo en el que se investiga lo que habría sido un entramado corrupto de sobreprecios y otros posibles delitos en el marco de la compra de medicamentos para personas con discapacidad. En el momento en el que le dieron acceso al sistema informático del organismo, la mujer trabajaba en el sector privado dentro de Laboratorios Roche S.A.Q.E.I.

Esta situación fue descubierta por el fiscal federal Franco Picardi en las últimas semanas. Sirve como un caso testigo de las decenas de situaciones irregulares que habrían tenido lugar en Andis a partir del desembarco de la gestión libertaria y que ahora están bajo la lupa judicial. «Me voy a poner a auditar a lo loco», escribió la mujer una vez que recibió sus credenciales de acceso al sistema.

Ferrari fue convocada para prestar declaración indagatoria este martes a las 11 de la mañana en el juzgado de Sebastián Casanello. Puede negarse a declarar, declarar sin responder preguntas o presentar un escrito.

En su dictamen del 10 de noviembre, Picardi situó a Ferrari como una operadora externa del organismo que actuaba bajo el paraguas de Pablo Atchabahian. Se trata del ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de Andis durante el macrismo, señalado como uno de los principales articuladores del entramado bajo investigación. Su paso por la gestión pública lo compartió con la mujer citada para este martes, que entre 2018 y 2019 fue directora de Prestaciones Médicas.

En un mensaje incorporado a la causa, Atchabahián le dijo a Garbellini que ella, por Ferrari, «tiene que aportar de afuera (sic). Y si te parece le damos una ayuda también para su compromiso«. Fue en junio del 2024.

Por aquellos días, si bien todavía no le habían dado el usuario y la contraseña para operar en el sistema, el director Garbellini ya le reportaba que «mandé a cotizar abierto a todas (las farmacéuticas) a ver qué hacen. Mañana vemos quién cotiza y cómo, y ahí decidimos». Ella le respondió «dale!».

Tras el dictamen de Picardi con la descripción de ese accionar, se conoció que Laboratorios Roche despidió a Ferrari.

Otra indagatoria

Además de ella, para este martes está convocado Federico Maximiliano Santich, gerente y accionista de la firma Profusión S.R.L. y también vinculado a Profarma S.A. Esta última, de acuerdo al dictamen, habría sido una de las beneficiadas por el «plan que tuvo por fin único la cartelización y el direccionamiento de los pagos» de Andis. De hecho, Profarma S.A. y Génesis S.A. resultaron adjudicatarias del 93,11% de los procesos llamados «acotados» a los que solo accedían un puñado de empresas.

Santich aparece estrictamente vinculado a Miguel Calvete, sindicado -al igual que Atchabahian- como otro de los articuladores externos de las maniobras investigadas. Su caso tiene bastantes coincidencias con el de Ferrari, ya que también tuvo acceso al sistema informático de gestión de Andis a pesar de no ser funcionario del organismo y estar vinculado a farmacéuticas privadas.

Esa situación surgió a partir del análisis de los chats que mantuvo con Calvete e incorporados al dictamen de Picardi. En uno de los mensajes que le mandó al articulador le informó que ya había cerrado la sesión de «LDG». Las iniciales refieren a Lorena Di Giorno, trabajadora de la Andis en el sector de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), quien de acuerdo al dictamen fiscal habría actuado bajo el ala de Calvete desde adentro.

La ronda de indagatorias de esta semana arrancó el lunes con la declaración de Roger Grant, coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de Andis. Picardi lo había ubicado como el «ejecutor directo» de las órdenes de Garbellini en relación con las contrataciones del PACBI.

Según consignaron a Tiempo fuentes judiciales, Grant declaró y contestó preguntas. Dijo que todo lo hacía por orden de Garbellini y que todo lo consultaba con él, con lo cual confirmó la línea que había planteado el fiscal.

Fue el primero en romper una especie de pacto de silencio que se mantuvo durante las primeras indagatorias a los señalados como artífices de la «organización delictiva» destinada a cometer delitos en perjuicio del sector poblacional con discapacidad, como definió el fiscal al entramado descubierto tras la filtración de los audios de las coimas atribuidos al ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, otrora abogado del presidente Javier Milei.

Son 15 las personas llamadas a indagatoria entre exfuncionarios y empresarios. De acuerdo al cronograma al que tuvo acceso este medio, las seis indagatorias que restan están convocadas para el resto de la semana, con lo cual el viernes se espera que finalice el primer desfile de imputados por los tribunales de Retiro.

Spagnuolo y una llamativa pericia

Spagnuolo fue uno de los primeros convocados a declarar y frente a Casanello y Picardi se negó a responder preguntas y se limitó a defender su inocencia. Su defensa, ahora a cargo de los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, busca el sobreseimiento por medio de la anulación de las resoluciones que dieron impulso judicial a la causa y el cuestionamiento al contenido de los llamados audios de las coimas.

Para sustentarlo, los abogados de Spagnuolo presentaron en el expediente un peritaje privado de los audios atribuidos a su defendido. El estudio está firmado por Miguel Ángel de la Torre Guijarro, socio fundador y CEO de la firma Graudio Forensics a la cual se le encargó la pericia de acústica forense. Como conclusión final hay un párrafo que resulta curioso, puesto que no necesariamente acompaña el planteo desestimatorio de la defensa.

Dice que «al tratarse de un audio editado y modificado múltiples veces, y al no disponer de la secuencia completa, no es posible realizar un examen exhaustivo y concluyente de manera inequívoca sobre la autenticidad e integridad del audio objeto de estudio».